Reyero declara por los “protocolos de la vergüenza” de las residencias de Ayuso
Mañana, el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, brindará su testimonio por segunda vez en uno de los casos judiciales que investigan los protocolos de derivación de la Comunidad de Madrid en residencias durante la primera ola de la pandemia, según fuentes jurídicas informadas a Europa Press.
Reyero compareció previamente el 23 de marzo ante el juez de Instrucción número 9 de Madrid en el contexto de una querella presentada por Mareas de Residencias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otros exconsejeros madrileños, acusados de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y prevaricación.
Mañana, ofrecerá su testimonio ante el juez Marcelino Sexmero, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, en relación con las muertes por Covid que ocurrieron en una residencia privada en Arganzuela. Durante la mañana, el juez interrogará a tres profesionales de este centro de cuidado de personas mayores.
Además de Reyero, también están citados para mañana el exdirector general de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, y la exdirectora de Salud Pública, Yolanda Ramos, quien comparecerá por primera vez en un caso judicial relacionado con los protocolos de derivación de ancianos a hospitales.
En marzo pasado, el exconsejero enfatizó que las personas en las residencias «fueron abandonadas a su suerte» durante la primera ola de la pandemia de Covid-19 debido a los protocolos de derivación implementados por la Administración autonómica.
Según su testimonio, estas directrices fueron «excluyentes» y excluían a las personas en función de su dependencia o discapacidad. Esto impidió que recibieran atención médica en hospitales y causó que las personas que permanecieron en las residencias fallecieran en condiciones que considera indignas, subrayó el exconsejero.
Durante la presentación de su libro ‘Murieron de forma indigna’, el exconsejero reveló que no fue convocado a una reunión el 11 de marzo de 2020 con miembros del Gobierno, como Javier Fernández-Lasquetty y Antonio Burgueño, donde se tomaron medidas, incluida la medicalización de residencias.
«Al día siguiente se estableció el protocolo. El primer protocolo se implementó el día 18», señaló. Reyero mencionó que revisó los detalles de ese protocolo el 21 de marzo.
«Significaba que las personas con nivel de dependencia 2 quedaban excluidas de la atención sanitaria. Sentí incredulidad. Luego me di cuenta de lo que eso implicaba. Esa tarde fue complicada», admitió.
«Las consecuencias de esos protocolos fueron terribles. Nadie merecía morir en esas circunstancias. En el mejor de los casos, les administraron morfina y sedación. Es algo que me duele y siempre me dolerá», afirmó.
En la comisión de investigación sobre Residencias y Covid-19 en la Asamblea de Madrid, Mur declaró que los miembros de las Consejerías de Sanidad y Políticas Sociales conocían y «participaron desde el principio» en la redacción de los protocolos geriátricos que él firmó y envió a ambos departamentos regionales.
