La moción imprescindible

Los argumentos a favor de la moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno Rajoy son tan evidentes que resulta más interesante centrarse en rebatir los argumentos esgrimidos por sus contrarios. Tras la contundente sentencia del caso Gurtel, la elección es inequívoca: o mantenemos el Gobierno en manos de Rajoy y su partido condenado por corrupción, o damos paso a un Gobierno que recupere la dignidad de nuestras instituciones democráticas. Tan fácil como esto.

El primer argumento utilizado contra la moción ha sido el de la inestabilidad. La propia vicepresidenta del Gobierno intentó achacar a la iniciativa del PSOE la responsabilidad por el aumento en los últimos días del coste de la deuda y la caída de algunos valores bursátiles. “Nos cuesta mucho dinero”, se atrevió a manifestar la señora Sáenz de Santamaría. Sin embargo, lo que realmente preocupa a las instituciones económicas y lo que ciertamente disuade a los inversores es la corrupción que anega a la dirigencia del partido gobernante, constatada ya por los tribunales de Justicia. Nada desestabiliza más en una democracia que los comportamientos corruptos en sus mandatarios. El primer objetivo de la moción consiste, precisamente, en recuperar la dignidad de las instituciones y, por tanto, su estabilidad.

El segundo argumento contrario a la moción reprocha su carácter supuestamente “no democrático”, en razón a que “busca obtener en los despachos lo que no se obtuvo en las urnas”. Son palabras del líder de Ciudadanos. Además de desconocer los cauces que la Constitución establece para formar Gobierno, esta argumentación ignora los principios más elementales del parlamentarismo. En las democracias parlamentarias no gobierna de forma automática aquel que obtiene un voto más que el segundo clasificado, sino aquel que logra el apoyo mayoritario entre los legítimos representantes de la ciudadanía. Por tanto, un candidato que suma el apoyo de la mayoría parlamentaria, por ejemplo mediante un moción de censura, es un candidato con plena legitimidad democrática. Resulta extraño, sin embargo, que el propio Rivera, al tiempo que niega legitimidad al candidato socialista con más de cinco millones de votos populares, proponga la elección de un presidente “instrumental” sin respaldo electoral alguno.

El tercer impedimento tiene que ver con la reivindicación de unas elecciones generales a corto plazo. Paradójicamente, Ciudadanos reclama un acuerdo entre los partidos constitucionalistas para poner en práctica una medida claramente inconstitucional: la  llamada “moción instrumental”. Porque tal cosa no existe en nuestra Carta Marga. Por el contrario, el artículo 113 de la Constitución ofrece la posibilidad de “exigir la responsabilidad política del Gobierno” mediante una moción constructiva, que conlleve simultáneamente la investidura de un nuevo Presidente.

Toda vez que el candidato socialista ha comprometido públicamente la convocatoria electoral en breve plazo, y dado que el actual presidente ha manifestado su intención de agotar la legislatura, las opciones en el voto de la moción de censura también son claras a este respecto. Votar sí equivale a elecciones adelantadas, y votar no equivale a elecciones retrasadas. El cuarto motivo es el de la garantía de la integridad territorial. Pretenden argumentar los contrarios a la moción que el supuesto voto favorable por parte de los diputados nacionalistas e independentistas pondría en riesgo la unidad del país. Sin embargo, el candidato ha sido absolutamente explícito en su voluntad de defender desde el Gobierno “el ordenamiento constitucional y la unidad de España”.

Hace falta tener mala fe para poner en duda el compromiso del PSOE con la Constitución y la integridad territorial de España. El Partido Socialista fue protagonista fundamental en la elaboración, la aprobación y el desarrollo de la Constitución de 1978. El PSOE es el partido español que más tiempo ha gobernado aplicando la ley de leyes. Y ningún partido ha sido más firme, coherente y leal en el apoyo al actual Gobierno durante la aplicación del artículo 155, para hacer frente al desafío separatista en Cataluña. También se habla de lo inadecuado de dar lugar a un gobierno “Frankenstein”, como eufemismo de un ejecutivo con apoyos fragmentados y diversos. Ciertamente, resulta mucho más interesante para la estabilidad política del país contar con un gobierno de apoyos amplios y sólidos. Pero esa es una decisión a adoptar por el pueblo soberano, y el pueblo soberano decidió libremente en las últimas elecciones que su representación fuera como es: fragmentada y diversa.

El Gobierno del PP acaba de aprobar su proyecto de presupuestos en el Congreso gracias al apoyo de un conjunto fragmentado y diverso de hasta siete partidos políticos distintos: Partido Popular, Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco, Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y Nueva Canarias. ¿Qué apoyos requeriría un gobierno alternativo tras la moción de censura? Pues eso, un conjunto de apoyos fragmentados y diversos, pero distinto en su configuración y en sus objetivos. En todo caso, los analistas dados al lamento por la representación crecientemente fragmentada y a la nostalgia por las grandes mayorías, debieran asumir que esta es una tendencia a escala europea y muy de fondo. Por tanto, sin abandonar la lógica vocación de mayoría inherente al menos a la socialdemocracia, conviene acostumbrarse por un tiempo a hacer política con mucha voluntad de diálogo y mucha capacidad de acuerdo.

En realidad, solo hay una razón creíble para votar contra la moción de censura presentada por el PSOE: mantener en el Gobierno a Mariano Rajoy y a su partido condenado por
corrupción. Pero es una razón moralmente inaceptable.

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