Vivienda, pero en serio
Cada vez que arrecia una necesidad social, surgen dos tipos de obstáculos para su atención debida. Primero, los que hacen negocio de la necesidad, en beneficio propio. Segundo, los que convierten la necesidad en instrumento político, para el beneficio propio también.
Tan dañinos resultan unos como otros. Los primeros, porque reservan la solución tan solo para los más fuertes. Los segundos, porque complican, retrasan y, a veces, hasta impiden la solución.
El acceso a una vivienda digna se ha convertido en una necesidad apremiante para buena parte de la sociedad española. Y los obstáculos de siempre se han hecho ver de inmediato. Los especuladores del ladrillo caro y los especuladores del discurso barato.
Pero lo que necesitan los jóvenes y las familias españolas son soluciones de interés general, y no especulaciones de interés propio.
La ministra Isabel Rodríguez ha tomado el camino de las soluciones desde el día de su nombramiento. Consciente de la envergadura del desafío y de lo limitado de sus competencias, adoptó dos decisiones rápidas: impulsar la primera ley de la democracia que regula el derecho a la vivienda en España, y promover una Alianza de País para aplicarla con participación y garantías colectivas.
La ley está ahí. Un marco regulatorio útil para desarrollar políticas de vivienda valientes y efectivas. Solo que los principales actores llamados a desarrollar esas políticas son, por mandato constitucional, los gobiernos autonómicos. Y la mayoría están en manos de los partidarios de la especulación antes que de la solución.
Por tanto, la Alianza tendrá que establecerse de facto con otros actores mejor dispuestos, desde los Ayuntamientos y las Diputaciones a los agentes sociales y la sociedad civil organizada.
Las tareas ya emprendidas son tres. Uno, promover la construcción de más vivienda pública accesible, preferiblemente para alquiler, y de carácter permanente. Los convenios en marcha son cientos ya, y tienen que ser miles. A ver qué alcalde, por muy de derechas que sea, se queda fuera mientras sus vecinos ven levantarse pisos en el municipio de al lado.
Dos, ayudar a quienes más lo necesitan, por su especial vulnerabilidad. Para alquilar, para comprar, para rehabilitar. Se están invirtiendo millones y millones del Plan de Recuperación, del Plan Estatal de Vivienda, del Instituto de Crédito Oficial. Y hay que seguir haciéndolo, a mayor ritmo si cabe, hasta asegurarnos de no dejar a nadie a la intemperie, sin el cobijo del Estado de Bienestar, que para eso lo levantamos.
Y tres, regular. Porque creemos en el mercado, pero no en el mercado salvaje, sino en el mercado regulado, protegiendo a los débiles y parando a los abusadores. Por eso seguiremos insistiendo en aplicar el Sistema Estatal de Precios del Alquiler. Y seguiremos exigiendo la limitación legal de precios en zonas tensionadas. Y acabamos con las “golden visa”, y regularemos contra los abusos en alquileres turísticos y de temporada.
En vivienda, como en otras políticas, no existen las varitas mágicas. Están las políticas serias, que requieren rigor, esfuerzo, perseverancia, acuerdo, tiempo…, pero que acaban dando resultados. Están también los que subordinan toda política al negocio de unos pocos. Y después están quienes, sabiendo aquello de la política seria, se apuntan a la pancarta impaciente y recetan imposibles bálsamos de fierabrás, intentando sacar algún rendimiento propio del infortunio ajeno.
Nos dijeron que no podríamos hacer crecer la economía mientras sosteníamos el Estado de Bienestar. Y que no podríamos elevar el salario mínimo sin aumentar el paro. Y que reventaríamos la Seguridad Social si nos atrevíamos a subir las pensiones conforme a la inflación. Y que no volvería a haber un presidente constitucionalista en Cataluña. Y aquí estamos. En vivienda también lo haremos.
Por cierto, a mi me gusta mucho más esta Operación Campamento, impulsada por la actual ministra de Vivienda, que aquella Operación Chamartín.
