Colombia: así es el histórico fallo judicial para con el pacifismo y el perdón

Toda revolución social trae consigo, por norma general, un gran avance.

Esto es lo que ha ocurrido en Colombia, un país que lleva más de dos semanas sumido en una profundo y marcado cisma que enfrenta a la ciudadanía y a las fuerzas policiales de esta nación.

La muerte de Javier Ordoñez, un hombre de 45 años que murió a causa de 9 fracturas de cráneo producidas por una violenta actuación por parte de los policías de Colombia, desató una oleada de protestas y revueltas en las calles de Bogotá para manifestar el hartazgo social que existe en torno al uso desmedido de la violencia por parte de los cuerpos de seguridad colombianos.

Un hecho que recuerdo mucho a lo ocurrido durante este verano en Estados Unidos y el asesinato de George Floyd.

Dos semanas han hecho falta para que las plegarias de los colombianos hayan sido escuchadas y para que, en un movimiento inédito e histórico por parte de la Corte Suprema de Colombia, los jueces hayan fallado a favor de los ciudadanos.

La justicia ha hablado y el veredicto es claro: las fuerzas de control están haciendo una “intervención sistemática, violenta y arbitraria”.

Y además, añaden, “sus actividades no controladas representan un riesgo, una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones”.

Una sentencia de más de 170 folios emitida por la Corte Suprema obliga, también, a que la Policía Nacional de Colombia garantice que las protestas ciudadanas se lleven a cabo de forma pacífica y que, por consiguiente, el uso de la fuerza quede reducido a su mínima expresión.

Pero esto no es todo. El fallo exige, a su vez, que Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pida perdón de forma pública a los colombianos por el empleo desmedido de la violencia del que se ha favorecido la policía durante las revueltas y años atrás.

Pero, ¿a qué se debe el carácter histórico de esta sentencia?

NEUTRALIDAD POLICIAL

La sentencia publicada por la Corte Suprema de Colombia marca un hecho sin precedentes hasta la fecha.

Con esta norma, los jueces máximos del país obligan a los policías a mantener una actitud neutral, pacífica y ordenada en cualquier tipo de manifestación ciudadana. Una actitud que debe quedar establecida por escrito en un plazo máximo de un mes.

De este modo, el ente jurídico establece que el uso de la fuerza no es necesario para mantener el orden y que “no solo se garantiza el derecho constitucional a la protesta pacífica, sino que se ordena a la fuerza pública a que no atenten contra ella”.

Además, los jueces aseguran que el empleo de la fuerza responde  a “los estereotipos arraigados contra quienes disienten de las políticas del Gobierno Nacional”.

DISCULPAS DEL GOBIERNO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS

Otra de las características históricas de este fallo es la orden de la Corte Suprema que obliga al ministro de defensa colombiano, Hormes Trujillo, a pedir disculpas por los excesos de la fuerza públicamente en 48 horas. 

Estas disculpas públicas deberán hacerse por todos los medios de comunicación posibles: televisión, radio y redes sociales.

En este caso, las disculpas se remontan a todos los hechos violentos que ocurren en el país desde 2019. Sin embargo, la orden de los magistrados responde a la petición ciudadana de un perdón público por el asesinato de Javier Ordoñez.

En una entrevista concedida al diario El Espectador recogida por BBC, la analista política Sandra Borda resalta la importancia de este fallo ya que “lo que está haciendo la Corte es confirmarnos a los ciudadanos que tenemos unos derechos particulares, entre los cuales está el derecho a la protesta”.

FIN DEL USO DE ESCOPETAS DE CALIBRE 12

Muchos de los efectivos policiales amenazaban a los manifestantes y a los civiles colombianos con escopetas de calibre 12, una arma de defensa muy poderosa empleada en la mayoría de las revueltas ciudadanas.

Ante el uso de este peligroso armamento, la Corte Suprema dicta que “se suspenda el uso de las escopetas calibre 12, hasta tanto un comité constitucional, previa verificación exhaustiva, constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento”, reza la sentencia.