El Gobierno responde a la alerta joven

Ser joven nunca fue fácil. Sin embargo, casi siempre se mantuvo en vigor una especie de contrato generacional implícito. Ese pacto no escrito aseguraba cierta proporcionalidad entre el esfuerzo que el joven estaba dispuesto a desarrollar, el nivel de su formación y la calidad del empleo al que podía acceder. La disposición de un empleo garantizaba razonablemente también una vida digna e independiente.

Pero ese contrato hace tiempo que entró en crisis. Hoy muchos jóvenes han asumido la realidad frustrante de que formación y esfuerzo no conducen necesariamente a un buen empleo y que, además, tener un empleo no asegura ni tan siquiera poder pagar el alquiler de una vivienda en la que emprender una trayectoria vital autosuficiente.

La ruptura de este pacto conlleva problemas graves para la población joven en nuestro país. Se trata de problemas de todo orden, en lo económico y en lo social, desde luego. Pero esa problemática alcanza también a su escala de valores, a su identificación con las instituciones democráticas e, incluso, a su salud mental.

Y los problemas graves de la juventud española constituyen un problema grave de futuro, y también de presente, para el conjunto de la sociedad. Problemas para las familias de estos jóvenes, que han de convivir y paliar las dificultades en la medida de sus posibilidades. Problemas para la economía, para el mercado de trabajo, para la Seguridad Social, para los servicios sociales públicos…

Y problemas para la democracia, porque nada amenaza más el futuro de nuestro sistema político que el desapego, el recelo, incluso el rechazo de una parte significativa de la población que necesariamente ha de protagonizarlo.

Por eso se entiende perfectamente que el Gobierno de España haya priorizado la atención a las necesidades de los jóvenes en la elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y que el Proyecto de Ley de Vivienda acordado también en el seno del ejecutivo tenga como referencia fundamental las necesidades de este sector social.

Lo que se entiende menos es el rechazo preventivo con que la derecha ha recibido estas noticias. Ya resulta chocante que se manifiesten contra proyectos legislativos que aún no han podido analizar, porque no se ha presentado públicamente su redacción definitiva. Incluso han anunciado recursos ante los tribunales, sin haber tenido la oportunidad de identificar irregularidad alguna.

No obstante esto, es difícil de comprender que ignoren el propósito último de estas iniciativas. ¿Acaso no son conscientes de los problemas que sufren los jóvenes españoles? ¿Disienten acaso de que esos problemas tienen que ver con la calidad de sus empleos y con las dificultades para acceder a una vivienda digna?

Y si estamos de acuerdo en la identificación de los problemas, parece más razonable disponerse a acordar las herramientas y las inversiones más útiles para afrontarlos con éxito. Antes que manifestar público rechazo, al menos, sobre algo que no conocen con un mínimo detalle.

El Gobierno ha acordado impulsar una legislación que promueve la construcción de vivienda social y que incentiva el abaratamiento de las rentas de alquiler. Además, los presupuestos prevén un bono de 250 euros para ayudar a los jóvenes con menos ingresos a alquilar una vivienda digna. Estas decisiones se suman a la llegada de más de 2.000 millones de euros destinados a la rehabilitación de viviendas deterioradas e ineficientes en el uso de los recursos energéticos.

Por otra parte, el Gobierno también ha anunciado la distribución de un bono cultural de 400 euros entre los jóvenes que cumplan los 18 años y accedan a la mayoría de edad. Se cumple así un doble objetivo: facilitar el acceso de los más jóvenes a la oferta cultural, y dar un empujón a una industria cultural española muy dañada por el efecto pandemia.

Además, el proyecto de presupuestos anunciado por la ministra de Hacienda recoge fuertes aumentos en partidas claves para atender las necesidades de la juventud, como las becas universitarias, las plazas de la formación profesional y las políticas activas de empleo.

Gobernar es priorizar, suele decirse. Y el Gobierno de España ha decidido priorizar su atención sobre los problemas de la juventud de nuestro país. Parece razonable que la oposición consienta en darle la oportunidad de formalizar sus propuestas, antes de rechazarlas, al menos.