El caso Assange vuelve a los tribunales británicos con la extradición como amenaza pendiente
El futuro de Julian Assange será sometido de nuevo a debate la próxima semana en Reino Unido, en unas vistas que pueden representar la última oportunidad del fundador de Wikileaks para evitar su extradición a Estados Unidos, donde está imputado por la filtración masiva de documentos secretos.
Assange fue detenido en Reino Unido en abril de 2019, después de casi siete años recluido en la Embajada de Ecuador en Londres. El programador se refugió en un primer momento en la Embajada para evitar su posible extradición a Suecia, donde también estaba siendo investigado, y ante el temor de que fuese un primer paso hacia Estados Unidos.
El Gobierno británico autorizó en junio de 2022 el traslado de Assange al país norteamericano, pero el fundador de Wikileaks intenta agotar todas las vías posibles para evitar su traslado. El caso está ahora en manos del Tribunal Superior, que ha fijado sendas vistas para el 20 y el 21 de febrero.
Del desenlace de este nuevo capítulo dependerá que Assange pueda tener nuevas oportunidades de defender su caso ante la Justicia británica o que el proceso se eleve hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su entorno ha relanzado en estos últimos días la campaña para pedir su liberación, convocando incluso protestas en distintas ciudades.
El Parlamento de Australia reclamó el pasado miércoles a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido la liberación del programador para que pueda regresar a su país de origen, en una resolución que contó entre sus defensores con la voz del primer ministro, Anthony Albanese.
El Gobierno británico, sin embargo, se ha puesto de perfil estos últimos años y, más allá del visto bueno a la extradición, ha dejado el futuro de Assange en manos de los tribunales, en un aparente intento por esquivar polémicas políticas o de poner en riesgo las relaciones con Estados Unidos.
Sobre Assange, que según sus abogados ha sufrido un drástico empeoramiento de su salud física y mental en estos últimos años, pesa una batería de cargos por violar la Ley de Espionaje estadounidense y se arriesga a una condena de hasta 175 años de cárcel en un centro de máxima seguridad. ONG como Amnistía Internacional temen por su propia seguridad, pero también por el «efecto disuasorio» que una condena supondría para la prensa en todo el mundo.
Según informa: Europa Press
