Más de 50 organizaciones reclaman al Gobierno la prohibición permanente de cortes de suministros a personas vulnerables
Más de 50 organizaciones sociales, ambientales, ONG y sindicatos han solicitado al Gobierno la prohibición de los cortes de suministros esenciales a personas en situación de vulnerabilidad y la aplicación del principio de precaución, con motivo de la Semana contra la Pobreza Energética, que se celebrará del 17 al 23 de febrero.
Estas entidades –entre otras, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Fridays for Future Madrid, CCOO, UGT, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, la Coordinadora de Vivienda de Madrid/PAH, Marea de residencias o Plataforma Cívica por la Luz de Cañada Real– han remitido cuatro cartas a los Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Vivienda, Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030, expresando su preocupación por la situación de pobreza energética que sufre el país y reclamando medidas a corto y medio plazo.
La principal demanda de las organizaciones es que se garantice el acceso a los suministros básicos como un derecho permanente, no como medida transitoria sujeta a un período excepcional.
Para ello, reclaman la prohibición de la interrupción de los suministros esenciales (energía y agua) por impago, y que se aplique el principio de precaución, tal y como se recoge desde el año 2015 en Cataluña gracias a la Ley 24/2015. Ésta prohíbe a las empresas suministradoras interrumpir el servicio sin consultar previamente a los servicios sociales si en ese hogar hay personas en situación de vulnerabilidad.
En las cartas, las organizaciones firmantes denuncian que las medidas de protección del Gobierno a las personas vulnerables tienen un carácter temporal y reclaman un marco legal estable «que avance en el Derecho a la Energía». También señalan que la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética (2019-2024) solo se ha implementado parcialmente y reclaman cuatro medidas urgentes para este año 2024 y tres medidas a medio plazo.
En cuanto a las medidas urgentes, reclaman que se garantice el acceso a los suministros básicos como derecho, prohibiendo el corte de suministros por impago sin que se haya aplicado el principio de precaución que ya funciona en Cataluña; ampliar y automatizar la concesión del bono social y la creación de una tarifa social accesible; cambiar la regulación para que las comercializadoras de energía que lo soliciten puedan ofrecer el bono social, y crear una mesa de trabajo con las entidades firmantes para la elaboración de la futura Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (2024-2029).
Además, piden al Gobierno central que intervenga en el caso de la Cañada Real, donde más de 4.000 personas, 1.800 de ellas niños, llevan sin suministro eléctrico desde hace más de tres años, y que garanticen el acceso a la energía a su población.
Por otro lado, las medidas que se reclaman a medio plazo son la creación de los mecanismos y programas necesarios para que las personas en situación de vulnerabilidad accedan a las ayudas en materia de renovables, rehabilitación y eficiencia energética; una nueva ley de eficiencia energética que desbloquee procesos de mejora en las viviendas vulnerables e incluir medidas para prevenir y paliar la pobreza energética de verano en la nueva estrategia.
