El peligro de negar el franquismo y el nazismo desde las instituciones
La memoria histórica de los pueblos y sus instituciones no es un asunto soslayable o menor. Tampoco lo son las leyes que establecen las responsabilidades de los gobiernos al respecto. Por tanto, no cabe despreciar, orillar o preterir las obligaciones relativas a la memoria por razones de estrategia política o cálculo electoral.
Las instituciones democráticas han de contar con un relato oficial acerca de la historia reciente del pueblo al que representan y gobiernan. Y ese relato debe construirse y mantenerse desde los principios, vigentes en el derecho internacional, de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de actos contrarios a la vigencia de la democracia y los derechos humanos.
La actividad de las instituciones democráticas está condicionada en su día a día por la orientación del relato oficial de memoria establecido tanto en el ordenamiento jurídico como en el orden cultural.
Tan importante es la vigencia, la verdad y la justicia de ese relato oficial, que no podemos permitir que se falsee y se manipule al servicio de intereses espurios. Por eso, el Gobierno de España ha manifestado su voluntad firme de hacer frente a la ola de revisionismo ultra que, de la mano del PP y Vox, amenaza la verdad y la justicia en la memoria democrática de los españoles,
Por ejemplo, resulta imprescindible que el relato oficial de la memoria democrática en España distinga con claridad entre democracia y dictadura, estableciendo que en nuestro país estuvo vigente la democracia constitucional entre 1931 y 1939, así como, desde luego, a partir de 1978. Y ese relato debe establecer sin dudas que el régimen franquista sufrido durante casi cuarenta años fue un régimen dictatorial y antidemocrático.
Si el relato oficial de la memoria colectiva no distingue entre democracia y dictadura o equipara ambas realidades, además de cometer falseamiento de la historia e injusticia flagrante, está debilitando las capacidades de la sociedad española y sus instituciones para valorar, preservar y defender la convivencia democrática vigente.
Por ejemplo también, es importante que la memoria oficial establezca claramente que el alzamiento militar de 1936 constituyó un golpe de Estado antidemocrático contra la legalidad constitucional, y no un episodio más del enfrentamiento entre dos colectivos con legitimidades parejas en un contexto de Estado fallido. Porque, esta segunda versión, además de falsa, facilita el fortalecimiento de movimientos ultras, taumaturgos, falsos salvadores y patrioteros, que en realidad persiguen desestabilizar las instituciones para alcanzar el poder y restablecer aquellas dictaduras negadas.
Defender la memoria democrática desde los principios de la verdad, la justicia y la reparación, no responde a una intención revanchista. No se trata en España, por ejemplo, de sacar las facturas pendientes de los asesinatos, los secuestros carcelarios, los exilios o las persecuciones de miles de demócratas por parte de la dictadura derechista de Franco y algunos de los fundadores del PP y Vox. Se trata de fundamentar nuestra democracia con garantías de solidez, frente a las amenazas de los nostálgicos del franquismo o del nazismo.
Por eso tenemos que mostrar una preocupación seria ante la deriva antidemocrática de los legisladores derechistas en algunas comunidades autónomas, como Aragón, Castilla-León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria… Sus nuevas leyes de memoria en algunos casos, o los proyectos o anuncios de ley en otros, responden claramente al revisionismo falsario del que se advierte en estas líneas.
Las leyes del PP y Vox niegan la denominación de dictadura a la dictadura, equiparando prácticamente los periodos de convivencia constitucional con la vigencia de regímenes totalitarios. Derogan los lugares de memoria y los homenajes a quienes sufrieron persecución y lucharon en favor de las libertades democráticas. Acaban con los mapas de fosas y niegan ayuda pública a quienes pretenden desenterrar de las cunetas a sus seres queridos, asesinados por la dictadura, para darles sepultura digna.
Hay quienes explican la actitud del PP en este negacionismo de la memoria democrática por la presión de Vox. Puede ser. Y también puede ser que unos resulten tan ultras como los otros, y que ya no haya distinción relevante entre ambos. Pero lo que es seguro es que, con estas iniciativas legales, tanto unos como otros están legitimando y dando impulso aquí a esa ola ultra global que amenaza los derechos más básicos y las libertades más elementales de la Humanidad en los cinco continentes.
El caldo de cultivo favorable es el temor a las consecuencias desigualitarias de la globalización, o de la Agenda 2030, como pretenden equiparar algunos. El caldo de cultivo es también la desinformación y el tráfico libre de bulos que acompaña a la transición digital como un daño colateral en progresión geométrica.
Es duro, además, escucharles hacer uso torticero de las palabras más hermosas. En Madrid hablaban de libertad cuando practicaban el latrocinio. Con las leyes de memoria hablan de concordia cuando practican el revisionismo histórico más avieso.
Vamos a proteger la memoria democrática. En defensa propia. Nos jugamos mucho.
