La Comunidad de Madrid ofrecerá asesoramiento judicial gratuito y atención psicológica a víctimas de ‘okupación’
Tal y como ha dado a conocer la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se podrá recibir de manera inmediata ese asesoramiento jurídico gratuito por parte de los abogados de los colegios de Madrid y de Alcalá de Henares, además de ofrecer atención psicológica gratuita por parte de la Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito de la Comunidad de Madrid, donde se pondrá especial atención a personas de mayor vulnerabilidad.
Así consta en el protocolo de actuación frente a la ocupación ilegal de las viviendas que ha firmado la presidenta con los decanos de los colegios de abogados y procuradores. El documento ha sido rubricado, además de la presidenta, por los decanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón; de Alcalá de Henares, Ángel Llamas, y de Madrid, Alberto García.
Tal y como ha señalado Díaz Ayuso, se estima que en la región hay ahora mismo más de 9.000 casas ‘okupadas’. «Y aunque la Comunidad de Madrid carece de las competencias suficientes para solucionar definitivamente esta lacra, no vamos a ponernos de perfil», ha indicado.
Además, ha informado de que hasta la fecha la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha abonado más de dos millones de euros en ayudas para arrendadores afectados por situaciones de impago o bien por ser víctimas de ‘okupación’ de sus viviendas.
Un nuevo servicio especializado
Para atender estas demandas, el Gobierno regional creará un nuevo servicio especializado sobre ocupación a través del 012 de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, estableciéndose un procedimiento de comunicación con el 112 Ocupación para que las víctimas puedan recibir al instante esta ayuda.
La jefa del Ejecutivo autonómico ha subrayado la necesidad de modificar todas aquellas leyes que impiden a los jueces la expulsión inmediata de los ‘okupas’, devolviéndoles la posibilidad de actuar con carácter urgente en los procedimientos.
«Son síntomas de males profundos, pero no son males de España, de la sociedad española, ni de nuestra Constitución, que son buenas y están sanas. Son males de quienes quieren desde el poder y las administraciones no hacer lo que se debe, con rigor jurídico y respeto por la verdad», ha enfatizado.
Alteración de la convivencia y barrios deteriorados
La presidenta madrileña ha alertado de que, detrás de cada denuncia, hay personas, propietarios que pierden sus casas, «vecinos que ven alterada la convivencia y barrios enteros deteriorados».
«Muchas de esas viviendas finalmente dan cobijo a otros negocios igualmente legales o ilegales, como puede ser la trata de seres humanos o narcopisos», ha añadido. En este sentido, ha trasladado que el Gobierno madrileño va a poner a disposición de los afectados todas las medidas y las herramientas a su disposición porque esto «va de delitos, pero también va de derechos fundamentales».
Desde su puesta en marcha en junio de 2022 hasta el 30 de abril de este año, el teléfono 112 Ocupación ha recibido 4.041 llamadas, periodo en el que 246 ciudadanos han alertado sobre este delito en su propiedad privada, habiéndose podido evitar o proceder al desalojo de su vivienda en 44 ocasiones.
Proteger la Constitución y defender el Estado de Derecho
Por su parte, el decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, se ha mostrado «sorprendido» de que haya que proteger el artículo 33 de la Constitución, además de reivindicar el servicio de representación procesal como «una eficaz herramienta de trabajo».
También ha subrayado que las denuncias por ‘okupación’ han subido más de un 7% en España y detrás de ellas «hay personas que se ven desprotegidas de su derecho a la libertad y a la propiedad».
En la misma línea, el decano del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares ha subrayado que la Comunidad ha incrementado «bastante su esfuerzo» en los servicios de orientación jurídica y espera que las víctimas puedan encontrarse asistidas por los colegios y sus profesionales que le asisten «en el día a día».
Por último, ha tomado la palabra Eugenio Ribón, quien ha asegurado que en su institución son «firmes defensores del Estado de Derecho» y en la democracia basada en el respeto a la propiedad privada.
«El caso de la ocupación es un supuesto en el que ese principio básico de convivencia se ve amenazado. Y aunque pueda parecer lo contrario, es un principio que hay que proteger todavía en nuestros días», ha apostillado.
