Fiscales progresistas se muestran disconformes por la imputación del fiscal general
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha mostrado su «disconformidad y perplejidad» tras la citación por parte del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que declare como imputado el próximo 29 de enero en la causa donde se le investiga por la presunta filtración contra Alberto González amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En un comunicado publicado en la red social X y recogido por Europa Press, la UPF alega que esta imputación supone «criminalizar el funcionamiento normal de la Institución del Ministerio Fiscal» y ponen de manifiesto que los principios de la unidad de actuación y dependencia jerárquica son «el ADN del Ministerio Fiscal y están consagrados en la Constitución», apunta el texto, citando el artículo 124 de la Carta Magna.
En este contexto, los fiscales progresistas consideran que la resolución judicial es «altamente discutible» e «ignora la norma esencial que rige la actuación del Ministerio Fiscal», lo que, a su juicio, supone un «ataque directo a la Institución» y a su «funcionamiento interno en aras a la aplicación del principio de jerarquía y unidad de actuación de la carrera».
Al hilo, la UPF recalca que la dación de cuenta a García Ortiz de los asuntos trascendentes «no es una posibilidad sino una obligación de los fiscales jefes en aras de mantener estos principios de jerarquía y unidad de actuación».
Por otro lado, y en cuanto al relato de hechos en los que se basa la resolución judicial para investigar a la teniente fiscal de la secretaria técnica, Pilar Rodríguez, los fiscales progresistas defienden que no supone otra cosa que «manifestar que la dación de cuentas al superior jerárquico puede ser considerado a partir de ahora un indicio de delito».
Por todo ello, la UPF manifiesta que la resolución judicial del Supremo es «no sólo la falta absoluta de indicios de criminalidad contra las personas a las que se dirige sino además la existencia de sólidos contraindicios que deberían llevar de forma inmediata al archivo de este procedimiento».
