Móstoles denunciará al consejero de Sanidad por su gestión en las residencias durante la pandemia

El consistorio ha avanzado este martes que llevará a Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ante los Juzgados y la Fiscalía por no derivar a ciertos residentes al hospital durante la pandemia. 

El Gobierno de Móstoles, formado por PSOE y Podemos, pedirá al Juzgado que investigue si la Consejería de Sanidad, dirigida por Ruiz Escudero, elaboró un protocolo en el que se establecían las condiciones para derivar a las personas mayores de las residencias, públicas y privadas, a los centros hospitalarios.

Este documento, según apuntan fuentes del ayuntamiento, fue remitido a hospitales y residencias de la Comunidad de Madrid durante el estado de alarma. En él figuran órdenes escritas que obligaban a implantar criterios selectivos, en los que se determinaba los enfermos debían ser trasladados al hospital y los que no, negando a estos últimos su asistencia hospitalaria a pesar de estar enfermos.

RESIDENCIAS COMO “CAMPOS DE EXTERMINO SELECTIVO”

Para el Ejecutivo local esto supone una discriminación “inmoral”, ya que “transformaba las residencias de mayores en campos de extermino selectivo en los que se decidía quién debería recibir tratamiento y quién no, dando a estas personas un trato inhumano y degradante al negarles arbitrariamente el derecho a ser tratados en hospitales de forma adecuada”.

Asimismo, señalan que esta gestión por parte de Ruiz Escudero “vulnera” el Artículo 14 de la Constitución Española, que recoge el derecho de igualdad de todos los españoles ante la ley, “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por cuestión de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, tal y como reza la carta magna.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Móstoles considera que la gestión por parte de la Consejería de Sanidad supone una vulneración de los derechos fundamentales y las libertades públicas y, atendiendo al artículo 196 del Código Penal, “un presunto delito de omisión del deber de socorro por parte de los profesionales que lo habrían aplicado”.