Izquierda y monarquía
Con motivo de la conmemoración de los diez años del Rey Felipe VI al frente de la Jefatura del Estado en España, una parte de la izquierda ha vuelto a manifestar sus discrepancias respecto a la existencia misma de la institución de la Corona, pieza clave, por otra parte, en el sistema constitucional vigente.
Las discrepancias y las críticas a la Corona son tan previsibles como legítimas por parte de quienes las pronuncian en estos días. La misma Constitución Española que proclama la monarquía parlamentaria garantiza el derecho a la libre expresión e, incluso, prevé mecanismos para la reforma ilimitada de la Carta Magna.
Los argumentos que se utilizan son de naturaleza y alcance muy variados. Se ha dicho que “no habrá democracia plena hasta que no llegue la república”, lo cual equivale a negar injustificadamente tal categoría para el régimen que faculta y protege a quienes pronuncian semejantes palabras.
Se ha declarado que la monarquía es incompatible con el desarrollo de políticas plurinacionales, feministas, ecologistas o de defensa de los servicios públicos, lo cual contradice los méritos autoproclamados por la propia izquierda en los gobiernos constitucionales. Incluso se ha equiparado conceptualmente monarquía y corrupción, lo cual supone un exceso discursivo evidente.
La relación entre izquierda y monarquía no es fácil ahora, ha resultado difícil casi siempre, y ha sido de abierta contraposición y conflicto en muchas ocasiones.
Durante los debates del parlamento constituyente en el año 1978, el socialista Luis Gómez Llorente aseguraba que la izquierda “no cree en el origen divino del poder, ni compartimos la aceptación de carisma alguno que privilegie a este o aquel ciudadano simplemente por razones de linaje, (…) y no aceptamos otra carta de singular retribución que el propio esfuerzo y el mérito”.
Pero inmediatamente añadió que “si en la actualidad el Partido Socialista no se empeña como causa central y prioritaria de su hacer en cambiar la forma de Gobierno es en tanto puede albergar razonables esperanzas en que sean compatibles la Corona y la democracia”.
En el mismo tiempo y en sentido parecido, Santiago Carrillo, entonces secretario general de los comunistas españoles adujo que “la realidad no se corresponde siempre al ideal imaginado, y si ahora pusiéramos sobre el tapete la cuestión de la república correríamos hacia una aventura catastrófica en la que, seguro, no obtendríamos la república, pero perderíamos la democracia. En aras de la democracia, votamos a favor de la monarquía”.
La tradición de la doctrina socialista respecto a la forma de Estado en España la define bien el histórico dirigente Indalecio Prieto, cuyo pensamiento recogió asimismo Felipe González durante la Transición Democrática. El PSOE se ha declarado tradicionalmente “accidentalista” al respecto. Mientras la monarquía no respetaba la democracia, el PSOE no respetaba la monarquía. Con la Constitución de 1978, monarquía y democracia coinciden, con pleno apoyo de los socialistas.
Tres argumentos merecen la pena contemplar desde la izquierda en este tiempo histórico. El pacto constitucional, que proclama el Estado Social y Democrático de Derecho, constituye una gran conquista histórica para todos los españoles, especialmente para quienes creen, reivindican y necesitan de las políticas progresistas. La monarquía es parte fundacional y sustancial del pacto constitucional. Sin monarquía no hay pacto constitucional.
La monarquía, por otra parte, es una institución del Estado, una de las instituciones principales del entramado constitucional. A la izquierda le importa la vigencia, el respeto y el afianzamiento de las instituciones del Estado, porque son las que garantizan el ejercicio de los derechos y las libertades de las mayorías trabajadoras.
La derecha y los grandes patrimonios no necesitan de las instituciones para hacer valer sus intereses. Y si la izquierda quiere respeto para las instituciones estatales del Gobierno, de las Cortes Generales, de los partidos, de los sindicatos, etc., ha de reconocer y reivindicar el mismo respeto hacia las demás instituciones, también la Jefatura del Estado que la Constitución atribuye a la Corona.
El artículo primero de la Constitución, incluso antes de aludir a la forma política de la “Monarquía parlamentaria” en su punto tres, establece en el punto dos que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. En nuestro ordenamiento constitucional, la monarquía no sustrae parcela de poder alguno al pueblo soberano, ni se convierte en una institución gubernamental. Su papel es simbólico, arbitral, moderador y representativo.
¿Cuál es la pregunta relevante para la izquierda? ¿Con qué forma de Estado cabe desarrollar los programas políticos progresistas que obtengan el favor de la ciudadanía en las urnas? ¿Cabe ejercer tales planes en el marco de esta Constitución y la forma monárquica que mandata? ¿Existe algún obstáculo atribuible a tal forma? Las respuestas a estas preguntas son evidentemente favorables a la vigencia constitucional.
No ayuda, desde luego, la actitud de parte de la derecha española, tendente a veces a la patrimonialización excesiva de la Corona, como hace también con otros símbolos comunes, como la bandera o el himno. En el afán de dañar a sus adversarios políticos, hace flaco favor a la institución cuyo servicio, compromiso y deber pasan por representar a todos los españoles y españolas.
Hace unos días, en un acto en la sala Constitucional del Congreso de los Diputados, el rey Felipe VI, dejando a un lado su discurso escrito, reconoció ante los presentes que “hacer uso de la palabra en la casa de todos los españoles impone”. El verbo que utilizó, “imponer”, en ese contexto y con tal espontaneidad, constituye buena muestra de que el monarca actual ha interiorizado cabalmente la función que el pueblo español le otorga y la Constitución le ordena. Estos diez años, en consecuencia, han sido de una gestión correcta y respetuosa, a pesar de las dificultades.
La izquierda puede y deber mantener sus referencias tradicionales en el mundo de las ideas. En el mundo del espacio público compartido que organizamos cada día para asegurar la convivencia de los españoles en paz, en democracia, con libertad y con igualdad, importa la vigencia de la Constitución y el respeto y cuidado de todas sus instituciones, Corona incluida.
