Colectivos feministas reclaman que la protección a víctimas no se rija por criterios económicos en la administración

Varias organizaciones feministas han denunciado que la atención a víctimas de violencia de género no puede estar condicionada por el “precio más barato” en los contratos públicos. Advierten de que, en algunos concursos administrativos, el criterio económico se antepone a la calidad del servicio, lo que pone en riesgo la seguridad y la recuperación de las mujeres afectadas.

Garantías frente a la precarización de recursos
Las asociaciones reclaman que las instituciones prioricen la formación de profesionales, la calidad de la asistencia y la estabilidad de los equipos frente al abaratamiento de costes. Señalan que el apoyo a las víctimas requiere recursos sólidos, continuados y especializados, y que reducirlos a una lógica de subasta administrativa supone un retroceso en la protección de derechos fundamentales.