Siete de cada diez españoles asocian la prostitución con violencia, aunque no apoyan penalizar a los clientes
Un 69% de la población en España considera la prostitución una forma de violencia contra la mujer, según datos de un estudio reciente, aunque el 70% rechaza castigar penalmente a los clientes, conocidos como puteros. El resultado refleja una clara contradicción entre el diagnóstico social del problema y el respaldo a las medidas punitivas para combatirlo.
La encuesta muestra que una mayoría reconoce el vínculo entre prostitución, desigualdad y vulneración de derechos, pero al mismo tiempo existe resistencia a trasladar esa percepción al ámbito sancionador. Esta brecha es especialmente visible en el debate público sobre los modelos legislativos, entre quienes defienden la abolición y quienes apuestan por enfoques no punitivos.
Debate abierto sobre el modelo a seguir
Los datos reavivan la discusión sobre qué políticas son más eficaces para erradicar la prostitución y proteger a las mujeres. Mientras sectores feministas abolicionistas sostienen que penalizar la demanda es clave para reducir la explotación, otras voces alertan de posibles efectos indeseados si no se acompaña de alternativas sociales, económicas y de protección para las mujeres afectadas.
El estudio sugiere que, aunque la conciencia social sobre la violencia existe, no hay un consenso claro sobre las herramientas legales para afrontarla, lo que mantiene abierto un debate central en la agenda política y social.
