Apretón de manos, sonrisas y la firma de un acuerdo sin concreciones. Y menos aún sin concreciones sobre la violación de los derechos humanos en Corea el Norte. La histórica reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jon-un celebrada en Singapur se ha zanjado con la firma de un documento basado en cuatro puntos que ignora la situación dramática en la que se encuentra el país asiático.

El pacto implica la puesta en marcha de nuevas relaciones diplomáticas entre los dos países, la construcción de un régimen de “paz duradero y estable” en la península coreana, la desnuclearización de Corea del Norte y la entrega de Pyongyang de los restos de antiguos prisioneros de guerra desaparecidos en combate. Sin embargo, los mandatarios no han especificado los mecanismos que llevarán a cabo para cumplir el acuerdo. Además, han ignorado la continua violación de derechos humanos que comete el régimen de Jon-un en el país asiático.

Ausencia de libertad de expresión, desnutrición y esclavitud en Corea del Norte

Según denuncia Amnistía Internacional, se calcula que entre 80.000 y 120.000 personas siguen recluidas en los campos penitenciarios de Corea del Norte, donde presas y presos políticos corren peligro de ser sometidos a tortura, trabajo forzoso y otros malos tratos, y de ser ejecutados. “Muchas de las personas que están en campos penitenciarios no han sido condenadas por ningún delito reconocido internacionalmente: están detenidas de forma arbitraria por su relación con personas que el Estado considera una amenaza, lo que se denomina “culpabilidad por asociación””, explica la organización humanitaria.

Respecto a la falta de libertad de expresión en el país, Amnistía Internacional recalca que “sigue habiendo graves limitaciones en el acceso a la información y a las comunicaciones”. “Aunque más de tres millones de habitantes de Corea del Norte tienen conexión de telefonía móvil, se trata fundamentalmente de una red nacional, donde los servicios internacionales están bloqueados. Se somete a vigilancia, acoso o incluso detención a quienes tratan de ponerse en contacto con familiares y amistades que han salido del país”, añade la organización.

Por otro lado, Amnistía Internacional calcula que un millón de coreanos y coreanas han sido separados o alejados a la fuerza de sus familias por desplazamientos durante la guerra, desapariciones forzadas y secuestros. “En Corea del Sur, Japón y otros países hay unos 30.000 norcoreanos y norcoreanas que no disponen de ninguna vía legal para comunicarse con sus familias en Corea del Norte. “El gobierno también debe resolver los secuestros y cooperar con las investigaciones realizadas por otros Estados sobre tales denuncias”, exige la organización.

Según el Programa Mundial de Alimentos y que recoge la organización, en Corea del Norte hay 10,3 millones de personas que sufren desnutrición. Los niños y niñas pequeños y las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia se encuentran entre la población más afectada. “Muchas personas sufren desnutrición crónica. Corea del Norte debe aceptar la ayuda internacional, y permitir el acceso sin trabas del personal de ayuda humanitaria”, recalca Amnistía internacional.

Además, Corea del Norte sigue enviando trabajadores y trabajadoras a otros países para generar ingresos, la mayoría para el gobierno. “Las autoridades norcoreanas mantienen un estrecho control sobre las comunicaciones y los movimientos de estas personas, a las que, además, se priva de información sobre los derechos laborales del país de acogida, donde están sometidas a jornadas laborales excesivamente largas y sufren condiciones de explotación”, concluye Amnistía Internacional.