Esperanza Aguirre tendrá que testificar en el jucio por las irregularidades del Campus de la Justicia de Madrid
Es necesario que Esperanza Aguirre comparezca como testigo en el juicio que se llevará a cabo en la Audiencia Nacional por las supuestas irregularidades en el Campus de la Justicia de Madrid. Aguirre deberá declarar junto con el ex consejero Alfredo Prada y otras cinco personas, incluido el comisario Andrés Gómez Gordo, quien fue jefe de seguridad de la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal.
La vista oral está programada para marzo de 2024 en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid). El juicio se extenderá por doce días, comenzando el 4 de marzo y finalizando el 21 del mismo mes, según informa El Confidencial y ha sido confirmado por fuentes jurídicas a Europa Press.
En una diligencia de ordenación emitida por la Sección Primera de la Sala de lo Penal, se establece que Esperanza Aguirre y los demás acusados deberán hacer frente solidariamente a una fianza de 40 millones de euros. El juez encargado de este caso heredó la causa del magistrado instructor anterior, quien decidió que se procediera a un juicio abreviado por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos. Se determinó que los investigados, liderados por Prada, llevaron a cabo acciones fraudulentas para beneficiarse de contratos irregulares en el Campus de la Justicia.
Según el juez instructor, Aguirre y los directivos investigados corrompieron el proceso de adjudicación de contratos del Campus de la Justicia, afectando su funcionamiento y los resultados económicos, y perjudicando los bienes jurídicos protegidos por el delito de malversación de caudales públicos.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a los seis procesados de delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, solicitando una pena de 8 años de prisión para Prada y 6 años para los demás. La Abogacía de la Comunidad de Madrid, por su parte, apunta a delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude a las administraciones públicas y malversación cualificada de caudales públicos.
En cuanto a la responsabilidad civil, el Tribunal de Cuentas se encargará de determinar la cuantía una vez se dicte la sentencia. La Abogacía de la Comunidad de Madrid exige una indemnización conjunta y solidaria por el importe total de los contratos que se habrían adjudicado ilegalmente, que asciende a 40.482.735,78 euros.
