Las claves del Caso ERE

Después de 9 años de investigación, la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado el pasado martes a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el caso ERE, uno de las mayores causas de corrupción política en España.

Ambos, líderes del socialismo andaluz, gobernaron la comunidad durante 23 años -Chaves de 1990 a 2009 y Griñán le relevó hasta 2013- y ahora también encabezan la lista de imputados, con un total de 21 procesados de los que solo dos han resultado absueltos.

Entre los años 2001 y 2011, la Junta de Andalucía concedió, mediante un procedimiento poco transparente, 680 millones de euros a ayudas para empresas con expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. Pero, ¿cómo se desarrolló esta trama de corrupción?

DESARROLLO DEL CASO ERE

La investigación comenzó hace 9 años, pero lo cierto es que todo comenzó en el año 2000, cuando la Junta de Andalucía, entonces con un gobierno socialista, impulsa ayudas para empresas en crisis que estaban llevando a cabo expedientes de regulación de empleo, conocido popularmente como ERE. La finalidad de este procedimiento es prejubilar o despedir, siempre bajo un marco legal en el que se respetan los derechos de los trabajadores.

En 2009, la Junta ya contaba con un total de 680 millones de euros para financiar este sistema de ayudas a empresas en crisis. Sin embargo, este dinero se repartió mediante un método de “transferencias de financiación”, que se aprobó previamente por la Consejería de Hacienda y fueron llevadas a cabo por la Consejería de Empleo. La finalidad de este sistema de financiación era agilizar los pagos, aunque, finalmente, este procedimiento no estuvo supervisado bajo ningún control y se actuó al margen de la legalidad.

Las Fiscalía Anticorrupción considera que este modus operandi tenía como objetivo la elusión de los controles de la Intervención General y que la Junta de Andalucía hizo un reparto “fraudulento” del dinero, ya que este tenía que ser empleado para compensar las pérdidas de las sociedades públicas y no para el pago de subvenciones.

Los exconsejeros de empleo, Antonio Viera y Antonio Fernández, firmaron en 2001 un acuerdo para agilizar la concesión de este sistema de subvenciones. Esto le permitió al entonces Director  General de Trabajo, Javier Guerrero, beneficiarse de este dinero invirtiéndolo, entre otras cosas, en costosos viajes personales. A su vez, Guerrero fue quien, en 2010, declaró ante la Policía Judicial que la Junta disponía  de “un fondo de reptiles para crisis” para que las empresas “pudieran respirar”.

“INTRUSOS” Y OTROS BENEFICIARIOS

De esta manera, la principal función de ese dinero se fue desvirtuando con el tiempo y, una parte, fue a parar a despidos y jubilaciones de personas que nunca habían trabajado en las empresas beneficiadas por los ERE. A estos trabajadores “fantasma” se les denominó “intrusos”. La mayoría de ellos eran conocidos cercanos o incluso familiares de Viera, Fernández y Guerrero. Uno de los “intrusos” más conocidos en esta macrocausa es Francisco Trujillo Blanco, el que fuera chófer de Guerrero no tuvo reparo en contar en sede judicial que figuraba como administrador de dos empresas ficticias que obtenían estas subvenciones y que tanto él como su jefe las utilizaban para “comprar cocaína” y para fiestas.

Los llamados “intrusos” no fueron los únicos beneficiarios de este sistema. Algunas empresas que no cumplían los requisitos para un ERE también obtuvieron esta  ayuda, así como intermediarios, como consultoras y aseguradoras, cuya función era mediar para pagar dichas subvenciones.

En total, de los 680 millones de euros que entraron para los ERE que entraron sin control según la Fiscalía de Anticorrupción, 12,3 millones se destinaros para “intrusos”, casi 74 para empresas y 60 millones a consultorías, bufetes y aseguradoras.

SENTENCIA E IMPUTADOS

El pasado diciembre, el juicio quedó visto para sentencia. En él se escucharon a 120 testigos entre los que estaba la expresidenta del gobierno andaluz, Susana Díaz, aunque el tribunal rechazó su comparecencia al considerar que Díaz no tenía relación con los hechos.

De los 50 investigados inicialmente, son 19 los que, finalmente, han sido acusados y dos han sido absueltos.

19 ACUSADOS

  • Manuel Chaves: 9 años de inhabilitación

Era Presidente de la Junta de Andalucía cuando se instauró ese sistema fraudulento de concesión de millones de euros para los ERE. Chaves ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

  • José Antonio Griñán: 6 años de cárcel

Fue presidente de la Junta justo después de Chaves y consejero de Economía y Hacienda durante la trama. Ha sido condenado de 6 a 2 años de prisión por los delitos continuados de malversación y prevaricación, así como la inhabilitación durante 15 años y dos días.

  • Francisco Javier Guerrero: 7 años y 11 meses de cárcel

El exdirector general de Trabajo y Seguridad de la Junta tiene una de las mayores penas de la sentencia: 7 años y 11 meses de prisión e inhabilitación durante más de 19 años por los delitos de malversación y prevaricación.

  • Antonio Fernández: 7 años y 11 meses de cárcel

Comparte la mayor pena junto a Guerrero, Fernández, consejero durante los años de mayor auge de la trama se enfrenta a casi 8 años de cárcel y 19 años de inhabilitación por los delitos continuados de malversación y prevaricación.

  • José Antonio Viera: 7 años de cárcel

Fue consejero de empleo antes que Antonio Fernández y tienen que cumplir 7 años de cárcel y 18 de inhabilitación por los delitos continuados de malversación y prevaricación.

  • Francisco Vallejo: 7 años de cárcel

Por su papel como consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de 2004 a 2009 ha sido condenado a 7 años de prisión y 18 de inhabilitación absoluta por malversación y prevaricación.

  • Magdalena Álvarez: 9 años de inhabilitación

Fue la antecesora de Griñán y ministra de Fomento en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque la trama se destapó cuando ya no estaba en el gobierno, ha sido condenada a 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

  • Gaspar Zarrías: 9 años de inhabilitación

Exconsejero de la Presidencia y exvicepresidente de la Junta ha sido condenado por un delito continuado de prevaricación.

  • Carmen Martínez Aguayo: 6 años de cárcel

Viceconsejera de Hacienda en 2004, cargo que le ha llevado a enfrentarse a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación continuados.

  • Agustín Barberá: 7 años de cárcel

Fue viceconsejero de Empleo de 2004 a 2010, años en los que se produjo el fraudo de los ERE. Barberá ha sido condenado a 7 años de prisión y la inhabilitación durante 18 años por delitos de malversación y prevaricación.

  • Juan Márquez: 7 años de cárcel

Sucedió a Guerrero como director General de Trabajo en 2009 y 2010. Márquez reconoció haber utilizado los fondos con otros fines a los debidos y ha sido condenado a 7 años y a inhabilitación durante 18 años.

  • Jesús María Rodríguez: 6 años de cárcel

Su puesto como viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa de 2005 a 2010 ha sido el que le ha llevado a prisión durante 6 años y a la inhabilitación durante 15 por malversación y prevaricación.

  • Miguel Ángel Serrano: 6 años y 6 meses de cárcel

Director general de la Agencia IDEA de 2004 a 2008, que en esta trama tenía el papel de pagar las ayudas irregulares que concedía la Consejería de Empleo. Serrano ha sido condenado a 6 años 6 meses de prisión, además de su inhabilitación absoluta durante 17 años por los delitos de malversación y prevaricación.

  • José Salgueiro, Antonio Vicente Lozano, Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez: 9 años de inhabilitación

El viceconsejero de Economía y Hacienda, el exdirector General de Presupuestos de la Junta de Andalucía, un ex alto cargo de la Junta y el último exsecretario general técnico de la Consejería de Empleo han sido condenados a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

  • Lourdes Medina y Jacinto Cañete: 8 años y 6 meses de inhabilitación

La que fuera secretaria general técnica de la Consejería de Empleo y el exdirector general de la Agencia IDEA, han sido condenados a 8 años y 6 meses de inhabilitación, la primera por un delito de malversación y el segundo por un delito de prevaricación.

DOS ABSUELTOS

  • Manuel Gómez. La Fiscalía pedía para el exinterventor de la Junta de Andalucía 6 años de prisión y 10 de inhabilitación por malversación y prevaricación.
  • Francisco del Río. El exjefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía se ha librado de 10 años de inhabilitación por prevaricación.