Aldeas Infantiles alerta de que los menores en acogimiento en España han aumentado un 6% en un año, de 48.357 a 51.203
Aldeas Infantiles SOS ha alertado de un aumento en el número de niños y adolescentes en el sistema de protección, que ha pasado de 48.357 a 51.203 en el último año (lo que supone casi 3.000 niños más), que recoge los últimos datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El acogimiento familiar predomina sobre el residencial, si bien este último ha crecido algo más de un 5%, precisa la organización, que lamenta la ausencia de datos estadísticos sobre los grupos de hermanos que crecen en acogimiento y sobre cuántos de ellos permanecen separados. Por ello, reclama más políticas preventivas que aborden las situaciones familiares de riesgo a tiempo de evitar la separación entre padres e hijos.
Según explica Aldeas Infantiles SOS, dicho aumento se debe, en concreto, al incremento del número de niños y adolescentes en acogimiento residencial, que ha crecido un 5,5%, y al de los casos que se encuentran en estudio y tienen una medida de apoyo previa a dictarse la medida protectora más adecuada, un 12% superior al año previo, alcanzando los 17.008.
El acogimiento familiar (52%) predomina sobre el residencial (48%), registrándose 18.177 acogimientos familiares, que descienden un 1,5% respecto al año anterior, y 17.061 acogimientos residenciales.
Al centrarse en los acogimientos familiares según el tipo de familia, se mantiene el predominio de las familias extensas (59%) sobre las familias ajenas, con 10.812 y 7.365 casos respectivamente. En lo referente a la modalidad, los acogimientos permanentes (61%) son los mayoritarios.
En el acogimiento familiar, el reparto por edad es más equitativo que en el residencial: un 18% tiene entre 0 y 3 años; un 14% entre 4 y 6; un 23% entre 7 y 11; un 25% entre 12 y 14; y un 20% entre 15 y 17. También hay una distribución equitativa en cuanto al sexo en todas las edades.
Aldeas Infantiles SOS valora positivamente que los acogimientos familiares sean mayoritarios y, dentro de estos, continúen predominando las familias extensas. «Se cumple así lo estipulado en la Ley del Menor, que señala que, ante la retirada de la tutela de un niño o niña de sus padres, la primera medida de cuidado alternativo recomendada es el acogimiento familiar y, si es posible, en familia extensa, es decir, en aquellas familias que tienen un vínculo de parentesco con el niño o niña», explican desde la organización.
Aumenta el acogimiento residencial
El número de niños y adolescentes en acogimiento residencial ha aumentado un 5,5%. Como en años anteriores, las diferencias por sexo son más notables en esta modalidad de acogimiento que en la familiar, con un predominio de niños y adolescentes de sexo masculino (64%) en todos los grupos etarios: 10.971 frente a 6.090 de sexo femenino.
La mayor diferencia es la registrada en el grupo de 15-17 años, aunque el número de niñas en acogimiento residencial ha aumentado en todos los grupos de edad en lo que parece ser una tendencia continuista. El reparto por edad también es menos equitativo en el acogimiento residencial: un 6% son niños y niñas de entre 0 y 6 años; un 11% de entre 7 y 10; un 25% de entre 11 y 14; y un 58% de entre 15 y 17 años.
En este sentido, según explican desde Aldeas Infantiles SOS, llaman la atención dos aspectos: «El primero, el relativo a las edades más tempranas, ya que la Ley de Protección Jurídica del Menor establece que todos los menores de tres años deberán acceder a un acogimiento familiar y que para aquellos menores de 6 se priorizará también esta modalidad; sin embargo, 557 niños y niñas de 0 a 3 años y 529 de 4 a 6 permanecieron en la modalidad de acogimiento residencial». El segundo aspecto al que hacen alusión es que el 58% de los acogimientos residenciales corresponden a chicos y chicas de entre 15 y 17 años.
En relación a las bajas del sistema de protección, destaca el bajo porcentaje de aquellas motivadas por la reintegración de los niños con sus familias biológicas, que es de un 11% en el caso de los acogimientos familiares y de un 15% en el de los residenciales. El resto de las bajas responden a la mayoría de edad o al paso a otras modalidades de acogimiento. En 2022, fueron 4.366 los chicos y las chicas que salieron del sistema de protección por mayoría de edad.
En relación al total de niños migrantes no acompañados, este asciende a 5.868 y el 95% de ellos está bajo una medida de acogimiento residencial. Suponen el 33% del total de los niños en acogimiento residencial (con un total de 5.557) y tan solo el 2% de los acogimientos familiares (311). El 88% son de sexo masculino (5.184) y el 12% femenino (684).
No hay datos sobre los grupos de hermanos en acogimiento
Un año más, el Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia no ofrece información sobre los grupos de hermanos que crecen en acogimiento y sobre cuántos de ellos lo hacen separados.
La organización recuerda que en cualquier decisión vinculada con la pérdida del cuidado parental debe prevalecer la no separación de hermanos y que es un principio recogido en la Ley de Protección Jurídica del Menor, la Convención sobre los Derechos del Niño y las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños.
Aldeas Infantiles SOS reclama que se priorice que los hermanos en acogimiento permanenzcan juntos y que se destinen mayores recursos financieros y humanos para facilitar su convivencia y para favorecer las relaciones fraternales.
«La separación de los niños y adolescentes de sus familias impacta en el desarrollo de su identidad y en su autoestima, pudiendo provocarles una sensación de desarraigo; por ello, es fundamental que permanezcan junto a sus hermanos y hermanas, lo cual supone un soporte esencial para superar el trauma de la separación, recuperar la confianza, la estabilidad emocional y favorecer su bienestar», explican desde la organización.
Ante el incremento de niños y adolescentes en el sistema de protección, la organización de atención directa a la infancia solicita un aumento de la inversión en las políticas de prevención para apoyar y fortalecer a las familias vulnerables, evitando así la separación de padres e hijos.
«Es esencial implementar medidas que nos permitan intervenir a tiempo y prevenir que las situaciones de riesgo se conviertan en casos de desamparo. Un mayor esfuerzo preventivo reduciría el número de niños y niñas bajo la tutela de las Administraciones Públicas, disminuiría el gasto público y evitaría a los niños el trauma de la separación familiar», señalan.
