El Congreso debate mañana la devolución de la Ley de la Oficina de Derechos de Autor de Urtasun
El Congreso debatirá este jueves 13 de junio las enmiendas a la totalidad de devolución planteadas por los grupos Junts per Catalunya y Vox sobre el Proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, uno de los primeros proyectos legislativos del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
Si se rechazan dichas enmiendas, ambas iniciativas continuarán su tramitación en comisión. El propio Urtasun se ha mostrado este miércoles convencido de que saldrá adelante el proyecto y se rechazarán las enmiendas, ya que se trata de una ley que «protege» los derechos de autor.
«Estoy convencido de que habrá un máximo consenso en el Parlamento», ha señalado en rueda de prensa en la presentación del listado de bienes incautados en museos estatales durante la Guerra Civil y el franquismo. Los grupos parlamentarios de Vox y Junts han presentado en el Congreso sendas enmiendas de totalidad contra la Ley de creación de esta oficina.
Las dos formaciones piden la devolución del proyecto en sendas iniciativas que se votará en la Cámara Baja el jueves de la próxima semana. En sus alegaciones contra la Ley se encuentran tanto que no «tiene en cuenta las competencias legislativas» de cada comunidad autónoma, según Junts, como el hecho de que supondrá «un gasto desmedido» para Vox.
Por un lado, desde la formación catalana se recuerda en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press que la creación de la Oficina tiene entre sus fines «la realización de la actividad administrativa que corresponde a la Administración General del Estado en materia de derechos de autor y conexos».
A su entender, el Proyecto de Ley «no tiene en cuenta» el marco competencial de las Comunidades Autónomas o «como mínimo» el que le corresponde a la Generalitat catalana. En este sentido, apuntan a que el Estatuto de Autonomía de Cataluña señala que la competencia ejecutiva en materia de propiedad intelectual corresponde a esta comunidad.
La Generalitat catalana ya dispone del Registro de entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual y entienden que el Proyecto de ley no tiene en cuenta este ámbito competencial ejecutivo «hasta el punto de ni tan siquiera prevenir y delimitar» que el alcance de las potestades administrativas de la nueva oficina debe de establecerse «sin perjuicio de las competencias» que corresponden en esta materia a las Comunidades Autónomas.
Por su parte, desde Vox lamentan en sus justificaciones que el actual Gobierno «es el más caro de la historia democrática» de España y no creen que esta oficina vaya a suponer un ahorro en los gastos, sino al contrario.
Para la formación de Santiago Abascal, el argumento principal que ofrece el Ejecutivo para justificar la creación de un nuevo órgano administrativo, con el gasto que esto lleva aparejado, es la «insuficiencia del marco institucional» español.
«Esta afirmación resulta sorprendente si se tiene en cuenta que todas las funciones que se le atribuirían a la Oficina pueden ser desempeñadas, y de hecho son realizadas, por la Subdirección General de Propiedad Intelectual», han lamentado desde Vox, que califica de «algo oportunista» recurrir al argumento de los efectos económicos y sociales negativos en caso de no salir adelante la propuesta.
«Son precisamente el gasto innecesario y la incompetencia de los poderes públicos a cargo de ciertas administraciones los que generan problemas de todo tipo», han añadido, señalando por ejemplo que el nuevo órgano se crea desde Cultura resaltando la «importancia» de su autonomía presupuestaria.
«Una forma alternativa de impuestos»
Sin embargo, remarca el hecho de que el gasto de la actividad de la Administración en materia de derechos de autor incrementaría en 372.790 euros –pasando de un presupuesto actual de la Subdirección General de Propiedad Intelectual de 2,1 millones de euros a un presupuesto de 2,5 millones de euros- que deberían ser compensados por los ingresos propios de la Oficina.
Para Vox, el hecho de que estos ingresos procederían principalmente de tasas y precios públicos, «al margen de especificaciones jurídicas», supone «una forma alternativa de los impuestos». Además, lamenta que el Gobierno «acabe por reconocer que, en realidad, todos los problemas», salvo la autonomía en la ejecución presupuestaria, se podrían solventar dotando a la Subdirección General de más recursos.
«En definitiva, este Proyecto no contribuye a mejorar el marco institucional en el ámbito de la Propiedad Intelectual y no mejora en modo alguno la regulación existente, además de promover un gasto desmedido e irracional y cuya aprobación acabaría repercutiendo negativamente en la vida de los autores y en la eficiencia del sector público», ha concluido.
