El gobierno de los acuerdos
El Gobierno progresista de Pedro Sánchez es el Gobierno de los acuerdos, y el pacto alcanzado con el PP para renovar el órgano de gobierno del Poder Judicial lo confirma así.
Se trata del Gobierno de los acuerdos tanto por necesidad como por vocación, ciertamente. Los partidos que conforman el ejecutivo no suman mayoría en el Parlamento, por lo que están obligados a buscar apoyos cada día entre las fuerzas políticas con las que comparten valores y objetivos.
Pero la voluntad de avanzar de la mano de otras fuerzas políticas y otros actores sociales forma parte original e indeleble de este Gobierno, desde su nacimiento mismo. Porque en su conjunto y cada uno de sus miembros son conscientes de que las reformas que funcionan y perduran son aquellas que nacen de los consensos más amplios.
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial es una buena noticia para nuestro país.
Ante algunas de las críticas que se han lanzado en estos días, cabe recordar desde el Gobierno que el pacto se ha firmado con quien se debía firmar, con el principal partido de la oposición. La Constitución establece una mayoría cualificada de 3/5 en el Congreso y en el Senado para elegir a los vocales del CGPJ, y la aritmética parlamentaria hace imprescindible el concurso del PP.
El acuerdo se consultó entre los socios de Gobierno y se suscribió con el PP, para sumar los apoyos necesarios, y que ahora se abre a la consideración de los demás. Ese era el único camino y fue el camino que se recorrió, en aras del interés general.
Es un buen acuerdo para los firmantes y para el conjunto de la sociedad española. En primer lugar, porque acaba con el bloqueo en el funcionamiento de la Justicia, que estaba generando graves problemas de ineficiencia y deslegitimación en uno de los poderes claves del sistema democrático.
En segundo lugar, porque el contenido de las reformas comprometidas y ya en tramitación parlamentaria contribuirán a aportar objetividad y mayor respeto a los principios de mérito y capacidad en los nombramientos del CGPJ.
Y, sobre todo, porque el fin del bloqueo en el Poder Judicial restituye la normalidad en nuestro entramado constitucional, aportando la seguridad y la confianza imprescindibles para afrontar con garantías los retos de presente y de futuro en este tiempo de cambios acelerados.
No sorprende la reacción de los extremos. La ultraderecha busca reventar el sistema constitucional, en coherencia con su nostalgia franquista. Parte de la izquierda se muestra conceptualmente (o estratégicamente) incapaz de llegar a los acuerdos mínimos imprescindibles, aquellos que afectan a las reglas del juego democrático, con quienes es obligado compartir el espacio público y piensan diferente.
Hay quienes han hablado de “gran coalición”, equivocando o tergiversando el verdadero alcance del acuerdo, que se circunscribe a la renovación del CGPJ y la reforma legal limitada que todos conocen.
Sorprenden más algunas de las declaraciones efectuadas por la dirección del PP tras suscribir el acuerdo en Bruselas y registrar en el Congreso la Proposición de Ley pactada. Comparar nuestro Estado Social y Democrático de Derecho con Cuba, especialmente tras acordar una reforma encaminada a su cualificación, resulta chocante, además de incierto.
Insistir en los medios de comunicación en que el acuerdo incluye “la elección de los jueces por los jueces” induce también a la confusión. Ni la literalidad del acuerdo firmado en Bruselas, ni el contenido de la Proposición de Ley registrada en el Congreso afirman tal cosa.
La Disposición Adicional de la PL dice literalmente que el CGPJ, por mayoría de 3/5, elaborará una propuesta de reforma del sistema de elección del consejo “con la participación directa de jueces y magistrados que se determine”, y que después se someterá a la consideración de Gobierno y Parlamento, “para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación”. Nada más.
Y es preciso recordar que el sistema vigente de elección ya propicia la participación directa de jueces y magistrados. De hecho, la renovación pactada no dará comienzo hasta que el Congreso y el Senado reciban certificación del Presidente del CGPJ con los candidatos elegibles.
Pero lo relevante de este momento político es la consecución de un acuerdo largamente esperado y muy positivo para el país.
También es relevante constatar que el Gobierno de España es un Gobierno con vocación clara y capacidad demostrada para los grandes acuerdos de interés general.
Los acuerdos con los interlocutores sociales dieron paso a la reforma laboral que consolida los contratos de trabajo para millones de españoles. Los acuerdos con feministas, con ecologistas, con activistas LGTBI+Q y defensores de los derechos humanos, con la comunidad educativa, han dado lugar a las grandes leyes de iguladad, de lucha contra el cambio climático, contra la discriminación, para instaurar la eutanasia, para la igualdad de oportunidades en la enseñanza…
El PSOE y el Presidente español de Gobierno son también los grandes hacedores de consensos en Europa, para avanzar en derechos y en bienestar, y para frenar a la internacional ultra.
El Gobierno de los acuerdos, porque con acuerdos, desde los acuerdos, se avanza más y mejor.
