Consumo obligará a las empresas a explicar cómo usan los algoritmos para personalizar sus precios y la publicidad
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este viernes que el Gobierno regulará los algoritmos que utilizan las empresas para personalizar precios y publicidad.
Así lo ha manifestado Bustinduy en el acto Derechos de las personas consumidoras y usuarias en el ámbito digital celebrado en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras.
De este modo, el Gobierno obligará a que los parámetros que usan estos algoritmos «sean transparentes y accesibles para las personas consumidoras». Además, el ministro ha avanzado que se prohibirá que cualquiera de estos parámetros sea discriminatorio o explote situaciones de urgencia o necesidad.
Por otro lado, las empresas no podrán variar los precios que se personalicen de forma automática durante todo el proceso de compra, con el objetivo de evitar que las personas consumidoras sientan la presión de tomar decisiones apresuradas por la incertidumbre de las variaciones.
De esta manera, desde Consumo se pretende facilitar información útil a las personas consumidoras para que eviten posibles prácticas discriminatorias o engañosas. También se busca una mayor concienciación sobre el uso de datos personales y un mayor control sobre la privacidad.
Para ilustrar qué supondrá la regulación anunciada por el ministro Bustinduy se hará uso de un ejemplo, en este caso de un servicio de transporte por coche que fija los precios de forma dinámica, es decir, con precios que varían. En este supuesto, la empresa que ofrece este servicio tendrá que ofrecer una información clara al usuario de cómo se ha formado el precio que se le muestra.
El usuario podrá conocer en base a qué parámetros se ha fijado ese precio, si ha sido por la distancia hacia el destino, por la hora del viaje, por la frecuencia con la que realiza ese trayecto o por la concurrencia de eventos masivos en la ciudad en la que se encuentre.
Además, se prohibirá que el precio del viaje se fije por razones discriminatorias, como, por ejemplo, que la persona usuaria tenga una discapacidad, o por su perfil racial. El precio tampoco se podrá fijar en base a una situación de emergencia o de necesidad para el usuario, como que le quede poca batería en el móvil, por ejemplo.
Estas medidas continúan el trabajo realizado por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo durante la dana del pasado mes de octubre que causó importantes daños en buena parte del país, especialmente en la Comunidad Valenciana. En esa ocasión, el departamento que lidera Bustinduy prohibió que la personalización de precios derivara en incrementos de precios cuando se producían picos de demanda en contextos de urgencia, riesgo o necesidad.
«Ningún modelo de negocio puede sustentarse sobre la vulneración de derechos», ha declarado el ministro, al tiempo que ha añadido que «resulta necesario democratizar las relaciones económicas, construyendo alternativas, con el objetivo de llegar a tener intercambios justos, transparentes y en igualdad de condiciones».
Por otro lado, el ministro ha puesto el foco en las relaciones de consumo que se establecen en los entornos digitales, insistiendo en que debe garantizarse la transparencia dentro de este ámbito y el derecho de las personas consumidoras a una información clara y veraz.
