España es el país de la UE que menos solicitudes de asilo aprueba, que caen un 4,5% en 2023, hasta el 12%, según CEAR

España es el país de la Unión Europea (UE) que menos solicitudes de asilo aprueba, con un 12% favorables en 2023, lo que supone un 4,5% menos que en el año 2022, según el Informe Anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) sobre la situación de las personas refugiadas en España y Europa.

Así, del documento, presentado este lunes en rueda de prensa, se desprende que España está «cada vez más lejos» de la media europea, que en 2023 se situó en el 42% y que mantiene una tendencia al alza.

En este sentido, CEAR recuerda que España ha registrado el año pasado la cifra más alta de solicitudes de protección internacional de su historia, superando el récord histórico de 2022. Durante el año 2023 se presentaron 163.220 peticiones, lo que supone un incremento del 37,3% con respecto al año anterior. Sin embargo, subraya que la tasa de reconocimiento «es la más baja del conjunto de los Estados miembros de la UE».

Por nacionalidades, los tres primeros países de origen de personas solicitantes de asilo en España fueron, un año más, latinoamericanas (Venezuela, Colombia y Perú), que concentran el 78,7% del total de las peticiones registradas.

Venezuela, por octavo año consecutivo, es el país de origen con mayor número de solicitudes formalizadas, 60.534, frente a las 45.748 formalizadas el año anterior, lo que supone un incremento del 32,32%. En segundo lugar, por sexto año consecutivo, se sitúa Colombia, con 53.564 solicitudes de asilo, frente a las 36.012 del 2022, (48,7%). En el caso de Colombia, de las 16.781 solicitudes resueltas se han dictado 724 resoluciones de reconocimiento de estatuto de refugiado y 12 de protección subsidiaria, lo que supone una tasa de reconocimiento del 4,5%.

«Impredecibilidad» en los mecanismos de cita 

En el informe, CEAR denuncia las «dificultades» que existen en España para adquirir una cita. Así, critica que el volumen adquirido por el derecho de asilo en España «coincide con la poca disponibilidad e impredecibilidad de los mecanismos de cita para formalizar nuevas peticiones, lo que ha llevado a alimentar un mercado irregular de compraventa a costa del estado de necesidad de muchas personas».

Asimismo, hace alusión a las condiciones de «hacinamiento e insalubridad» que sufrieron cientos de personas en las salas de asilo del aeropuerto de Barajas a finales de año, por el «gran aumento» del número de solicitantes de protección internacional.

En este sentido, explica que se generaron demoras «en la formalización de las solicitudes y situaciones de sobreocupación de las salas de estancia», que cuentan con una capacidad total de 156 personas. «A mediados de diciembre de 2023, se encontraban unas 250 personas en esas instalaciones, incluyendo familias con menores, en condiciones insalubres. Las personas solicitantes de asilo vivieron esta situación durante periodos que podían llegar hasta 30 días», subraya.

En esta misma línea, CEAR ve «preocupante» que las medidas adoptadas frente a la «sobreocupación» en Barajas (Madrid) se hayan dirigido a evitar que las personas con necesidad de protección internacional lleguen por vía aérea, exigiendo visados de tránsito aeroportuario, una medida que se ha aplicado a personas con pasaporte de Kenia (desde el 23 de enero de 2024) y de Senegal (desde el 19 de febrero de 2024), precisamente las dos principales nacionalidades de solicitantes en esos momentos.

También destaca la llegada de 56.852 personas migrantes de forma irregular por vía marítima y terrestre a España en 2023, un 80% más que las 31.219 registradas en 2022. El 70% de estas llegadas fueron a Canarias. Al respecto, la organización destaca que la respuesta estatal frente a la situación humanitaria fue «rápida» y se activaron «medidas extraordinarias» como la declaración de emergencia y la apertura de nuevas plazas de acogida en la Península, con la implementación de grandes Centros de Acogida de Emergencia (CAED). Esta respuesta indica que «evitó que se repitieran situaciones de hacinamiento como las que se dieron en 2021 en el muelle de Arguineguín».

En cuanto a las nacionalidades mayoritarias de la ruta canaria en 2023, el informe muestra que destaca Senegal, con más de 17.000 personas, y Marruecos, con aproximadamente 6.120 personas, seguida de Malí (5.560) y Gambia (4.450). Además, expone que también llegaron algunas personas de Guinea y Costa de Marfil.

Igualmente, CEAR apunta que la ruta canaria ha experimentado un «incremento notable» de menores que migran solos. A 26 enero de 2024, Canarias acogía a 5.063 distribuidos en más de 70 dispositivos, un 132% más que el año anterior (2.181). «Para proteger y garantizar los derechos de este grupo de especial vulnerabilidad, se revela insuficiente un sistema de protección que sufre un colapso estructural permanente, así como un alto riesgo de cronificación en la emergencia», asegura la organización.

Respecto al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, señala que «refuerza el control de las fronteras y se centra en impedir que las personas lleguen, expulsándolas lo más rápido posible y sin apostar suficientemente por vías legales y seguras».

En esta misma línea, hace un llamamiento a la ciudadanía y a organizaciones de la sociedad civil para que exijan al Gobierno español que implemente el Pacto de forma «garantista», con el objetivo de «minimizar los riesgos y garantizar los máximos estándares de protección».

«Enormes dificultades» para acceder a vivienda o empleo 

El informe también dedica un capítulo a las «enormes dificultades» para que las personas migrantes y refugiadas accedan en España a derechos como la vivienda, el empleo, la salud o cuentas bancarias, entre otras. CEAR dice que esta situación se «agrava» por «el auge de la discriminación racial, por la falta de reconocimiento de la documentación de solicitantes de asilo y por la baja tasa de reconocimiento de protección internacional».

Por último, CEAR ha elaborado un conjunto de propuestas dirigidas a las autoridades españolas y al conjunto de la sociedad «para que se garanticen los derechos de las personas con necesidad de protección internacional, independientemente de su origen y con pleno respeto al derecho internacional y los derechos humanos».

En este sentido, la organización pide implementar el Nuevo Pacto Europeo de Migración de Asilo de manera «solidaria y garantista» con los derechos de las personas migrantes y refugiadas, así como garantizar el acceso al procedimiento de asilo y mejorar la calidad del procedimiento de protección internacional en España.

Asimismo, solicita ampliar los supuestos de protección internacional, «consolidar y extender» el sistema de acogida; el diseño de protocolos de actuación versátiles y planes de contingencia para la ampliación con carácter estructural de la capacidad del sistema de acogida humanitaria.