El Constitucional mantiene paralizada la protección de algunos núcleos tradicionales de la costa valenciana
El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido mantener paralizada una parte de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana mientras estudia el recurso presentado por el Gobierno central. La medida afecta al régimen previsto para determinados núcleos costeros considerados de especial valor etnológico, una figura con la que la Generalitat buscaba preservar conjuntos de viviendas y actividades tradicionales situados junto al mar.
El conflicto enfrenta competencias autonómicas y estatales
El procedimiento comenzó después de que el Ejecutivo recurriera varios puntos de la norma aprobada por Les Corts en mayo de 2025. El Estado considera que determinadas medidas valencianas pueden interferir en sus competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre, especialmente en cuestiones relacionadas con deslindes, desafectaciones y actuaciones sobre construcciones situadas en primera línea de costa.
El Constitucional suspendió provisionalmente esos preceptos al admitir el recurso en marzo. Ahora ha optado por conservar la cautela sobre el artículo 17 y parte de la disposición final primera, al considerar que permitir su aplicación antes de resolver el fondo podría generar situaciones difíciles de revertir y afectar a actuaciones estatales sobre el litoral.
El inventario autonómico sí podrá seguir adelante
La decisión no supone, sin embargo, la paralización completa de las medidas previstas por la Generalitat. El tribunal ha levantado la suspensión sobre la disposición adicional cuarta, que permite a la administración valenciana elaborar un inventario de terrenos degradados para estudiar posteriormente posibles solicitudes al Estado de modificación del deslinde o desafectación.
Uno de los lugares que ha adquirido especial relevancia en el conflicto es la playa Babilonia de Guardamar del Segura (Alicante). Allí existen viviendas cuyas concesiones fueron extinguidas y sobre las que se habían acordado demoliciones, circunstancia utilizada por el Estado para argumentar las posibles consecuencias de aplicar la regulación autonómica antes de que exista una resolución definitiva.
El pronunciamiento actual es cautelar y no resuelve todavía si los artículos recurridos son constitucionales. Esa cuestión deberá decidirse cuando el tribunal dicte sentencia sobre el fondo del recurso.
