Esto va de repartir o acumular, de justicia o injusticia

Cualquier analista mínimamente objetivo podrá certificar dos cuestiones en esta campaña electoral.

Primero, que los principales asuntos citados como prioridades por la ciudadanía al comienzo de la legislatura han sido gestionados de manera eficaz por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Estos temas eran en 2019 la economía, el paro, Cataluña y la corrupción, a los que enseguida se incorporó la pandemia.

Y segundo, que los principales asuntos primados por la derecha política y mediática para el debate público poco tienen que ver con las prioridades de la ciudadanía. Las escaletas de los medios y portavoces derechistas versan generalmente sobre el sanchismo, ETA, Bildu, ocupas, Irene Montero y el Falcon.

Resulta evidente que la estrategia de Feijóo y los poderes que le apoyan pasa por:

Establecer un marco de debate alejado de las prioridades de la mayoría ciudadana, porque no favorece sus intereses;

Convertir el 23J en un plebiscito público en torno al personaje predibujado y satanizado de Pedro Sánchez;

Y desmovilizar al electorado progresista haciendo ver falsamente que todo está hecho y que su candidato carece de legitimación moral.

El resultado de las elecciones del 23 de julio depende de que esta estrategia tenga o no éxito. En su favor está la gran potencia de fuego de los poderes económicos y mediáticos que la apoyan. En su contra está la verdad.

Porque la verdad es que la gran mayoría de los votantes se juegan el 23 de julio algo mucho más importante que el futuro político de Pedro Sánchez.

La mayoría se juega el modelo de sociedad que se impondrá en España y que determinará la calidad de los empleos, el nivel de los salarios, la dignidad de las pensiones, la facilidad para acceder a una vivienda digna, la calidad de los servicios sanitarios, la igualdad de oportunidades en la educación, la igualdad real de la mujer, la discriminación de las personas homosexuales, la lucha contra el cambio climático, la digitalización para todos o para unos pocos…

Porque solo hay dos modelos de sociedad viables: el socialdemócrata, que reparte costes y beneficios, basado en la justicia social; y el ultraliberal, que fomenta la acumulación libre de recursos, basado en la búsqueda del éxito individual.

El modelo socialdemócrata acepta el mercado como mecanismo de asignación de recursos. Pero atribuye al Estado tres funciones correctoras: evitar posiciones de abuso; imponer una fiscalidad justa; y asegurar un Estado de Bienestar que pre-distribuye recursos para la igualdad de oportunidades, que distribuye la producción con salarios justos, y que redistribuye los beneficios con políticas públicas destinadas a garantizar bienestar y dignidad a todos y todas.

El economista Antón Costa habla del contrato social a suscribir entre las mayorías y el capitalismo, por el que aquellas aceptan este modelo económico, a cambio de que se avenga a corregir los desequilibrios e injusticias intrínsecas.

Un contrato que estuvo en vigor durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, que quebró con la fiebre neoliberal de la mano de Reagan y Thatcher, que se ignoró en la respuesta fallida e injusta a la crisis de 2008 en toda Europa, y que Pedro Sánchez, entre otros, han logrado recuperar para la respuesta, ahora eficaz y justa, a la crisis de la pandemia y la guerra de Ucrania.

Se trata de un modelo con un fundamento ideológico, claro. Un fundamento de igualdad y de justicia social, puramente socialdemócrata.

El modelo neoliberal se basa en la ortodoxia del mercado, que no quiere decir en la confianza en la competencia libre, que no se referencia en la garantía del juego limpio entre oferta y demanda. El modelo neoliberal imperante es fundamentalista del mercado hasta el punto de aceptar el dominio “natural” del mercado por parte de grandes corporaciones, alérgicas en general a la competencia y proclives a hacer valer sus poderes a fin de maximizar el beneficio propio y la marginación de todos los demás.

El papel del Estado en este modelo se reduce a la certificación del poder de los ganadores del mercado, sin crearles problemas regulatorios, sin cobrarles muchos impuestos, sujetando críticas y movilizaciones mediante el control de la seguridad ciudadana y los medios de comunicación públicos. De los privados ya se encargan ellos mismos.

Es la doctrina que fundamentó la política de austeridad y recortes con que Merkel en Europa y Rajoy en España gestionaron la respuesta a la crisis financiera de principios de siglo.

Se trata también de un modelo con fundamento ideológico, desde luego. Un fundamento, esta vez, de libertad para acumular y de ceguera para la inequidad social, puramente derechista.

Hoy tenemos la perspectiva de la aplicación respectiva de ambos modelos sobre las dos últimas grandes crisis sufridas en España y en Europa.

La crisis financiera gestionada por Rajoy duró casi una década, y se saldó con fuertes recortes en empleos, en salarios, en pensiones y en justicia social. La crisis de la pandemia y la guerra, gestionada por Sánchez, se ha superado en poco más de dos años, saldada con más empleos, mejores salarios, subida de pensiones y más justicia para las mayorías.

¿Qué modelo queremos para la sociedad española de los próximos cuatro años? ¿Qué España queremos para el futuro de nuestras familias?

Esta es la cuestión que se dilucida el 23 de julio, más allá de sanchismos inventados, ETAs inexistentes y Falcons de broma.

Hablemos de esto y habrá esperanza.