¿Llegaremos a los 5 años de poder judicial contra las urnas?

La alternancia en el poder político es el fundamento principal de las democracias. Donde no hay alternancia, no hay democracia.

Y esto es lo que pretende la derecha política y judicial en España, que transcurra todo un mandato de 5 años sin que se haya producido la alternancia en el gobierno del Poder Judicial, conforme al voto democrático de la ciudadanía española.

La falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya no es solo un problema de naturaleza política. Se ha convertido en un problema institucional de primer orden para la democracia española.

El artículo 122 del texto que representó el Pacto Constitucional de 1978 establece claramente que el mandato del CGPJ se limita a “un periodo de cinco años”. El bloqueo deliberado que la derecha mantiene para su renovación constituye el mayor desacato a la Constitución en sus 44 años de vigencia.

Dicho de otra manera. La derecha española ha decidido ignorar la voluntad democrática de los españoles y hacer caso omiso de los resultados electorales de 2019, para mantener en sus manos el gobierno de un poder del Estado que no les corresponde.

El sabotaje a la Constitución de la derecha política y judicial española en relación al CGPJ es tan grave como lo sería la eventual negativa de los 349 diputados actuales del Congreso a dar paso a los elegidos en la cita prevista en las urnas para el próximo mes de diciembre.

La última excusa banal esgrimida por el PP para eludir su obligación legal y constitucional trata sobre “evitar la politización de la Justicia” y “cumplir con Europa”.

A estas alturas, todos los españoles saben ya que las sucesivas argumentaciones de la derecha, a cada cual más peregrina, son tan solo justificaciones imposibles para lo injustificable: el incumplimiento de sus deberes constitucionales y democráticos. No obstante, respondamos a esos argumentos, una vez más.

Primero, cuando hablamos de renovar el CGPJ conforme a la Carta Magna no hablamos de la impartición de “Justicia”, que “se administra por Jueces y Magistrados, independientes, sometidos únicamente al imperio de la ley”, según la Constitución.

El CGPJ no es un tribunal de Justicia, sino un órgano de gobierno, de naturaleza política, que ejerce un poder del Estado y, como todo poder político en un régimen democrático, debe someterse al dictado de la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas.

La Constitución no dice respecto a la elección de los vocales del CGPJ que “los jueces elijan a los jueces”, sino que ocho de los veinte miembros de este órgano han de ser elegidos por las Cortes Generales, y otros doce “en los términos que establezca la ley”. Y la ley dice que estos doce también deben ser elegidos por los representantes de los españoles en el Congreso y en el Senado.

Sostener, además, que es más democrático un poder del Estado elegido por 5.000 profesionales de la judicatura que ese mismo poder elegido por los representantes de 47 millones de españoles, resulta extravagante, incluso.

Segundo, no es cierto que norma alguna de la Unión Europea obligue a contravenir la Constitución Española y la ley vigente, para que sean 5.000 jueces por oposición quienes sustituyan a los representantes democráticos de 47 millones de españoles, en la elección de los vocales del gobierno del Poder Judicial.

Quien dice lo contrario, miente. Y quienes sostienen que, de mantener la regulación vigente, España arriesga los fondos europeos o que no podrá ejercer la presidencia europea de turno, hacen, además, el ridículo.

Tercero, sobre la “independencia” a preservar en el CGPJ. ¿Alguien puede asegurar sin sonrojarse que los vocales Macías o Ballesteros -jueces- son más “independientes” que el vocal Cuesta -exdiputado socialista-? ¿O que Arnaldo es más “independiente” que el exministro Campo en el TC? ¿O que Cardenal fue más “independiente” que la exministra Delgado en la Fiscalía General? Seguro que no.

La “independencia”, entendida como principio de ejercicio honesto de un cargo institucional, anteponiendo el interés general sobre otros intereses espurios, no la garantiza el supuesto déficit ideológico o un curriculum falto de cargos políticos. La honestidad en el ejercicio de cualquier responsabilidad deviene antes de los valores personales que de los apuntes biográficos en la nomenclatura política de un país.

¿Cuánta “independencia” había en la actitud de Macías y Ballesteros para resistirse a elegir en el CGPJ los dos miembros del Tribunal Constitucional que correspondía conforme a los plazos legales? ¿Cuánta “independencia” había en la propuesta de Arnaldo, sin precedentes en nuestra democracia, para suspender el poder legislativo de las Cortes Generales desde una mayoría caducada en el TC?

La derecha española reivindica ahora la “independencia” en el comportamiento de los integrantes de los órganos constitucionales cuando, por puro interés político y electoral, está haciendo volar por los aires el crédito de esas instituciones básicas para nuestra convivencia democrática.

Cuarto, esgrimir la defensa de la legalidad mediante el incumplimiento de la legalidad es absurdo. El PP pretender hacerse pasar por el máximo defensor del ordenamiento constitucional, negándose a cumplir la legalidad en la renovación del CGPJ en tanto esa legalidad no se cambie a su gusto, pese a no contar con la mayoría parlamentaria precisa.

Y quinto, si tenemos que admitir la acepción peyorativa del verbo “politizar”, como la acción de quienes anteponen el interés político partidario sobre el interés general, nadie “politiza” hoy tanto el CGPJ como el Partido Popular. Porque mientras el interés general apunta a cumplir con la Constitución, conforme a la voluntad popular expresada en las urnas, solo al interés del PP responde el empeño en el bloqueo.

Cada día se demuestra más que este 2023 será el año en el que los españoles deban acudir a las urnas para algo más que optar por el mejor programa político. Este año toca, ante todo, defender la propia democracia.