214 leyes y 3 mentiras
La política española ha sucumbido definitivamente a la infección del trumpismo, por lo que a buena parte de la ciudadanía le resulta cada vez más difícil diferenciar hechos de valoraciones, datos de manipulaciones y verdades de mentiras.
La campaña de las derechas políticas y mediáticas en las recientes elecciones municipales y autonómicas se fundamentó en tres mentiras flagrantes e incontestables.
“ETA está viva y en el poder”, Isabel Díaz Ayuso, mentira. ETA declaró el cese definitivo del terrorismo en octubre de 2011 y anunció su disolución en mayo de 2018. No ha habido actividad terrorista de la banda desde entonces.
“Va a haber una suelta general de terroristas en prisión”, José María Aznar, mentira. Ni ha habido, ni hay, ni habrá “suelta general” alguna de terroristas encarcelados, ni resulta posible en un Estado de Derecho como el nuestro.
“Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo”, Isabel Díaz Ayuso, mentira. Pedro Sánchez fue investido como Presidente del Gobierno en 2018 tras una moción de censura votada en el Congreso de los Diputados, por la mayoría absoluta de los representantes de los españoles, conforme a la Constitución Española.
En 2019 ganó las elecciones generales por dos veces. Y los comicios del 28 de mayo de 2023 han sido tan limpios que nadie, ni siguiera la propia Díaz Ayuso, se ha atrevido a ponerles tacha.
Se trató de tres mentiras palmarias, que se vertieron desde dos certezas igual de contundentes. Los principales medios de comunicación convertirían las mentiras en los argumentos centrales de la campaña, mañana, tarde y noche.
Y tales mentiras, repetidas y legitimadas por los comunicadores derechistas, tendrían suficiente apariencia de verdad como para convencer a muchos españoles de que realmente ETA está viva, de que el 28 de mayo Pedro Sánchez cometería un pucherazo electoral, y de que al día siguiente las puertas de las cárceles se abrirían para todos los terroristas.
El “Que te vote Txapote” solo funcionó tras la divulgación de las mentiras sobre “ETA está viva” y “Habrá suelta de terroristas” por parte de los portavoces y comunicadores de las derechas.
Hubo más mentiras, alrededor de estas principales. Por ejemplo, se dijo, a sabiendas de que era mentira, que la nueva Ley del Derecho a la Vivienda rebajaba penas para los allanadores de viviendas. Se llegó a asustar a las personas mayores con la ocupación violenta de sus hogares humildes cuando salieran a comprar el pan. Reportajes y más reportajes con tal falsedad en las televisiones de la derecha.
Y era mentira. La nueva ley no es orgánica, por lo que no podía tocar una coma del Código Penal, y tanto policías como jueces disponen desde hace mucho tiempo de la habilitación legal para desalojar a los allanadores de viviendas, no a las 48 o a las 24 horas, como se dice, mintiendo también, sino a los minutos, incluso.
Dado el éxito de la experiencia de cara al 28 de mayo, Feijóo se ha lanzado de lleno a repetirla ante el 23 de julio. ¿Por qué no? Aquellas dos certezas, de la ayuda de los medios derechistas y de la eficacia trumpista, siguen vigentes.
Ante los estupefactos asistentes a la última edición del South Summit, muchos de ellos inversores internacionales, el candidato de las derechas describió el pasado 8 de junio un panorama absolutamente pesimista sobre la situación de la economía española, que llegó a calificar como “estancamiento” e, incluso, “declive”. Todo esto el mismo día en que Eurostat señalaba a España como el país de la UE con mayor crecimiento entre las grandes economías, un 3,8%. Otra mentira.
Frente a las mentiras incontestables de Feijóo, el Gobierno de Pedro Sánchez presenta incontestables credenciales de gobierno activo y eficaz ante problemas y retos no menores.
Se ha tratado de un trabajo extraordinario en una legislatura extraordinaria.
Una legislatura que tiene lugar con el Parlamento más fraccionado y complejo de nuestra historia constitucional, con diez grupos parlamentarios y más de veinte formaciones políticas distintas con las que acordar decisiones y leyes en interés del país.
Una legislatura que, a las pocas semanas de inaugurarse, hubo de afrontar una pandemia terrible que nos llevó a confinar a nuestros conciudadanos en sus casas, a parar la economía y a hacer uso del Estado de Alarma en unas condiciones inéditas también en nuestra historia democrática, para salvar cientos de miles de vidas…
Una legislatura que ha tenido que hacer frente a la primera gran guerra europea desde 1945, y a sus consecuencias en el suministro energético, en la inflación, en la suficiencia de alimentos. Sumando a todo esto volcanes, danas, incendios y sequías…
Y en este escenario difícil, extraordinariamente difícil, se han aprobado 214 leyes y tres presupuestos en tiempo y forma.
Con un Gobierno que ha dado cuentas al Parlamento como nunca antes, por cierto, con 283 comparecencias ante el Congreso y el Senado, 26 de ellas por parte del propio Presidente.
Pero más allá de las dificultades y las cifras, el trabajo en esta legislatura extraordinaria puede valorarse por los retos a los que se ha enfrentado y por los avances que ha aportado a la sociedad española, en progreso, en bienestar y en derechos.
Se trataba de romper con un modelo económico y social atrasado e injusto, impuesto a sangre y fuego por la derecha al socaire de la crisis financiera iniciada en 2008. Se trataba de superar desencuentros territoriales que nos dividían, un aislamiento internacional que nos empobrecía, y una corrupción rampante que nos avergonzaba.
Se trataba de fomentar un desarrollo económico sustentado en la modernización, en la dignificación de los empleos, en la sostenibilidad ambiental y en la paz social. Y se consiguió con las leyes de la reforma laboral, y la ley de la ciencia, y la ley contra el cambio climático y la transición energética, y la ley de las telecomunicaciones, y la ley del crea y crece, y la ley de las empresas emergentes, y la ley de la formación profesional, y las leyes de la fiscalidad justa…
Se trataba, sobre todo, de fortalecer el Estado de Bienestar, para asegurar la igualdad de oportunidades, para avanzar en justicia social, para proteger a los más débiles, para no dejar a nadie atrás. Y se consiguió con la ley de las pensiones, y la ley de vivienda, y la ley del ingreso mínimo vital, y la ley del nuevo modelo educativo, y la ley de la modernización de la universidad, y la ley que universaliza la sanidad y acaba con los copagos farmacéuticos, y las leyes que mejoran servicios a las personas con discapacidad…
Se trataba también de ampliar derechos de ciudadanía y de mejorar la calidad de nuestra democracia. Y se consiguió con la ley del derecho a la eutanasia, y la ley que protege a las mujeres de la violencia de género, y la ley Zerolo por la igualdad de trato y contra la discriminación, y la ley del fin del voto rogado, y la ley de memoria democrática, y la ley que despenaliza los piquetes, y la ley del deporte, y las leyes que reducen aforamientos en cuatro Estatutos de Autonomía…
Se trataba, en definitiva, de dejar atrás el tiempo de aquellos que pretendían hacer elegir a los españoles entre crecimiento y justicia social, entre desarrollo y sostenibilidad, entre empleo y dignidad, entre la conquista de nuevos derechos y la paz social. Porque hemos logrado un crecimiento justo y sostenible, con empleos dignos y un avance innegable en derechos y libertades para la mayoría.
Con limpieza y decencia, además. Porque también hemos dejado atrás el tiempo en el que los españoles se abochornaban día sí y día también con noticias sobre un gobierno plagado de corruptelas, amnistías para defraudadores fiscales y falsas policías patrióticas.
El 23 de julio nos presentamos ante la ciudadanía española con la cabeza alta y la mirada limpia de un gobierno decente.
Ellos, 3 mentiras. Nosotros, 214 leyes.
