España insta a Bruselas a no relajar obligaciones medioambientales a empresas por simplificación
El Gobierno ha instado este martes por carta a la Comisión Europea a no relajar las obligaciones medioambientales de las empresas en favor de la simplificación administrativa para evitar poner en riesgo la ambición verde de la UE.
Así se lo han trasladado al Ejecutivo comunitario la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que piden no comprometer los objetivos climáticos del bloque en el nuevo paquete para reducir burocracia previsto para el próximo 26 de febrero.
«Aunque los ejercicios de aplicación y simplificación son indispensables, también lo son unos sólidos requisitos de información sobre el clima», señala la carta dirigida a los comisarios europeos de Transición Limpia, Teresa Ribera; de Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné; de Economía, Valdis Dombrovskis, y de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque.
Así, los ministros han reclamado mantener las obligaciones de las empresas de evaluar el impacto que tiene el cambio climático sobre ellas, como del impacto de su actividad sobre el medio ambiente y la sociedad, en base al conocido como «principio de doble materialidad» incluido en las normas sobre informes de sostenibilidad empresarial para ofrecer a los inversores información precisa y comparable que les permita tomar decisiones informadas.
«Creemos que todas las empresas, incluidas las de esta categoría, deberían estar sujetas a la obligación de informar sobre el clima, aunque de forma proporcionada», indica la carta.
El Gobierno destaca también el reglamento de taxonomía de la UE –que establece la clasificación de actividades económicas sostenibles– como la «piedra angular» del marco de finanzas sostenibles de la UE, con vínculos directos con el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, el Estándar de Bonos Verdes de la UE y la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa y que juntos forman un «sistema interconectado».
En este sentido, Aagesen y Cuerpo piden que la agenda de simplificación refuerce el papel «crucial» de la taxonomía en la movilización de flujos de capital hacia la inversión sostenible, una tarea que creen que puede llevarse a cabo sin reabrir la legislación marco y revisando únicamente los actos delegados que la detallan.
La misiva también subraya la importancia de la directiva sobre la diligencia debida, que obliga a las empresas y matrices con más de 1.000 empleados y un volumen de negocio mundial superior a 450 millones de euros a evitar, poner fin o reducir su impacto negativo sobre los derechos humanos y el medio ambiente.
En definitiva, el Gobierno apunta que «la supresión de determinadas obligaciones existentes no mejoraría necesariamente la competitividad de la UE», y advierten de que, al contrario, «podría enviar una peligrosa señal de retroceso en los valores y ambiciones europeos».
