Juzgan a la exdirigente de Vox, Cristina Seguí, por difundir un vídeo de dos menores víctimas de una violación grupal

La exdirigente de Vox y presidenta de Gobierna-te, Cristina Seguí, ha defendido que el vídeo que difundió de unas menores víctimas de una agresión sexual cometida por cinco adolescentes menores de 17 años en la localidad valenciana de Burjassot ya había sido publicado en redes sociales y que no desveló ningún dato personal de ellas.

Testigos han asegurado que las niñas podían ser «perfectamente» identificadas en las imágenes, la madre de una de ellas ha relatado la necesidad de tratamiento psicológico que presenta su hija desde entonces y una perito judicial ha descrito cómo una de ellas lamentó en varias ocasiones que le habían arruinado la vida y que ahora «todo el mundo sabía que eran las niñas violadas».

Seguí, que se ha sentado este miércoles en el banquillo de los acusados en el Juzgado de lo Penal número 10 de Valencia, se enfrenta a una pena de cuatro años y medio de prisión por un delito contra la integridad moral y otro de descubrimiento y revelación de secretos con la circunstancia agravante de género, tal y como le reclama la fiscal Susana Gisbert.

También le solicita una indemnización de 15.000 euros y ha subrayado que «llama la atención» que la acusada no niegue «en ningún momento» la autoría de las publicaciones y recuerda que «ninguna persona puede difundir imágenes de menores para exponerles públicamente».

La acusación particular, que representa a una de las víctimas de la agresión sexual a través del letrado Juan Carlos Navarro, eleva la indemnización a los 50.000 euros. Por su parte, la defensa reclama la libre absolución para su representada.

Los hechos se remontan al 19 de mayo de 2022, cuando Seguí publicó en su cuenta de Twitter y en su canal de Telegram un vídeo realizado en directo un día antes por una menor en la que se recogía una conversación de esta y chicas más acerca de una agresión sexual de la que había sido víctima la niña por un grupo de menores.

Este vídeo, que fue inicialmente publicado por la menor en su ámbito privado y de duración limitada por tratarse de una ‘historia’ de Instagram, fue difundido por la acusada con el siguiente texto: «Está todo mal, no es una niña de 12 sino de 15 o 16, el sexo fue acordado y consentido y lo hicieron para hacerse famosas en TV gracias a medios de difusión como vosotros» –en relación a una noticia de Europa Press–.

Ese mismo día, tras la publicación del video, el canal Estado de alarma TV, emitido en la plataforma Youtube, se hizo eco del tuit, emitiendo el vídeo. La acusada afirmó entonces que las menores estaban fabricando una prueba falsa. El vídeo fue eliminado de las redes sociales a requerimiento de la Agencia de Protección de Datos.

Los menores sí fueron condenados por la agresión sexual a las niñas, que sí tenían 12 y 13 años en el momento de los hechos, a entre tres y cuatro años de internamiento por una violación grupal en dos casos; a cinco años de libertad vigilada en otros dos por violación individual mientras que el adolescente menor de 14 era inimputable.

Seguí, que únicamente ha querido contestar a las preguntas de su letrado, ha explicado que una persona que se identificó como la madre de unos compañeros de las menores de este caso le pidió su número de teléfono a través de Twitter para hablar con ella.

Tras dárselo, se puso en contacto con ella y le comentó que había un «escándalo» relacionado con un vídeo publicado por las menores. Se lo mandó, lo visionó y lo editó. Ha señalado que se ven dos caras «pero no sale el dato de nadie» y también ha afirmado que en las imágenes vio una «disonancia» y le resultaba «imposible» que las niñas hubieran sufrido una agresión sexual.

Preguntada, por su opinión tras la sentencia condenatoria a los autores, ha dicho: «Veo la sentencia y escucho a la perito –una psicóloga que ha comparecido en la vista– y creo que es imposible que sean las mismas niñas. Pensé que había una disonancia absoluta. No puede ser que sean las mismas niñas», ha agregado.

«CRIMINALIZARLAS»

Durante la vista ha declarado el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, por ser la entidad que denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos la difusión del vídeo de las víctimas de la violación.

Ha explicado que Seguí publicó en su canal de Telegram y en su cuenta de Twitter un vídeo obtenido de una red social de una de las víctimas de la violación grupal: «Difundió el vídeo en el que las niñas cuentan lo ocurrido y se les puede identificar la voz, la cara y el nombre de alguna o su usuario en la red social». «Luego tergiversa los hechos y les acusa de haberse inventado una violación grupal para hacerse famosas. Lo que hace es criminalizarlas», ha apostillado.

A las niñas, ha añadido, «se les veía e identificaba perfectamente. Sobre todo la voz». Sus mensajes se convirtieron en ‘trending topic’, ha dicho, para agregar que aunque los borró tras ordenárselo la APD «ella se jactaba de haber conseguido su objetivo, una enorme repercusión», ha manifestado.

Por otro lado, ha testificado un abogado que remitió un correo a la Fiscalía de Menores de Valencia en mayo de 2022 en el que adjuntaba varios links a los tuits cuestionados. El testigo se ha remitido a su declaración en instrucción cuando aseguró que había visto imágenes de las menores sin pixelar y que estaba preocupado por ellas.

«Entendía –ha añadido– que no se podían difundir estas noticias tan sensibles de una menor víctima de un delito y de algo que se estaba investigando. Se podía identificar a las menores», ha manifestado.

TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS

Por otro lado, ha testificado en el juicio la madre de una de las menores víctimas de la agresión sexual, que se ha personado como acusación particular en el procedimiento, y ha declarado que su hija se encuentra actualmente en un centro de protección del menor con tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Ha narrado que vio el vídeo en el que aparecía su hija y otras dos niñas al pasárselo «gente conocida»: «Vi a mi hija, a otra niña que también fue víctima y a una amiga de ellas. Se les veía las caras y a una se ponía nombre y apellidos», ha explicado.

La madre, que ha señalado que su hija tenía una cuenta en Instagram privada, con unos 130 amigos, ha afirmado que como consecuencia de hacerse público el vídeo, dejó de asistir a clase y la tuvieron que cambiar dos veces de instituto y trasladarse de localidad. «Habían identificado a mi hija. Sufrió bullying en los dos institutos», ha dicho, y ha narrado episodios de autolesiones y un intento de suicidio que pudo evitar.

«Según me han dicho los especialistas que la llevan en terapia, presenta patrones del trastorno límite de personalidad», ha descrito. Antes de estos hechos ha aseverado que no había tenido ningún problema psicológico y ha afirmado que era una niña «normal». «A raíz de esto su vida ha cambiado totalmente», ha apostillado.

Por último ha declarado como perito una psicóloga del Instituto de Medicina Legal (IML), que ha manifestado que la menor víctima de la agresión y sobre la que se difundió el vídeo vio agravada su situación de salud mental por la violación al publicarse las imágenes.

«Se convierte en un estado completamente disfuncional, se empeoró su estado de salud», ha dicho. Ha añadido que la menor le dijo en varias ocasiones que le habían arruinado la vida y que ahora «todo el mundo sabía que eran las niñas violadas».