La Organización de las Naciones Unidas vuelve a señalar a España por un nuevo caso de violencia obstétrica. Así lo ha revelado el organismo a través de su página web oficial.
Se trataría del tercer caso contabilizado por el organismo. En concreto, se trata de una mujer de 38 años que el 6 de enero de 2009 fue atendida en un hospital público de Sevilla, donde, entre otras “malas prácticas”, tuvo que parir por cesárea pese a no firmar el consentimiento informado.
Más casos
Y el pasado mes de julio, el Comité para la la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU también publicó su dictamen después de revisar una denuncia presentada por una ciudadana española por sufrir un “trauma físico y psicológico duradero como experiencia durante el parto”.
La mujer fue sometida a inducción prematura del parto y cesárea sin su consentimiento, según ha explicado el organismo. En concreto, tal y como recoge la organización , la mujer informó al Comité que acudió a un hospital público en San Sebastián, a las 38 semanas de gestación, por haber roto aguas.
Sin embargo, el organismo afirma que el hospital ignoró el período protocolario de espera de 24 horas, y, sin proporcionarle información sobre las alternativas existentes, le indujo el parto de forma prematura y sin su consentimiento. N.A.E. fue sometida a múltiples tactos vaginales y no se le permitió comer. Después fue sometida a una cesárea “sin justificación médica”, operación durante la cual “tuvo los brazos atados y a la cual no pudo asistir su esposo. La cesárea fue realizada por un grupo de médicos internos residentes en formación supervisados por tutores, sin el consentimiento previo de N.A.E”.
“Cuando nació su bebé, no pudo tocarlo porque aún tenía los brazos atados. El bebé fue llevado de inmediato al pediatra y N.A.E. no tuvo oportunidad de tener contacto piel con piel con él. Posteriormente, N.A.E. tuvo que acudir a su médico de atención primaria por síntomas de ansiedad relacionados con su experiencia de parto. Fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático posparto”, recoge la ONU en su página web oficial.
La mujer llevó su caso a los tribunales en España, pero, según la ONU, a lo largo del proceso administrativo y judicial se encontró con estereotipos de género y discriminación. “Durante el proceso en España, se afirmó que era el médico quien decidía si practicarle una cesárea y que el daño psicológico que sufría era simplemente una cuestión de percepción”, asegura el organismo.
Por ello, el Comité consideró que N.A.E fue víctima de violencia obstétrica, un tipo particular de violencia sufrida por las mujeres en los centros de salud durante la atención del parto, un fenómeno generalizado, sistemático y arraigado en los sistemas de salud. “Si los médicos y las enfermeras hubieran seguido todos los estándares y protocolos aplicables, es probable que la víctima hubiera dado a luz de forma natural sin tener que pasar por todos estos procedimientos que la dejaron física y mentalmente traumatizada”, dijo Hiroko Akizuki, miembro del Comité.
“Los Estados partes tienen la obligación de adoptar medidas apropiadas a fin de modificar o abolir no solamente leyes y reglamentaciones, sino también costumbres y prácticas que constituyan violencia obstétrica”, agregó Akizuki. El Comité instó a España a proporcionar a N.A.E. una reparación adecuada por los daños de salud física y psicológica sufridos. El Comité también solicitó que España respete la autonomía y la capacidad de las mujeres para permitirles tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva, brindándoles información completa en cada etapa del parto y exigiendo que se obtenga su consentimiento libre, previo e informado para cualquier tratamiento invasivo durante la atención del parto.
Los expertos en derechos de las mujeres también solicitaron a España proporcionar a las y los trabajadores obstétricos y de la salud una formación profesional en materia de derechos de salud reproductiva de la mujer.
Además, también se solicitó a España que impartiera capacitación especializada al personal judicial y al personal encargado de velar por el cumplimiento de la ley, así como que establezca, publicite e implemente una Carta de Derechos de los y las Pacientes, tal y como recoge la ONU en su web oficial.
