La juez de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid, María del Prado Torrecilla, quien decreto este lunes el tercer grado penitenciario al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra fue suspendida en sus funciones durante 7 meses por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2003.
Se le sancionó por las presiones que ejerció sobre su compañera Reyes Jimeno en favor de la concesión del tercer grado penitenciario al ex banquero Mario Conde, quien en esos momentos cumplía condena por el ‘caso Banesto’. No se aceptó la petición de la Fiscalía para que fuera expulsada de la carrera.
La suspensión que se impuso a Torrecilla en 2003 le supuso la pérdida de destino como juez de vigilancia de la capital, puesto que recuperó más tarde, una vez que concursó de nuevo a la plaza cumplida la sanción.
El CGPJ acordó la suspensión de Torrecilla por unanimidad. Según informó el entonces portavoz del Consejo y actual magistrado de la Audiencia Nacional, Enrique López se la encontró responsable una falta disciplinaria muy grave, prevista en el artículo 417.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que sanciona “la intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro Juez o Magistrado”.
El instructor del expediente disciplinario a la juez Torrecilla, el magistrado Eduardo Calvo, pedía una segunda sanción de un año de suspensión por las supuestas presiones de la juez al director de la cárcel de Alcalá-Meco, donde está recluido Conde. Esta segunda sanción fue rechazada por el Consejo.
Según el instructor del expediente, Eduardo Calvo, Torrecilla intentó “de modo consciente y voluntario” conseguir un trato favorable a Mario Conde, entonces preso por el “caso Banesto”, después de que el Tribunal elevase su condena a 20 años de prisión. Torrecilla fue denunciada en diciembre de 2002 ante el CGPJ por la juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid, Reyes Jimeno, quien había denegado el tercer grado penitenciario solicitado por Mario Conde, que cumplía entonces su condena de 18 de cárcel por los casos Banesto y Argentia Trust.
