Pide investigar la muerte de su hijo en la cárcel de Aranjuez

El padre de un interno que falleció en la cárcel madrileña de Aranjuez el pasado 20 de agosto ha reclamado a la Audiencia Provincial de Madrid que se investigue la muerte de su hijo, con el fin de esclarecer si fue víctima de un homicidio y si el centro cometió alguna negligencia en su deber de supervisar la seguridad del recluso.

El Juzgado número 1 de Aranjuez archivó la denuncia

La familia del preso ha presentado un recurso, en el que denuncia que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aranjuez ha archivado el caso sin atender a las “numerosas” diligencias de investigación que ha solicitado para aclarar las causas del fallecimiento.

A su juicio, el centro penitenciario podría ser “responsable directo” al encontrarse el recluso bajo su “tutela y supervisión”. La defensa, ejercida por los abogados Virginia López-Negrete y Juan Gonzalo Ospina, recuerda así que el Tribunal Supremo ha establecido que la Administración debe velar por la vida y la seguridad de los internos, puesto que lo contrario constituiría una ‘culpa in vigilando’.

El padre, residente en Miami, ha interesado que Prisiones se haga cargo de los gastos derivados de los servicios funerarios y el juzgado acuerde la incineración del cuerpo y la puesta a disposición de las cenizas del fallecido a sus queres queridos.

Informe del Hospital de Medicina Forense

La jueza sustituta Susana González decretó el pasado enero el sobreseimiento provisional de las actuaciones esgrimiendo que el informe de la autopsia descartaba indicios de homicidio y rechazando que el centro cometiera irregularidad alguna, puesto que “nunca” estuvo incluido en el Programa de Prevención de Suicidos.

Sin embargo, el padre de I.M. pone de relieve que dicho informe se trasladó a la familia cuatro meses después del fallecimiento y advierte de que tanto el Tribunal Supremo como la Ley de Enjuiciamiento Criminal contemplan que sean “dos peritos” los que realicen los dictámenes para “reforzar su eficacia, acierto y rigor técnico”.

En su opinión, sorprende que sea solo un perito quien firme el dictámen teniendo en cuenta la “gravedad” de los hechos acaecidos. Por ello, reclama que el Hospital de Medicina Forense, adscrito al juzgado, realice un contra-informe con el objeto de contrastar el que obra en la causa.

Grabación de las cámaras de seguridad

El padre ha solicitado también sin éxito la grabación de las cámaras de seguridad que enfocaron entre el 19 y 20 de agosto de 2015, incluida la noche, a la celda de su hijo para conocer qué hizo las horas anteriores a quitarse la vida, si pudo haberse evitado, tuvo algún comportamiento extraño y si había vigilancia en ese momento.

A su juicio, llama la atención que el informe psicológico de la prisión de León –en la que su hijo estuvo interno los nueve años anteriores– le describiera como una persona “estable” y con un “aparente buen comportamiento”.

“No entiendo cómo se explica, cómo puede cambiar tanto un interno en siete u ocho meses para poder llegar a tomar una decisión como la del suicidio, cuando en los nueve años anteriores habiendo estado interno en León no hubo indicio de trastorno alguno, desequilibrio o cuadro psicótico que pudiera cometerlo”, señala.

El padre, que solicita los interrogatorios del director, los psicólogos y otros trabajadores del centro penitenciario Madrid-VI, denuncia que se está vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva al no haberse practicado la “más mínima y esencial diligencia de investigación”.