La tragedia de Gaza: crónica de una catástrofe humanitaria sin precedentes
El silencio que precede al amanecer en Gaza ya no existe. Desde el 7 de octubre de 2023, el territorio palestino vive sumido en una pesadilla que ha convertido la franja en el escenario de lo que múltiples organizaciones internacionales califican como genocidio. Más de 57.800 personas han perdido la vida hasta junio de 2025, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, en lo que constituye una de las tragedias humanitarias más devastadoras del siglo XXI.
Los números, sin embargo, apenas logran capturar la dimensión real de la catástrofe. Un estudio independiente publicado en The Lancet estimó que las muertes por lesiones traumáticas podrían alcanzar las 64.260 víctimas solo hasta junio de 2024, lo que implicaría un subregistro del 41% en las cifras oficiales. Si se aplican estimaciones conservadoras de muertes indirectas —causadas por la destrucción del sistema sanitario, la inseguridad alimentaria y la falta de servicios básicos—, el número de fallecidos podría superar las 186.000 personas, según cálculos de expertos internacionales.
Todo comenzó en la madrugada del 7 de octubre de 2023, cuando Hamas lanzó lo que denominó «Operación Inundación de Al-Aqsa». Entre 3.000 y 5.000 cohetes cayeron sobre territorio israelí en apenas 20 minutos, mientras cerca de 3.000 milicianos cruzaban la frontera en una operación coordinada por tierra, mar y aire que acabaría con la vida de 1.195 israelíes y extranjeros, entre ellos 815 civiles.
La brutalidad del ataque marcó un punto de inflexión. Los testimonios recogidos hablan de violaciones, mutilaciones y la quema de familias enteras. Un total de 251 personas fueron secuestradas y trasladadas a Gaza como rehenes, muchas de ellas civiles, incluyendo niños y ancianos. El ataque fue calificado por funcionarios estadounidenses como «el día más sangriento para los judíos desde el fin del Holocausto».
Israel respondió declarándose en estado de guerra por primera vez desde 1973. Lo que siguió fue una campaña militar de una intensidad y destructividad sin precedentes que ha arrasado prácticamente la totalidad de Gaza. Casi todas las viviendas del territorio han sido dañadas o destruidas, mientras que hospitales, escuelas, mezquitas, universidades e incluso cementerios han sido bombardeados sistemáticamente.
«El término «genocidio»en Gaza ha dejado de ser una acusación retórica para convertirse en una determinación judicial preliminar»
La respuesta israelí ha ido mucho más allá de cualquier noción de proporcionalidad reconocida en el derecho internacional. Ciudades enteras han sido niveladas, y la infraestructura civil ha sido deliberadamente atacada en lo que numerosos expertos califican como una estrategia de «destrucción total». El resultado es que Gaza, un territorio de apenas 365 kilómetros cuadrados donde vivían 2,3 millones de personas, se ha convertido en un paisaje lunar de escombros y muerte.
El término «genocidio» ha dejado de ser una acusación retórica para convertirse en una determinación judicial preliminar. En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal judicial mundial, determinó que es «plausible» que Israel esté cometiendo genocidio en Gaza. Esta decisión, histórica por ser solo la segunda vez que un Estado intenta litigar un cargo de genocidio contra otro ante la CIJ, ordenó medidas provisionales inmediatas para proteger a la población palestina.
Amnistía Internacional fue más lejos en diciembre de 2024, concluyendo categóricamente que «Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio contra palestinos en Gaza». La organización identificó actos prohibidos bajo la Convención sobre el Genocidio, incluyendo matanzas masivas, causar daño corporal o mental grave, e infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física del grupo.
Las evidencias que sustentan estas acusaciones son abrumadoras
Las evidencias que sustentan estas acusaciones son abrumadoras. Declaraciones de altos funcionarios israelíes, incluyendo al presidente Isaac Herzog, al ministro de Defensa Yoav Gallant y al ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, han incluido llamados a la «destrucción total» de Gaza y referencias deshumanizantes a los palestinos. Estas declaraciones, en conjunto con los patrones de destrucción observados, llevaron a la CIJ a ordenar a Israel «tomar todas las medidas dentro de su poder para prevenir y castigar la incitación directa y pública al genocidio».
En medio del silencio cómplice de gran parte de la comunidad internacional, España ha emergido como una voz moral distintiva. El gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado una posición valiente que le ha granjeado tanto reconocimiento internacional como represalias diplomáticas por parte de Israel. España se convirtió en el primer país europeo en unirse al caso de genocidio presentado por Sudáfrica ante la CIJ, una decisión histórica que el ministro de Exteriores José Manuel Albares justificó señalando: «Tomamos esta decisión a la luz de la continuación de la operación militar en Gaza. Queremos que la paz regrese a Gaza y Oriente Medio».
La decisión no fue tomada a la ligera. Según encuestas del Real Instituto Elcano, el 78% de los españoles apoyaba el reconocimiento del Estado palestino, una medida que España materializó el 28 de mayo de 2024 junto con Irlanda y Noruega. Esta acción coordinada entre tres democracias europeas envió un mensaje claro sobre la necesidad de una solución política basada en la justicia y el derecho internacional.
Sánchez ha ido más allá en su crítica a Israel. En mayo de 2025, propuso la exclusión de Israel de eventos culturales internacionales como Eurovisión, siguiendo el precedente establecido con Rusia tras su invasión de Ucrania. «No podemos permitir dobles estándares, ni siquiera en la cultura», declaró el presidente español en una conferencia en Madrid. «Creo que nadie se sorprendió hace tres años cuando se pidió a Rusia que se retirara de competiciones internacionales después de invadir Ucrania. Por tanto, Israel tampoco debería hacerlo».
España ha mantenido su rumbo. En octubre de 2024, Sánchez instó a la Unión Europea y a la comunidad internacional a dejar de vender armas a Israel
Esta postura ha tenido consecuencias. Israel ordenó al consulado español en Jerusalén cesar sus servicios a palestinos en Cisjordania como medida «punitiva», evidenciando cómo los principios morales pueden conllevar costos diplomáticos inmediatos. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, acusó al gobierno de Sánchez de ser «cómplice de incitar al genocidio contra los judíos y crímenes de guerra» por reconocer el Estado palestino.
Sin embargo, España ha mantenido su rumbo. En octubre de 2024, Sánchez instó a la Unión Europea y a la comunidad internacional a dejar de vender armas a Israel, tal como hizo España en 2023. Esta posición contrasta marcadamente con la de otros aliados occidentales que han continuado suministrando armamento utilizado en la destrucción de Gaza.
La posición estadounidense revela las tensiones inherentes en mantener una «relación especial» con Israel mientras se enfrenta a una crisis humanitaria de tal magnitud. Estados Unidos ha sido históricamente el principal proveedor de ayuda militar a Israel, proporcionando cientos de miles de millones de dólares en asistencia extranjera. Durante la administración Biden, se observaron intentos de equilibrar el apoyo a Israel con preocupaciones humanitarias. Biden pausó un envío de bombas ofensivas a Israel y estableció ultimátums para mejorar la situación humanitaria en Gaza. Sin embargo, Estados Unidos continuó proporcionando asistencia militar masiva, incluyendo un paquete de 95.000 millones de dólares que incluía 26.000 millones para Israel.
La UE ha iniciado una revisión de su acuerdo de asociación con Israel debido a la situación «catastrófica» en Gaza
El cambio de administración ha marcado una reversión significativa en esta postura. La administración Trump ha revertido las restricciones de Biden sobre asistencia militar, aprobando aproximadamente 4.000 millones de dólares en asistencia militar expedita y derogando las directivas que vinculaban el armamento estadounidense con el cumplimiento del derecho humanitario internacional. «La decisión de revertir el embargo parcial de armas de la administración Biden, que erróneamente retuvo una serie de armas y municiones de Israel, es otra señal de que Israel no tiene mayor aliado en la Casa Blanca que el presidente Trump», declaró el Departamento de Estado.
La Unión Europea ha experimentado tensiones internas significativas en su respuesta al conflicto. La UE ha iniciado una revisión de su acuerdo de asociación con Israel debido a la situación «catastrófica» en Gaza, con una «fuerte mayoría» de ministros de relaciones exteriores apoyando tal revisión. Reino Unido, Francia y Alemania expresaron conjuntamente que el bloqueo de ayuda de Israel es «intolerable» y advirtieron sobre «un riesgo agudo de hambruna, enfermedad epidémica y muerte».
Alemania presenta quizás el caso más complejo dentro del panorama europeo. Los líderes alemanes han afirmado que el derecho de Israel a existir es una «Staatsräson» o principio fundamental del Estado, vinculándolo a la responsabilidad histórica de Alemania por el Holocausto. Sin embargo, esta posición ha generado tensiones internas significativas. Alemania ha detenido efectivamente las nuevas exportaciones de armas de guerra a Israel mientras lidia con desafíos legales, con las aprobaciones cayendo dramáticamente de un promedio histórico a apenas 34.261 dólares en marzo de 2024.
Una de las dimensiones más perturbadoras del conflicto ha sido el uso aparente del hambre como arma de guerra. Un mes después de que la CIJ ordenara «medidas inmediatas y efectivas» para proteger a los palestinos del riesgo de genocidio asegurando asistencia humanitaria suficiente, Israel no logró tomar ni siquiera los pasos mínimos para cumplir. Los datos son escalofriantes: el promedio diario de camiones que ingresaban a Gaza con alimentos, ayuda y medicinas cayó en más de un tercio en las semanas posteriores al fallo de la CIJ: 93 camiones entre el 27 de enero y el 21 de febrero de 2024, comparado con 147 camiones entre el 1 y 26 de enero.
El conflicto de Gaza está estableciendo precedentes peligrosos para el derecho internacional
Para contextualizar esta cifra, antes del 7 de octubre, un promedio de 500 camiones ingresaban a Gaza diariamente, y aun esa cantidad era insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de la población. La destrucción del sistema de salud de Gaza constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario. Gaza tiene el mayor número de niños amputados per cápita en el mundo, una estadística que habla tanto de la intensidad de los bombardeos como de la incapacidad del sistema médico para proporcionar atención adecuada.
UNICEF encontró que el 90% de los niños menores de 2 años y el 95% de las mujeres embarazadas y lactantes enfrentan «pobreza alimentaria severa». Cada día, 10 niños pierden una o ambas piernas, con operaciones y amputaciones realizadas con poca o ninguna anestesia debido al bloqueo israelí. La velocidad y severidad del declive en el estado nutricional de la población en solo tres meses se describe como «sin precedentes a nivel global».
La destrucción sistemática de la infraestructura educativa y cultural de Gaza sugiere un intento deliberado de borrar la identidad palestina. Más de 180 periodistas y trabajadores de medios, 120 académicos y más de 224 trabajadores humanitarios han sido asesinados, cifras que indican un patrón de ataques dirigidos contra la sociedad civil. El Comité para la Protección de Periodistas acusó a Israel de atacar deliberadamente a periodistas que informaban desde Gaza y sus familias.
La continuación de la asistencia militar a Israel por parte de sus aliados occidentales plantea serias cuestiones sobre complicidad en posibles crímenes de guerra. Amnistía Internacional ha señalado que «el fallo sísmico y vergonzoso de la comunidad internacional durante más de un año para presionar a Israel a poner fin a sus atrocidades en Gaza, al retrasar primero los llamados al alto el fuego y luego continuar las transferencias de armas, es y seguirá siendo una mancha en nuestra conciencia colectiva».
La evidencia de que las armas proporcionadas por los aliados son utilizadas en operaciones que violan el derecho internacional es abrumadora
La evidencia de que las armas proporcionadas por los aliados son utilizadas en operaciones que violan el derecho internacional es abrumadora. El presidente Biden reconoció que las armas estadounidenses habían sido utilizadas para matar civiles en Gaza, un reconocimiento que debería haber generado una suspensión inmediata de tales transferencias bajo el derecho internacional.
El conflicto de Gaza está estableciendo precedentes peligrosos para el derecho internacional. La CIJ declaró que la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal, junto con el régimen de asentamientos asociado, la anexión y el uso de recursos naturales. La Corte añadió que la legislación y medidas de Israel violan la prohibición internacional sobre segregación racial y apartheid.
Esta determinación legal, combinada con las medidas provisionales en el caso de genocidio, crea un marco jurídico que debería obligar a la comunidad internacional a actuar. Sin embargo, la respuesta es mayormente retórica, lo que plantea interrogantes fundamentales sobre la efectividad del sistema de derecho internacional cuando se enfrenta a violaciones masivas cometidas por aliados estratégicos de las potencias dominantes.
La posición valiente de España, liderando el reconocimiento del Estado palestino y uniéndose al caso de genocidio, ofrece un modelo alternativo de diplomacia basada en principios
La crisis de Gaza representa más que un conflicto regional; es un espejo que refleja las contradicciones fundamentales del orden internacional contemporáneo. La capacidad de un Estado de violar sistemáticamente el derecho internacional mientras mantiene el apoyo de las democracias occidentales expone la fragilidad de los principios que supuestamente gobiernan las relaciones internacionales.
La posición valiente de España, liderando el reconocimiento del Estado palestino y uniéndose al caso de genocidio, ofrece un modelo alternativo de diplomacia basada en principios. Sin embargo, tales posiciones siguen siendo minoritarias en un sistema internacional en el que dominan consideraciones geopolíticas más que por imperativos morales. La tragedia de Gaza también ilustra cómo el trauma histórico se puede instrumentalizar para justificar nuevas atrocidades. El horror del Holocausto no se puede invocar para legitimar actos que, según múltiples organizaciones de derechos humanos y expertos legales, podrían constituir genocidio contra otro pueblo.
Gaza se ha convertido en el laboratorio de los límites de la tolerancia internacional hacia la violencia estatal. La estimación de que hasta 186.000 muertes podrían ser atribuibles al conflicto actual en Gaza representa una catástrofe humanitaria de proporciones históricas. La historia juzgará no solo a aquellos que perpetraron estos actos, sino también a aquellos que los facilitaron a través de su silencio, su complicidad o su apoyo activo.
España ha demostrado que es posible mantener principios morales incluso cuando esto conlleva costos diplomáticos. Su liderazgo en el reconocimiento de Palestina y su participación en procedimientos legales internacionales ofrece un rayo de esperanza en un panorama internacional marcado por el pragmatismo amoral. En este momento crucial, el silencio no es neutralidad; es complicidad. Y la complicidad, cuando se trata de posibles crímenes de lesa humanidad, convierte a los cómplices en participantes de la tragedia que pretenden ignorar.
