España interviene en la Corte Internacional de Justicia sobre las políticas de Israel en Palestina
España intervendrá este lunes por la tarde en las audiencias que desde el pasado 19 de febrero se vienen celebrando en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco de la petición para que esta emita una opinión consultiva sobre las consecuencias legales de las políticas llevadas a cabo por Israel en los territorios palestinos.
Según han informado fuentes diplomáticas, en representación del Gobierno español estarán un representante de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Exteriores, así como de la Abogacía General del Estado y de la Embajada española en La Haya.
El Gobierno ha venido denunciando de forma reiterada los asentamientos israelíes, en línea con la resolución 2334 adoptada en diciembre de 2016 por el Consejo de Seguridad de la ONU. «España considera que los asentamientos en los territorios ocupados por Israel desde 1967 no tienen validez legal y constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional», reza un comunicado sobre la cuestión del Ministerio de Exteriores de noviembre de 2019.
Los asentamientos «son, además, un obstáculo para la solución negociada de los dos Estados y el logro de una paz justa y duradera que atienda las legítimas aspiraciones de ambas partes», añadía. Precisamente, el Gobierno ha defendido desde que se produjo el ataque terrorista de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre que el reconocimiento del Estado palestino es la única vía para una solución al conflicto en Oriente Próximo.
España será el penúltimo de los 52 países que han pedido intervenir en estas audiencias, entre los que han estado buena parte de los países de la UE así como Estados Unidos, China o Rusia. También han tomado la palabra para expresar sus opiniones sobre la cuestión tres organizaciones internacionales –la Liga Árabe, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) y la Unión Africana–.
Resolución con abstención de España
Estas audiencias son el resultado último de la resolución adoptada el 30 de diciembre de 2022 por la Asamblea General de la ONU por 87 votos a favor, 26 en contra –entre ellos los de Estados Unidos y Reino Unido– y 53 abstenciones –entre ellas España así como otros países europeos como Francia, Grecia o Suecia–.
El texto pide a la CIJ que «emita una opinión consultiva» en base a «las normas y los principios del Derecho Internacional», incluida la Carta de Naciones Unidas, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos así como las resoluciones tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos.
Más en concreto, quieren que el órgano judicial se pronuncie sobre las «consecuencias jurídicas que se derivan de que Israel continúe violando el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, de sus prolongados actos de ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967» tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este.
Asimismo, se pide su opinión sobre «cómo afectan» estas políticas y prácticas de Israel «al estatuto jurídico de la ocupación y qué consecuencias jurídicas se derivan de ese estatuto para todos los Estados y para Naciones Unidas».
Después de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, transmitiera por carta a la CIJ la petición de opinión consultiva de la Asamblea General el 17 de enero de 2023, se abrió un plazo para que todos lo países que lo quisieran, incluida la Autoridad Palestina que tiene estatus de observador, hasta el 25 de julio de ese año para presentar declaraciones escritas.
A continuación se abrió un segundo plazo hasta el 25 de octubre para presentar comentarios escritos a las declaraciones hechas por otros estados. Tanto las declaraciones escritas como los comentarios son documentos secretos a menos que la CIJ finalmente decida hacerlos públicos durante o después de la apertura de las audiencias orales. Una vez concluyan dichas audiencias, la corte se retirará a deliberar y posteriormente dará a conocer su opinión en audiencia pública.
Las audiencias que se cierran esta lunes nada tienen que ver con la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por la posible comisión de genocidio en su actual ofensiva militar en la Franja de Gaza, en virtud de la cual la CIJ dictó medidas preliminares el pasado 26 de enero.
