Redondo quiere que el Pacto contra la Violencia de Género cuente con 20 millones de euros más en los PGE
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado que su intención es que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género cuente con 160 millones de euros en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. Se trataría de 20 millones de euros más que los destinados para 2024 (140 millones de euros).
«Nuestra intención es que en los próximos presupuestos para 2025 lleguemos a la cantidad de 160 millones de euros», ha afirmado Redondo ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias acordadas por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en la que ha comparecido para presentar las líneas básicas de su ministerio.
En este sentido, ha explicado que en la última Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada el 29 de abril de 2024, se aprobó la asignación de 160 millones de euros de fondos para este año 2024 en materia de violencia. En particular, se asignaron 140,2 millones de euros para actuaciones relacionadas con la violencia contra las mujeres con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hasta 2022 esta cantidad era de 100 millones de euros y esta se incrementó hasta los 140 millones de euros en 2023, manteniéndose esta misma cifra en el presupuesto prorrogado 2024. «Debemos seguir reforzando el presupuesto destinado específicamente a erradicar esta violencia», ha recalcado la ministra.
Por otro lado, Redondo ha denunciado «decisiones políticas» en ayuntamientos «que ponen en tela de juicio los avances en igualdad». «Lamentablemente, asistimos con gran preocupación a decisiones políticas y acciones que se están desarrollando en autonomías y ayuntamientos durante el último año que ponen en tela de juicio los avances en igualdad que la sociedad española ha impulsado en los últimos 20 años», ha asegurado.
Aunque ha reconocido que se deben reforzar todos los instrumentos contra la violencia de género, ha destacado que no se puede permitir que se produzcan retrocesos, «ni a nivel político, ni a nivel institucional, presupuestario, formativo o educativo». «No nos lo podemos permitir como sociedad democrática y no nos lo podemos permitir como mujeres. Estamos hablando de nuestras vidas, de nuestra integridad física y moral del respeto a nuestro derecho constitucional y a nuestra dignidad», ha expuestos.
En esta misma línea, ha señalado el «desmantelamiento» de consejerías y concejalías de igualdad en comunidades autónomas y ayuntamientos. Además, como ejemplo ha indicado la eliminación de beneficios a las mujeres víctimas de violencia de género en planes de empleo en el Ayuntamiento de Valencia, así como la eliminación del minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de violencia en La Solana (Ciudad Real).
También ha criticado la supresión de medidas de acción positiva para el acceso al empleo de víctimas de violencia de género en Maracena (Granada) o el «veto» a los actos de reconocimiento del colectivo feminista en celebración del 25 de noviembre en Binéfar (Huesca).
Asimismo, ha hecho alusión a la retirada de los rótulos contra violencia de género en San José (Ibiza), la celebración de charlas negacionistas de la violencia de género en el Ayuntamiento de Segovia o el desmantelamiento de la Red de Mujeres Víctimas de Violencia que ha dicho que está siendo aprobada por la Junta de Extremadura. «Por desgracia, señorías, los ejemplos son muy numerosos», ha añadido.
Igualmente, ha recalcado el caso del Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real) que ha explicado que ofrece a sus vecinas, con cargo a la dotación del Pacto contra la Violencia, actividades para la mujer, que se concretan en cursos de cocina, corte y confección, manualidades, restauración, tapicería, peluquería, telares y estética. «Puede parecer anecdótico, pero es preocupante porque la violencia de género es un problema atávico, estructural, de carácter universal», ha subrayado.
LA VIOLENCIA DE GÉNERO, UN PROBLEMA DE «DIMENSIÓN PÚBLICA»
Además, ha señalado que la violencia de género es un problema que adquiere una «dimensión pública» y que atañe a todos. Así, ha añadido que debe atajarse con «políticas públicas transversales», que debe abordarse de manera «integral» y «por imperativo legal desde todas las administraciones públicas».
«Negar que exista esta violencia, devaluar o confundirla con otras formas de violencia, o cuestionar que tenga un carácter estructural y que constituye un problema radical en nuestra sociedad democrática, supone simplemente dar un paso atrás de veinte años», ha asegurado.
Por otro lado, ha trasladado su «apoyo» a las víctimas de violencia de género, «a sus familias y a su entorno», así como «su más enérgica condena y rechazo a sus asesinos». «Trabajamos con empeño y vamos a seguir trabajando para poder adelantarnos y reducir hasta evitar que se produzcan estos asesinatos machistas. Es esencial castigar a los que cometen estos crímenes, pero también lo es prevenir, proteger y reparar a las víctimas», ha apuntado.
