La Marea de Residencias lanza querellas contra la Comunidad de Madrid

Los familiares de los mayores fallecidos en residencias de Alcorcón y Leganés han presentado las respectivas querellas criminales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y dos de sus consejeros.

Entre otras cosas, se les acusa de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante como responsables de los centros. 

Estos familiares de mayores fallecidos en centros madrileños, se han agrupado en una plataforma a la que han denominado La Marea de Residencias, que intenta hacer justicia con lo ocurrido en los geriátricos durante la pandemia del coronavirus.

Estas querellas, que se suman a la interpuesta por 26 familiares de mayores en residencias madrileñas, se presentan contra la presidenta del Ejecutivo regional, Díaz Ayuso; el consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero; y el consejero de Justicia, Enrique López.

En el caso de López, se le acusa por su responsabilidad en cuanto a las actuaciones de la Consejería de Sanidad y de Políticas Sociales, habiendo participado en el plan de choque del pasado 26 de marzo, y por sus declaraciones en la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas del pasado 20 de abril.

La Marea de Residencias expone que, en un comunicado, el consejero de Justicia aseguró que las residencias estaban medicalizadas y que, una vez activado el estado de alarma, ni él ni el resto de consejeros tenían autoridad sobre Sanidad, ya que “eran competencias del Gobierno central”.

Esta afirmación ha sido rechazada por los familiares, ya que, como han sostenido, es “una falsedad a juicio de los familiares denunciantes, porque el decreto de estado de alarma dejaba claro que las competencias en Sanidad seguían siendo de la Comunidad de Madrid”.

Entre otras cosas, se acusa a la presidenta de la comunidad como a los dos consejeros de un delito de lesiones imprudentes, debido a “la omisión del deber de socorrer a los residentes, que es evidente que dada la propagación del contagio en las residencias se encontraban en peligro manifiesto y grave, y no se adoptaron medidas”, tal y como reza la querella.

Los querellantes también acusan a estos dirigentes de la Comunidad de Madrid de un delito de trato degradante por la “falta de transparencia” sobre el estado de los ancianos, al que se suma un delito de prevaricación, ya que los familiares alegan que el plan de choque para las residencias madrileñas “debió adoptarse mucho antes”.

Además, los familiares de personas fallecidas en la Residencia de Alcorcón culpan a Díaz Ayuso, Ruíz, López y también al director de este centro de presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y prevaricación y trato degradante. La Marea de Residencias afirma que fueron los “responsables de las decisiones que se tomaron y de las órdenes y decretos que se dictaron con respecto al funcionamiento de las residencias y hospitales”.