El Gobierno aprueba el protocolo para reubicar a 3.000 menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al protocolo que establecerá cómo trasladar alrededor de 3.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia otras comunidades autónomas, con inicio previsto el 28 de agosto. Esta norma, desarrollada tras la reforma legal de marzo, fija criterios concretos como poblacionales y de presión migratoria para distribuir a los jóvenes.
Pasos a seguir y papel de las autonomías
Cada comunidad de origen deberá realizar una entrevista personal a los menores, elaborar un informe social, gestionar su permiso de residencia (si no lo tienen), y coordinar con los territorios receptores. Las autonomías receptoras organizarán el traslado de forma progresiva y podrán contar con apoyo logístico de las fuerzas de seguridad si se niegan a acoger a algunos menores. El Estado financiará todo el proceso a través de un fondo de 100 millones de euros.
Respuesta de las comunidades autónomas
Hasta once regiones —diez gobernadas por el PP y Castilla‑La Mancha— han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional denunciando la obligatoriedad del reparto como una invasión de competencias. Algunas, como Madrid y Andalucía, expresaron su rechazo y se ausentaron de la reunión sectorial, mientras que Cataluña ha confirmado que acogerá a unos 31 menores. El Gobierno defiende la legalidad del protocolo y señala que la participación en él es un deber institucional.
Complemento a la orden del Supremo
Además del protocolo, el Ejecutivo ha aprobado una declaración de emergencia para cumplir la orden del Tribunal Supremo, que exigía asumir la atención de más de 1.200 menores solicitantes de asilo en Canarias. Para ello se habilitarán plazas adicionales con una inversión extra de 40 millones de euros.
