Ley de protección indígena: un sueño inalcanzable en plena pandemia

Brasil es el epicentro de la pandemia en América Latina y hasta su presidente, Jair Bolsonaro, un negacionista de la enfermedad, se ha convertido en uno de los 1.755.000 de contagiados que tiene, hasta el momento el país.

La situación en el país dirigido por Bolsonaro es cada vez más insostenible.

Si en el centro del país los contagios y las muertes reflejan el alto índice de vulnerabilidad que tienen los brasileños, hay un grupo social que ya ha sido calificado de “grupos en situación de extrema vulnerabilidad”.

La población indígena que vive, principalmente, en la Amazonia brasileña ha visto como sus peores presagios se cumplían con el paso de las semanas y el estremecedor avance de la pandemia.

Hasta el momento, según datos ofrecidos por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y la ONG Instituto Socioambiental (ISA) , más de 122 comunidades indígenas – de 300 que existen – han sido afectadas, los infectados superan los más 12.000 contagiados y el número de fallecidos asciende a 445 entre las comunidades originarias del país.

Ante esta situación de peligrosidad extrema, el ejecutivo brasileño anunció la aprobación de una ley que defendería y ayudaría a las etnias indígenas afectadas por el COVID-19.

Sin embargo, esta semana, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha vetado 16 puntos de la ley, todos ellos de extrema importancia y de primera necesidad para evitar una catástrofe humanitaria sin precedentes en esta comunidad.

¿A qué ámbitos afectan estos vetos? ¿Cuál es el motivo por el que Bolsonaro ha decidido tomar esta decisión?

UNA LEY INSIGNIFICANTE

La ley en cuestión, aprobada por el Ejecutivo brasileño, establecía que el gobierno tiene la obligación “brindar acceso a servicios básicos, médicos y económicos a las comunidades indígenas confrontadas a la pandemia del nuevo coronavirus”.

La gran sorpresa llegó cuando el presidente brasileño anunció un veto varios puntos de esta ley, los cuales todos están orientadas a los accesos básicos que el gobierno debía remitir a esta sociedad.

La orden de veto de Bolsonaro no garantizaría a los pueblos indígenas el acceso al auxilio económico de emergencia para personas con menos recursos durante la crisis de la covid-19.

Tampoco le aportaría suministros de agua potable, productos de limpieza ni alimentos. Por último, las comunidades más afectadas por el coronavirus no tendrían acceso a camas de hospital ni a terapias que pudieran salvar sus vidas.

Bolsonaro señala que este veto se apoya en la idea de que “los beneficios incluidos por los legisladores generaban gastos adicionales y eran contrarios al interés público”. 

VETOS “CRIMINALES”

Esta respuesta ofrecida por el presidente provocó la ira y el enfado de instituciones como el ISA  o APIB, quienes catalogaron de “vetos criminales” las normas tomadas por el mandatario brasileño.

La ONG ISA difundió un comunicado en el que asegura que “los vetos niegan el mínimo necesario para la supervivencia de estas comunidades” y que el verdadero plan de Bolsonaro para hacer frente a la pandemia en la sociedad indígena se basa en “no tener ningún plan”.

Además, la organización gubernamental apuntó que “al mismo ritmo que la COVID-19 avanza en las aldeas y comunidades, se intensifica la omisión del Gobierno a los indígenas”, haciendo referencia así a la condición de grandes olvidados con la que conviven los ciudadanos indígenas durante la pandemia.

EL SUPREMO BRASILEÑO, AL LADO DE LOS VULNERABLES

Sin embargo, aparece que todavía hay una luz esperanzadora para estas comunidades.

El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Luis Roberto Barroso, ha dicho que los vetos de Bolsonaro no tienen ningún tipo de sustento par dejar en una situación de indefensión total a los indígenas.

Por este motivo, el juez del Supremo brasileño ha ordenado al Gobierno adoptar medidas para proteger a los pueblos indígenas del coronavirus.

Además, para asegurarse de que esta medida se cumple, el tribunal le da un plazo máximo de 30 días para crear un plan para proteger a la comunidad indígena que, a su vez, debe contar con la participación de las comunidades indígenas y el Consejo Nacional de Derechos Humanos.

Por otro lado, una de las premisas principales con las que debe plantearse este plan ordenado por el Supremo brasileño es que, el programa, debe tener establecido “un comité de crisis y un plan sanitario para que la comunidad indígena tenga acceso al sistema de Salud público”.