Una derecha radicalizada

La derrota electoral ha llevado definitivamente a Feijóo a abandonar ese perfil de derecha moderada, pactista y constitucionalista que ya apenas se sostenía desde la campaña electoral del “Que te vote Txapote”.

La dura realidad de los números en el Parlamento y el permanente desafío interno de los más duros ha empujado a la dirigencia del PP por la senda de la radicalidad.

Las alianzas con los ultras, antes más o menos disimuladas, ya se promueven y escenifican de manera abierta. Y los Aznar y los Ayusos marcan el paso del discurso apocalíptico, el sanchismo ilegítimo, el enfrentamiento territorial y la movilización contra los que rompen España.

No les va a funcionar, pero hará daño, al país, a su gente, y a la convivencia entre españoles.

No les va a funcionar porque los españoles no pueden confiar como alternativa fiable en quien muestra un comportamiento tan errático.

Porque Feijóo ha reclamado una investidura como Presidente, mientras actúa ya como jefe de la oposición. Porque un día se presenta como líder dialogante y pactista, y al día siguiente descalifica como interlocutores siquiera a todos sus adversarios.

Porque una mañana reivindica el “encaje” para resolver conflictos territoriales, y esa tarde secunda las llamadas a la “movilización” contra separatistas y cómplices. Porque en un desayuno presume de pluriliguismo y en el almuerzo posterior manda votar contra el uso de las lenguas.

No han aprendido que Colón impulsó a los ultras, y que cada vez que alimenta el discurso extremista está blanqueando y engordando a los extremistas.

 Les cuesta hacer oposición

A la derecha española le cuesta hacer oposición. Lo suyo es mandar, y cuando los votos les niegan el poder, suelen caer en la tentación de despreciar los votos, negar legitimidad al Gobierno legítimo, y llamar a la movilización para tumbar a quienes han obtenido el favor popular, por las buenas o por las malas.

Probablemente solo Arriola, tristemente fallecido hace poco tiempo, entendió bien cómo hacer política desde la derecha en este país. El discreto gurú de Rajoy siempre fue consciente de que la realidad política y electoral de España es de una clara mayoría a favor de las ideas de progreso social y las identidades territoriales diversas.

Ante tal realidad, desde la derecha no conviene confrontar directamente ni con las ideas de progreso ni con las identidades territoriales diversas. Y mucho menos conviene excitarlas y movilizarlas. Por eso siempre recomendó a su jefe hacer más que decir, y soslayar antes que ofender. Y nunca polarizar al electorado. Por eso los duros de la derecha le llamaban “maricomplejines”.

La encrucijada de los líderes del PP es, pues, permanente: encender la llama para movilizar a los suyos, pero mantenerla controlada para no movilizar a los de enfrente. La polarización extrema solo le funciona a la derecha en territorios como Madrid, donde la izquierda está en proceso de fortalecimiento.

Feijóo perderá la investidura y está perdiendo ya crédito y apoyo social a raudales. La derecha naufragará en la estrategia de la radicalización. Por sus discursos radicales en la escena nacional, y por sus hechos allí donde gobiernan con arreglo a esos discursos machistas, xenófobos, negacionistas y odiadores.

Pero están haciendo daño, y lo van a hacer más. Al país, a los españoles, a la convivencia.

La estrategia del enfrentamiento territorial

La derecha tiene un problema doble en su estrategia territorial. El primero es el de la divergencia con las ideas de la mayoría. Ellos dicen defender la igualdad entre españoles, pero lo que persiguen es la uniformidad, de pensamiento, de identidad, de religión, de lengua. Y la mayoría es partidaria de las ideas plurales y las identidades libres.

El segundo problema es más grave: la derecha utiliza el agravio territorial como activo político y electoral.

Una y otra vez, azuzan el sentimiento de agravio y de odio hacia los territorios supuestamente agraciados por sus adversarios políticos. Cada vez que los votos les sitúan en la oposición, los líderes de la derecha política y sus aliados mediáticos esgrimen falsos tratos de favor del Gobierno progresista a Cataluña y Euskadi.

Tal estrategia les proporciona argumentos para intentar la deslegitimación del Gobierno. Según su relato, para mantenerse en el poder, el presidente socialista de turno proporciona derechos y ventajas a los ciudadanos catalanes y vascos, a costa de los derechos y ventajas de los ciudadanos andaluces, madrileños, extremeños y demás.

Además de mendaz y manipuladora, esta estrategia es profundamente dañina para España, para su Estado y para la convivencia entre españoles.

Estos discursos generan e interiorizan sentimientos de desconfianza y agravio que son muy fáciles de encender y muy difíciles de extirpar. Desde luego, obstaculiza y dificulta el funcionamiento leal y eficaz de nuestro Estado complejo y multinivel, que requiere de unos niveles de coordinación, cooperación y colaboración, incompatibles con el recurso permanente al agravio.

 Las lenguas como arma política

Una constante en este recurso al agravio territorial es el uso de las lenguas como arma política. Ciertamente, no solo la derecha utiliza las lenguas para generar sentimientos negativos hacia el adversario político. También lo ha hecho históricamente el nacionalismo periférico y el independentismo.

El uso y la protección de la lengua es un factor con un alto contenido emocional y, por tanto, susceptible de manipulación. Sin embargo, cada lengua es un patrimonio fundamental para el enriquecimiento cultural y el fomento de la convivencia. Su uso debe ser tan libre como el sentimiento de identificación, apego o afecto.

La derecha española denuncia la supuesta persecución del castellano en Cataluña, en Euskadi, en Baleares, en la Comunidad Valenciana… Cuando la realidad en estos territorios es de un plurilingúismo normalizado y pacífico, casi siempre.

El último episodio de la “guerra de lenguas” lo ha protagonizado el PP a propósito de la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, impulsado por la mayoría absoluta de los representantes de los españoles en esta cámara. Se trata simplemente de que los parlamentarios puedan usar las lenguas oficiales respectivas, tanto en sus intervenciones como en sus escritos.

Por tanto, consiste en trasladar al Parlamento que representa a la sociedad española lo que ya es normal en la propia sociedad española: el plurilinguismo. Pero la derecha presenta tal medida como si fuera un ataque a la lengua común del castellano, o como si tal reforma fuera a imposibilitar el normal funcionamiento del Congreso.

Usar una lengua no equivale a atacar o menospreciar a las demás, evidentemente. Pensar o decir lo contrario es absurdo, y dañino. Y defender a estas alturas del siglo XXI que una institución como el Congreso de los Diputados no será capaz de establecer mecanismos de traducción e interpretación, que ya forman parte de las rutinas en cualquier cita de mediano nivel y en cualquier pyme del país, es sencillamente ridículo.

Es un reto nuevo, claro, y tendrá sus dificultades, como cualquier avance en cualquier otro ámbito social, y no por eso la sociedad renuncia a avanzar.

 Igualdad, pero en serio

 ¿Queda trabajo por hacer en beneficio del objetivo de la igualdad entre españoles? Desde luego. Queda mucha tarea por desempeñar. Pero en esta tarea normalmente no se cuenta con la derecha, salvo en la oposición.

Se trabaja a favor de la igualdad de los españoles con la reforma laboral que estabiliza los contratos de trabajo, y ante la que aún se dan fuertes resistencias en determinados ámbitos empresariales. Y con la subida periódica del salario mínimo, que la derecha económica combate con falsos augurios de paro y pobreza.

La igualdad se logra con instrumentos como la revalorización de las pensiones conforme al IPC, y con la creación del Ingreso Mínimo Vital, y con la financiación suficiente de la dependencia, y con multiplicación de las becas, pero la derecha española se opone una y otra vez.

La igualdad se persigue con la justicia fiscal, haciendo que paguen más impuestos quienes más tienen, quienes más ganan y quienes más esconden, para financiar las políticas de bienestar, pero la derecha defiende las rebajas fiscales, y las amnistías de los propios.

La igualdad se defiende combatiendo el machismo y negando a los negacionistas de la violencia de género, pero el PP pacta y lleva a las instituciones a los machistas y a los negacionistas.

¿Igualdad de los españoles? Sí, pero en serio.