Un año de la Ley Trans: colectivos LGTBI+ señalan aspectos «por reglamentar» y feministas «consecuencias nefastas»
La Ley Trans y de garantía de los derechos LGTBI, que permite que el colectivo pueda realizar un cambio de nombre y sexo en el Registro Civil sin ningún requisito adicional, a partir de los 16 años, cumple este sábado 2 de marzo un año desde su entrada en vigor. Con motivo de su aniversario, colectivos LGTBI+ han señalado que quedan aspectos «por reglamentar» y feministas han denunciado «consecuencias nefastas» de la ley en este tiempo.
Esta ley, impulsada por la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, persigue la despatologización del colectivo al eliminar los requisitos que eran necesarios previamente para acceder a este procedimiento: un diagnóstico médico que acredite una disforia de género y tratamiento hormonal durante, al menos, dos años.
La Ley Trans se aprobó definitivamente en el Congreso el 16 de febrero de 2023 y contó con el voto en contra del PP, Vox, Foro Asturias, Navarra Suma y Ciudadanos (salvo su portavoz de Igualdad, Sara Giménez, que se abstuvo). Además, se abstuvieron los representantes del PDeCAT, la exvicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, el diputado del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, y la diputada del PP Rosa Romero, aunque en este caso fue una equivocación.
La tramitación de la ley estuvo acompañada de polémica desde el principio por la falta de acuerdo entre los socios de Gobierno. Una parte del socialismo, liderada por Calvo, se mostró crítica con el texto, especialmente con la autodeterminación de género y sus consecuencias sobre los derechos de las mujeres.
El PSOE presentó varias enmiendas a la ley, aunque centradas en limitar la autodeterminación de los menores y para endurecer el proceso de reversión de las personas trans, pero en comisión no consiguió el voto favorable de ningún grupo a sus iniciativas y al final decidió no mantener estas propuestas para el debate de la ley en el Pleno.
Los ‘populares’ se mostraron en contra de la norma desde el inicio, de hecho, presentaron una enmienda a la totalidad del texto para que fuera devuelto al Ejecutivo. Además, criticaron durante esta tramitación la urgencia de la misma, con la ausencia de un debate «sosegado» sobre su contenido y el veto de intervenciones de expertos sobre el tema y familias en sede parlamentaria.
«Ha devuelto la dignidad a las personas trans»
La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha señalado en declaraciones a Europa Press que esta ley «ha devuelto la dignidad a las personas trans».
«Desde el año 78 hasta el 87 estuvimos nueve años en el limbo sin poder cambiar el nombre de ninguna manera. En 1987 se produce el primer cambio bajo el requisito de una cirugía genital, que se mantiene hasta 2007. El Estado le puso precio a la identidad durante 20 años. Si quieres el cambio de identidad, de nombre y de género pagas con una cirugía genital, algo que atenta contra la dignidad y los derechos humanos de las personas trans. Y desde 2007 hasta 2023, que se aprueba esta ley, 16 años exigiéndonos como requisito dos años de tratamiento hormonal, lo que supone una esterilización química forzosa. Hemos estado 45 años bajo unas condiciones indignas para reconocer un derecho universal como es el derecho a la identidad», ha explicado.
Además, ha destacado que tiene cuestiones «importantes» como el modelo de la atención sanitaria «que sea un modelo no patológico desde el consentimiento informado y desde la no segregación». También ha apuntado que «hay que celebrar el que se prohíban las intervenciones a bebés o el derecho a la reproducción asistida de las personas trans con capacidad gestante».
En todo caso, tras la aprobación de la Ley Trans, ha indicado la necesidad de «acciones» y «políticas públicas concretas» para el empleo de las personas trans, «para paliar una situación anacrónica de exclusión laboral». «No vale con declaraciones y con brindis al sol», ha apuntado.
Finalmente, Cambrollé ha expuesto que también «es necesario reglamentar el acceso al cambio de identidad de los documentos administrativos que pide el Estado español para las personas trans migrantes».
En la misma línea se ha mostrado la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, que ha asegurado en declaraciones a Europa Press que «aún hay aspectos de la ley por reglamentar que no se han desarrollado».
«Tras el primer año de la aprobación de la ley LGTBI, solo podemos decir que ha sido un año positivo en el que las personas del colectivo han podido ejercer sus derechos, en general, sin ninguna traba, aunque aún hay aspectos de la ley por reglamentar que no se han desarrollado», ha apuntado.
Formación en la administración
En este sentido, ha explicado que la ley, a su juicio, «debe implementar a máximos y las administraciones deben formar a su personal para que nadie encuentre ninguna dificultad a la hora de ejercer sus derechos».
Además, ha subrayado que hubo algunos derechos que se quedaron fuera de la ley, como el reconocimiento de las personas no binarias o algunas edades de las infancias trans.
«Seguimos luchando para conseguir esto pero hoy podemos felicitarnos porque muchas vidas, muchas vidas trans, hoy pueden vivir con su verdadera identidad y eso alivia y hace más felices nuestras vidas», ha celebrado.
Por otro lado, la Ley Trans ha ayudado a que el feminismo se divida, ya que una parte se ha posicionado en contra. Este es el caso de La Alianza Contra el Borrado de Mujeres, que ha indicado en declaraciones a Europa Press que seguirán «luchando» para que se tome «conciencia» de las «consecuencias nefastas» de la ley.
«Desde el movimiento de mujeres, seguiremos luchando para que la sociedad española tome conciencia de las consecuencias nefastas de esa ley, con el horizonte puesto en la derogación de todo el articulado dañino para la infancia y para los derechos de las mujeres», ha asegurado.
Ley «fraudulenta»
En esta misma línea, ha expuesto que «los últimos casos mediáticos relacionados con esta ley ponen de manifiesto que no es garantista, es fraudulenta y que todos los problemas sobre los que alertó el feminismo son una realidad».
«Tenemos ya casos de maltratadores que han evitado una condena por violencia machista después de haber hecho el cambio de sexo legal en el registro; conocemos casos de hombres que tras ese cambio reclaman usar los vestuarios femeninos y sabemos que las solicitudes para modificar el dato registral sexo se han disparado. La gran mayoría son hombres», ha denunciado.
En este sentido, ha lamentado que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, haya sido «incapaz» de dar una respuesta «seria» a las «preocupaciones» que está generando la presencia de varones «transfemeninos» en las categorías deportivas de las mujeres.
Además, la organización ha destacado su deseo de conocer la información «exacta» sobre adultos y menores, mujeres y hombres, que han modificado su sexo registral, y también cuántos han iniciado el tramite y cuántos lo han abandonado.
«Tenemos que lamentar la falta de transparencia de Instituciones Penitenciarias en relación con el número de hombres que están en cárceles de mujeres y el tipo de delito por el que están en prisión. La falta de transparencia no afecta solo a los números del Registro Civil sino también a los centros educativos que han iniciado la transición social de menores (cambio de nombre), un hecho sobre el que no queda ningún registro administrativo por parte del Estado», ha agregado.
