Brasil apuesta por rebajas fiscales a las empresas para atraer inversiones

Brasil con su nuevo gobierno socialdemócrata presidido por el presidente Lula da Silva realiza una gran reforma tributaria para atraer inversiones; el Congreso aprobó la creación de un IVA, que sustituye a más de 3.500 impuestos y estiman que la reforma implica un ahorro anual para las empresas de 28.000 millones de reales.

La Reforma Tributaria aprobada por el Congreso Brasileño es una Enmienda Constitucional que requiere una mayoría especial de 3/5 partes de diputados y senadores, que deben votar 2 veces en ambas cámaras. El núcleo de la reforma es la sustitución de prácticamente la totalidad de los tributos federales por un “Impuesto sobre el valor agregado” IVA, que es el propio de los países avanzados.

Los rasgos principales de este IVA son ante todo una notable ampliación de la base contributiva, de más de 30% con relación a la actual; luego, tiene un carácter no acumulativo con relación a los 3 niveles tributarios que existen hoy en Brasil (federal/estadual/local), que se estiman en más de 3.500 tributos, que incluyen 40 impuestos federales, en tanto que el resto provienen de 25 estados y 5.000 municipios, muchos de ellos superpuestos en forma de cascada.

Lo esencial es que el nuevo sistema implica una extraordinaria simplificación, que representa una caída vertical de los costos que acarrean las empresas. Por eso la reforma implica un ahorro para el mundo empresarial de 28.100 millones de reales por año, e impulsa al mismo tiempo un alza de la economía brasileña de 1,2% anual, con una mejora de la clasificación de la deuda que ha sido realizada de inmediato por Standard & Poor’s, que elevó en la última semana en un grado la nota soberana de la Federación, lo que implica que Brasil se orienta ahora a recuperar el “Grado de Inversión”, que tuvo entre 2008 y 2015.

La reforma tiene un periodo de transición para producir todos sus efectos que concluye, en lo esencial. en 2030, aunque en algunos aspectos continua hasta 2078; y en ese periodo Brasilia se compromete a transferir recursos a los estados y municipios, que llegarían hasta 60.000 millones de reales en 2043; es el precio a pagar por poner término a la puja fiscal permanente entre la Unión y los estados que comenzó en el siglo XIX.

A partir de 2030 las empresas brasileñas tendrán como única obligación la emisión de un documento fiscal electrónico por cada una de sus transacciones, lo cual constituye una novedad absoluta en la historia económica de Brasil.

Un rasgo peculiar de la sociedad brasileña es su elevadísima tasa de bancarización (más de 70% del total); y al mismo tiempo Brasil es el 4° país del mundo por el número de usuarios de Internet. Lo que implica esta emisión masiva de documentos electrónicos es que la cobranza se produce automáticamente y lo mismo ocurre con la compensación en tiempo real del débito y el crédito.

Es un salto a la modernidad de extraordinaria envergadura el que acaba de realizar el Congreso Brasileño; y la mayor ganancia de competitividad/productividad de los últimos 30 años. Equivale ante todo a una mejora notable, prácticamente inmediata, de la competitividad internacional brasileña.

Se puede afirmar que el nuevo régimen tributario tiene una mayor importancia en lo que hace a la presencia competitiva de Brasil en el mundo que a una rebaja de impuestos, a pesar de que la presión tributaria asciende a 38% del PIB, y es la mayor de los países emergentes, incluyendo a China, India, y México.

Las 3 reformas esenciales realizadas por Brasil en los últimos 10 años son, en 1° lugar, la de la Seguridad Social aprobada en 2019, que constituía la principal causa estructural del déficit fiscal crónico brasileño. En 2° lugar hay que sumarle el techo fiscal de 20% del producto aprobado por la Enmienda en 2023, y por último la reciente Reforma Tributaria.

Lo que esto significa es que Brasil ha modificado cualitativamente el proceso de acumulación (ahorro/inversión/ampliación del sistema); y crece ahora sobre la base de la inversión privada en condiciones de estabilidad macroeconómica, lo que otorga a las nuevas inversiones un nivel de productividad 30%/40% superior a las propias de una economía estatal absolutamente cerrada y depresiva como la que experimentó en los 30 años posteriores a la década del ‘80.