25-N: Así funcionan los juzgados de Violencia de Género

25 N. Día Internacional contra la violencia de género.

Hoy, hace 15 años que se puso en marcha  la Ley integral contra la Violencia de Género. Esta ley se creó para defender a todas aquellas mujeres víctimas del machismo, que sufrían a diario diferentes tipos de agresiones, tanto verbales como físicas, que en los peores casos acaba con muchas de estas víctimas asesinadas.

Desde que se aprobase por unanimidad esta ley en el 2004, según datos ofrecidos por el Observatorio contra la Violencia de Género, más de 1.027 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex-parejas, y en lo que va de año, a tan solo un mes de terminar el 2019, se han registrado 51 víctimas mortales en nuestro país.

Los datos son cuanto menos, preocupantes. El 016 (teléfono de atención para dar ayuda ante casos de violencia de género) ha registrado más de 51.000 llamadas, y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se contabilizaron un total de 80.014 denuncias.

Ante estos preocupantes datos, y con la noticia de que una mujer ha sido asesinada hoy en Santa Cruz de Tenerife, los Juzgados de Violencia de Género realizan una tarea encomiable. Este organismo trabaja sin descanso en la protección y lucha contra esta lacra social –  y mortal –  en la que se ha convertido el machismo.

Sin embargo, muchas personas desconocen el funcionamiento de este organismo y es importante destacar algunas de las claves y necesidades de este ente que ampara a todas las mujeres en nuestro país. ¿Cómo funciona? ¿Qué necesita este órgano jurídico para mejor en la lucha contra el machismo?.

PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Ante un caso de violencia de género, el paso previo antes de que el suceso sea abordado por los juzgados es siempre la realización de un atestado policial en el que se retrata el caso para que, posteriormente, este sea puesto en manos del juzgado.

Una vez el caso llega a manos de la autoridad pertinente, se abre un procedimiento judicial que se caracteriza por los siguientes pasos:

  • AUDIENCIA URGENTE: En un plazo máximo de 72 horas, y con la detención previa del agresor hecha, un juez recibe la denuncia e inicia una audiencia urgente con las partes implicadas. Es en esta audiencia donde el juez falla a favor, o bien de la víctima o bien del acusado.
  • JUICIO RÁPIDO: Una vez ambas partes han comparecido en el juzgado, se realiza un juicio rápido y se abren unas diligencias que pueden tomar dos caminos.
  • VÍA JUDICIAL O PENAL: Tras el juicio rápido, es en este momento cuando se abren dos vías de juicio. La vía penal, aplicada en los peores casos, con prisión para el agresor, o la vía judicial, en la que el acusado puede ir a prisión provisional o quedar libre. En función de lo que determine el juez, a partir de aquí se abre otro proceso de seguimiento de ambas partes.
  • SEGUIMIENTO DE LAS PARTES: Policía, servicios sociales y judiciales deberán estar en un permanente contacto con la víctima y el agresor para evitar que vuelva a producirse una situación de violencia o acoso hacia la víctima.

Los juzgados de Violencia de Género se enfrentan día a día a diferentes casos en los que deben aplicarse diferentes penas, que pueden ir desde las órdenes de alejamiento hasta las visitas quincenales (o semanales) de los acusados para comprobar que no han vuelto a reincidir en comportamientos violentos hacia sus parejas.

Sin embargo, el gran problema al que se enfrentan en estos organismos es que muchas víctimas retiran las denuncias en el propio juicio o bien no se atreven a denunciar por miedo a posibles represalias por parte de sus cónyuges, lo cual hace que muchos procesos queden en el olvido o que  muchas mujeres sigan viviendo con miedo o sigan sufriendo malos tratos.

Asimismo, es importante resaltar que, de cada 10 condenas, 7 de ellas han sido condenatorias.

ESPECIALIDAD JUDICIAL YA

Para poder dar una mejor resolución a los casos de violencia de género, este mismo año se puso en marcha un curso especializado en materia de género al que se inscribieron más de 1.600 magistrados. En el mes de junio de este año, un estudio revelaba que 1 de cada 5 jueces pedían una formación más profunda en este tema para poder ser más concisos a la hora de resolver un juicio por violencia de género.

Gracias a este curso, el Gobierno y los magistrados han escuchado las peticiones de la ciudadanía y muchos de ellos cursaron su especialización en violencia doméstica o de género.

REFUERZO EN LOS JUZGADOS URGENTE

Ante el preocupante ascenso de denuncias por violencia de género, esta misma semana en la Asamblea de la Comunidad de Madrid se ha propuesto una moción urgente, en la que se pide al Gobierno que pongan en marcha los fondos destinados  al Pacto Estatal contra la Violencia de Género, por valor de 10 millones de euros.

El objetivo principal de poner en práctica esta moción es que Madrid cuente con un grupo de médicos, psicólogos y trabajadores sociales que den soporte a los jueces de la violencia de género, ya que Madrid es, a día de hoy, la única comunidad autónoma que no tiene este tipo de refuerzos.

Además, esta decisión debe tomarse con rapidez, puesto que si estos fondos no son aceptados antes del próximo 31 de diciembre, la Comunidad de Madrid no recibirá esta financiación.

ATENUANTE DE CONFESIÓN: EL ENEMIGO A BATIR

Esta es otra de las grandes luchas que comparten el Consejo General del Poder Judicial  (CGPJ) y el Observatorio estatal de Violencia sobre la Mujer: suprimir el atenuante de confesión en los juicios de violencia machista.

¿Por qué se pide que se erradique esta cuestión? Los datos hablan por sí solos. En los juicios que se realizan por violencia machista, si el asesino confeso o el agresor confiesa la autoría de los hechos, el atenuante de confesión implica que la condena que se les vaya a aplicar sea rebajada. 2 de cada 4 asesinos confiesan sus crímenes y así no se enfrentan a las penas máximas de cárcel a las que deben aspirar.

Es por este motivo que ambos órganos piden que se regule la ley y se establezca una reforma legal en la que el atenuante de confesión no sea un precedente para evitar la cárcel, o para rebajar las condenas a las que los acusados tienen que enfrentarse.