Los «campos de la muerte» en Irán

Las autoridades iraníes han ejecutado este año al menos a 173 personas condenadas por delitos de drogas tras juicios sistemáticamente injustos, casi el triple que el año pasado por estas fechas. Así lo ha denunciado Amnistía Internacional a través de su página web oficial.

Tal y como recoge la organización, las ejecuciones por delitos de drogas suponen las dos terceras partes de todas las ejecuciones que se han llevado a cabo en los primeros cinco meses de 2023, y han afectado sobre todo a las personas de entornos marginales y económicamente desfavorecidos. Aproximadamente el 20% de las ejecuciones registradas han sido de personas de la empobrecida y perseguida minoría étnica baluchi de Irán, a pesar de que sólo el 5% de la población iraní pertenece a ella.

“El ritmo desatado al que las autoridades están llevando a cabo ejecuciones por delitos de drogas, violando con ello el derecho internacional, pone al descubierto su falta de humanidad y su flagrante desprecio por el derecho a la vida. La comunidad internacional debe asegurarse de que la cooperación en iniciativas de lucha contra el narcotráfico no contribuye, directa o indirectamente, a la privación arbitraria de la vida y a otras violaciones de los derechos humanos en Irán”, ha manifestado Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, según recoge la organización en su página web.

“Los Estados y los organismos intergubernamentales deben condenar a las autoridades iraníes en los más enérgicos términos por estas ejecuciones arbitrarias, exigir una moratoria oficial de todas las ejecuciones, enviar representantes para que visiten a las personas presas condenadas a muerte y solicitar asistir a los juicios sobre delitos castigados con la pena capital. Dada la crisis de impunidad de las ejecuciones arbitrarias masivas, también deben buscar urgentemente fórmulas eficaces para la rendición de cuentas», ha añadido Eltahawy.

Este año, las autoridades también han incrementado significativamente el número global de ejecuciones por todos los delitos, que asciende a 282 como mínimo en lo que va de 2023, cifra que casi duplica la de ejecuciones registradas a comienzos de junio del año pasado. Si continúan con este ritmo alarmante de ejecuciones en general, a fin de año el número de presos y presas ejecutados podría sumar casi un millar.

Una guerra letal contra los pobres

Según explica Amnistía Internacional, la pena de muerte afecta sobre todo a las personas pobres y vulnerables, que a menudo desconocen sus derechos y no pueden costearse representación letrada independiente. Las familias de las personas que son ejecutadas suelen sufrir las terribles consecuencias económicas de perder a la persona que las mantenía y quedar fuertemente endeudadas por los gastos judiciales.

Un familiar de una mujer actualmente en espera de ejecución, que era quien mantenía a la familia antes de ser encarcelada, contó a Amnistía Internacional:

“Nunca vio a su defensor de oficio, que mintió a la familia prometiéndole que lograría que la condena a muerte fuera anulada si le pagaban una cantidad de dinero exorbitante. Vendieron todo lo que tenían para pagarle, incluso sus ovejas. En cuanto le dieron el dinero, el abogado desapareció, dejando a la familia totalmente endeudada”.

El hijo adolescente de un preso ejecutado por delitos relacionados con drogas dijo a Amnistía Internacional:

“Debería ocuparme de mis exámenes como cualquier otro chico, no estar trabajando. Mi salario no alcanza para cubrir las necesidades de mi familia porque hemos pedido muchos préstamos. Ni siquiera tengo dinero para matricularme en la escuela el curso que viene. Si no hubieran ejecutado a mi padre, ahora estaría pensando en mi futuro, no en cómo conseguir dinero para mi familia”.

Las ejecuciones por delitos relacionados con drogas suelen ser consecuencia de investigaciones deficientes de la policía antidroga de Irán y otros cuerpos de seguridad. Los juicios por delitos relacionados con drogas se celebran ante Tribunales Revolucionarios y son sistemáticamente injustos: a las personas acusadas se les niegan sus derechos procesales, incluido el derecho a acceder a representación letrada legal, y se utilizan “confesiones” obtenidas bajo tortura como prueba para declararlas culpables.

Una persona presa en espera de ejecución dijo a Amnistía Internacional:

“En los Tribunales Revolucionarios, los jueces te preguntan si la droga es tuya y da igual que digas que si o que no. En mi juicio, el juez me dijo que me callara cuando dije que no era mía. Me dijo que estaba condenado a muerte y me ordenó firmar un documento aceptando la condena. Ni siquiera dejó que mi abogado hablara en mi defensa”.

Se amplía la oleada de ejecuciones

Las autoridades iraníes también han llevado a cabo ejecuciones por otros actos que, según el derecho internacional, nunca deberían acarrear una condena a muerte.

En los primeros cinco meses de 2023, se ha ejecutado a cinco personas en relación con las protestas; a un hombre que había mantenido relaciones sexuales con consentimiento con una mujer casada por “adulterio”, y a dos usuarios de las redes sociales por cargos como “apostasía” e “insultar al profeta del islam”.

Las fuerzas de seguridad han agravado la angustia de las familias de los presos al reprimir violentamente manifestaciones pacíficas ante las cárceles donde están previstas las ejecuciones, utilizando gas lacrimógeno y fuego real, según denuncian los manifestantes.

«Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es el máximo exponente de pena cruel, inhumana y degradante», ha explicado la organización a través de su página web.