Clavijo admite la labor de Escrivá y Marlaska en la crisis migratoria y lamenta que con Belarra no ha podido «ni hablar»

El presidente de Canaraias, Fernando Clavijo, ha reconocido la labor del Gobierno central en la crisis migratoria y más concretamente a los ministros José Luis Escrivá y Fernando Grande-Marlaska, a la vez que lamenta que con la titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, no haya podido «ni hablar» pese a ser la competente en materia de menores.

Según Clavijo, el Gobierno «ha reaccionado», Escrivá «se ha mostrado muy sensible» y con Marlaska «ahora se está colaborando estrechamente», pero, según ha añadido, con Belarra «que es a quien le competen atender y colaborar con la atención de los menores no acompañados» no han podido «ni hablar».

El presidente de Canarias, ha insistido, no obstante, en una entrevista en la Ser recogida por Europa Press, en reclamar el mando único para afrontar la crisis migratoria y ha recordado en este sentido la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006 de poner al frente de la llamada crisis de los cayucos a María Teresa Fernández de la Vega «que ayudó mucho a coordinar la respuesta».

En cuanto a las comunidades autónomas y el reparto de los migrantes que llegan al archipiélago, Clavijo ha asegurado que ha tenido contacto telefónico con algunos presidentes regionales y con otros lo ha mantenido a través de WhatsApp y, según ha afirmado, «no» ha percibido falta de solidaridad. Si ha reconocido que le han trasladado quejas por la «falta de información» por parte del Gobierno central y porque solicitaban celebrar una comisión sectorial para exponer lo que cada uno puede asumir y reclamar los fondos porque «detrás tiene que haber una financiación».

«Yo no noto esa falta de solidaridad, es decir, todos al final, de alguna manera, dicen oye que mal lo estás pasando Fernando, cómo va la cosa, lo que si en este caso me transmitían y se quejaban era de la falta de información», ha indicado.

De todos modos, Clavijo señaló que la cifra de 347 menores que se han pactado con las comunidades para trasladarlos a península «es absolutamente insuficiente», de ahí la insistencia porque se aborde una modificación legislativa para que la distribución de los menores no acompañados se pueda realizar en base a «criterios de territorio, de producto interior bruto de la comunidad autónoma, de población». En su opinión, los niños tienen que estar atendidos «de manera adecuada». «Hay que enseñarles el idioma, hay que escolarizarlos, hay que atenderlos, hay que garantizar, son menores las 24 horas del día», ha argumentado.