El Gobierno rescata peajes y crea plan contra tráfico ilegal de animales

El Gobierno rescatará ocho de las nueve autopistas de peaje que se han declarado en quiebra al tomar razón de la resolución de los contratos con sus actuales concesionarios. En una línea muy diferente, en el consejo de ministros de este 16 de febrero, se ha anunciado el uevo plan, pionero en Europa, para luchar contra el tráfico ilegal de especies amenazadas.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el ‘rescate’ de ocho de las nueve autopistas de peaje que están en quiebra al autorizar la anulación de los contratos con las actuales sociedades concesionarias de las vías.

El Gobierno también ha instado a que se determinen las fechas exactas en las que el Ministerio de Fomento, a través de su sociedad Seittsa, pase a hacerse cargo de las autopistas, según informó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En concreto, el Consejo ha autorizado rescindir siete contratos de concesión. Se trata del correspondiente a las autopistas radiales R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, y a los de la R-4 Madrid-Ocaña, la R-2 Madrid-Guadalajara, la M-12 Madrid-Aeropuerto de Barajas, la AP-36 Ocaña-la Roda, el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y la Circunvalación de Alicante.

La ruptura de los contratos supone un proceso de trámites administrativos, entre ellos la consecución de informes de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado. Una vez que estén listos, el Consejo de Ministros volverá a ratificar la resolución contractual.

En paralelo, con el fin de garantizar la continuidad del servicio de las autopistas, el Ejecutivo ha instado al delegado del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas a determinar la fecha en que Fomento pasará a hacerse cargo de estas vías.

Primer rescate, el miércoles

Por el momento, sólo hay fecha para el ‘rescate’ para tres de ellas. La R-4 será asumida por el Ministerio el próximo miércoles 21 de febrero y la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante el 1 de abril, en la fecha que el juez dictó para que pasen al Estado.

Fomento prevé asumir el resto de vías entre lo que queda de este mes y el de marzo, si bien fijará la fecha de acuerdo con los juzgados que acordaron su liquidación y con sus administradores concursales, según destalló el Ministerio.

En cuanto a la otra vía quebrada, la AP-41 Madrid-Toledo, el Ejecutivo aún no ha anulado el contrato, dado que esta vía no ha alcanzado la fase de liquidación en el proceso de concurso de acreedores en que están inmersas todas ellas desde 2012.

El objetivo de Fomento con este ‘rescate’ es “garantizar que las autopistas sigan prestando servicio a los usuarios” tras la quiebra de sus actuales sociedades concesionales, mientras se vuelve a ceder su explotación a empresas privadas mediante un concurso público que “lanzará en los próximos meses”, según recordó Méndez de Vigo.

Las sociedades concesionarias de las vías con las que el Ejecutivo rescinde el contrato están participadas por grupos concesionales como Abertis y Globalvía, grandes constructoras como ACS, Ferrovial, OHL y Sacyr, y entidades bancarias.

‘Factura’ para las arcas públicas

Una vez que estos contratos de concesión de las autopistas queden definitivamente resueltos comenzará a contar el plazo de seis meses con que cuenta Fomento para calcular y pagar la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Se trata del importe que, por contrato, tiene que pagar a sus actuales concesionarios por las inversiones que realizaron para construir las autopistas, un importe que Fomento ya ha reconocido que afectará al déficit público de este año.

El Gobierno unos 2.000 millones esta ‘factura’ en el plan de estabilidad remitido a Bruselas el pasado otoño, pero los fondos oportunistas que tienen la deuda de las autopistas lo estiman en unos 4.500 millones.

Si bien el Ejecutivo asegura que su cálculo es “orientativo” y que además, espera cubrir parte del mismo con los hasta 1.000 millones que espera obtener con la relicitación de las vías, el impacto en las cuentas públicas podría ser finalmente de unos 1.000 millones.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Plan de Acción Español contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres que incluye 26 medidas para tratar de frenar “una de las actividades ilícitas organizadas más lucrativas a nivel mundial”, tanto en España, como en los países de origen de los productos y especies, con los que se reforzará la cooperación en este terreno.

Según ha anunciado el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de un plan “pionero” en Europa para “mejorar la conservación” de especies de fauna y floras amenazadas, cuyas medidas se acometerán entre 2017 y 2020.

Además, ha dicho que en su elaboración han participado distintos Ministerios (Asuntos Exteriores y Cooperación; de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; de Economía, Industria y Competitividad; de Hacienda y Función Pública), así como la Guardia Civil o la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, ha destacado que se pondrán en marcha 26 medidas específicas organizadas en tres líneas de actuación dirigidas a prevenir, aplicar y hacer cumplir las normas y reforzar la asociación mundial de países de origen, consumo y tránsito de especies.

El plan alerta de la magnitud del tráfico ilegal y el furtivismo de especies se ha convertido lucrativo negocio de cifras difíciles de cuantificar con exactitud pero que se estima entre 8.000 y 20.000 millones de euros y que afecta a un “amplio abanico” de especies protegidas como elefantes, rinocerontes, corales, mánidos, tigres o los grandes simios, entre otras.

Con las 26 medidas del plan de acción entre 2017 y 2020 se priorizará la conservación de especies silvestres amenazadas de acuerdo con los compromisos adquiridos por España en el marco del Plan de Acción de la Unión Europea para combatir el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres.

España, punto caliente del tráfico ilegal de especies

De hecho, el plan de acción reconoce a España como un “punto caliente” y puerta de entrada a Europa de gran parte del tráfico ilegal de especies procedente de África y América como reptiles, aves y pequeños simios y que genera que el tráfico ilegal y el furtivismo genera un efecto “desastroso” sobre la biodiversidad y amenaza la supervivencia de varias especies.

“No solo constituyen un incentivo para prácticas corruptas sino que las propician, socavando así el Estado de Derecho. Especialmente en algunas regiones de África, tienen un impacto muy negativo sobre el potencial de desarrollo económico”, añade el texto que recuerda que este negocio es “muy atractivo” para los delincuentes porque es “sumamente lucrativo” porque su represión es muy baja en comparación con otras actividades ilícita y las opciones para detectarlo y sancionarlo son “muy limitadas”.

Las medidas incluyen actuaciones para mejorar las condiciones de vida y la gestión de los conflictos con la fauna silvestre por las comunidades locales en los países de origen; para reforzar los mecanismos de inspección transfronteriza y de persecución de actividades ilegales.

En materia de prevención, se tratará de reducir la oferta y la demanda de productos ilícitos de especies silvestres con campañas de sensibilización y con medidas más restrictivas para el comercio de productos objeto del furtivismo o tráfico ilegal, como el marfil de elefante, especimenes vivos de especies o carnes exóticas.

En ese sentido, el plan prevé trabajar también con las comunidades locales de los países de origen para que se impliquen más en la conservación de la vida silvestre y obtengan más beneficios por ello, con medidas como programas de caza certificada con buenas prácticas y asistencia para la lucha con el furtivismo y prevención de daños a las economías locales por parte de las especies.

Otra de las actuaciones en materia de prevención será lograr la implicación activa de los sectores empresariales, desde los que participan en el tráfico y comercio de vida silvestre o usan productos de especies silvestres hasta los que prestan servicios para el comercio.

Al mismo tiempo, se adoptarán medidas bilaterales y multilaterales para enfrentar la corrupción, factor esencial que hace posible el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres, a lo largo de toda la cadena coercitiva.

Una de las novedades del plan es que se creará la Oficina Central Nacional de análisis de información sobre actividades ilícitas medioambientales en la estructura del SEPRONA en la que participarán también organismos e instituciones con competencia y que derivará a la Fiscalía General del Estado los supuestos penales y esta, por su parte, asumirá su investigación y persecución.

Cooperación internacional

En esa línea se formarán especialistas en lucha contra el crimen
organizado, ciberdelincuencia y blanqueo de capitales y se reforzará la cooperación internacional para asistir a los países de origen.

En materia de cooperación, el plan quiere utilizar “con mayor eficacia” los instrumentos diplomáticos y desarrollará instrumentos para abordar los vínculos entre el tráfico ilegal y furtivismo internacional de especies silvestres y la amenaza a la seguridad de la sociedad civil.

Del mismo modo se cooperará con terceros países a través de incentivos económicos a las comunidades locales de los países donde se extraen las especies para implicarlas activamente en las iniciativas y en los proyectos de conservación que se ejecuten en sus territorios.

El plan incluye también cooperación a través de la formación y la capacitación de las guarderías y los equipos de gestión de parques, reservas y áreas comunitarias y concesiones de caza certificadas en colaboración con los técnicos de Parques Nacionales, del SEPRONA.

Al mismo tiempo se aportarán medios de vigilancia a estas comunidades, con vehículos, cámaras de vigilancia, cercados, etcétera. En materia de formación se habilitará con formación como guías de ecoturismo en los países de origen.

Por otro lado, el plan afecta también al sector cinegético, al que se concienciará en la necesidad de buenas prácticas tanto en la caza como en el traslado de trofeos para garantizar que las importaciones y exportaciones de estos no suponga un perjuicio para las especies y las poblaciones afectadas y para que estos puedan generar un beneficio a las especies y a las comunidades locales.

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