El Ejecutivo fija un tope a la publicidad institucional para evitar interferencias en los medios
El Gobierno ha aprobado establecer un límite del 35% a la publicidad institucional, con el objetivo de impedir que este tipo de inversión se utilice como un mecanismo de influencia o “compra” de medios de comunicación. Desde el Ejecutivo se subraya que la publicidad pública debe servir exclusivamente para informar a la ciudadanía y no para condicionar líneas editoriales o la viabilidad económica de los medios.
La medida busca reforzar la transparencia y la independencia informativa, estableciendo criterios más claros sobre la distribución de campañas institucionales y evitando concentraciones excesivas de recursos públicos en determinados grupos mediáticos.
Garantías de pluralismo y control
El Gobierno defiende que el nuevo límite contribuye a proteger el pluralismo mediático y a asegurar un reparto más equilibrado de la publicidad institucional. Además, la norma incorpora mecanismos de control y seguimiento para verificar su cumplimiento, en línea con las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales sobre libertad de prensa y buen uso de los fondos públicos.
