Al día #En140Segundos

Francia, la cuna de la democracia moderna, las libertades y los derechos civiles, parece otra desde los atentados del 13 de noviembre. Declarada públicamente la guerra contra el terror, el gobierno está dispuesto a modificar la Constitución y redefinir quién puede, o merece, ser francés.

Dicho de otro modo, Francia antepone la seguridad a la libertad, o si lo prefieren en palabras del presidente Hollande: la “voluntad es poner todo el poder del Estado al servicio de la protección de los ciudadanos”. Algo inédito en el país vecino.

El debate parlamentario comenzará la próxima semana e incluye medidas como quitar la nacionalidad a quienes cometan o ayuden a cometer atentados terroristas. A partir de la reforma, cualquier persona podrá “ser desposeída de la nacionalidad francesa o de los derechos que ella conlleva cuando sea condenada por un crimen o delito que constituya un ataque grave a la vida de la nación”.

Esta medida afectará a los delitos de asociación de malhechores con fines terroristas, la financiación directa del terrorismo o a las acciones terroristas individuales. Los condenados también perderán el derecho al voto o a ser elegidos.

Lo que no se ha despejado todavía es la manera de hacerla efectiva: bien a través de una orden administrativa del Consejo de Estado o bien incluida como pena complementaria en las condenas que dicten los magistrados antiterroristas.

La otra gran reforma otorga poderes excepcionales al gobierno y a la policía para combatir a los terroristas una vez declarado el estado de emergencia. Por ejemplo, la policía podría arrestar, registrar o asignar residencia a ciudadanos sin una orden judicial previa. Basta con que determine que ese ciudadano manifieste un comportamiento sospechoso.

Resulta cuando menos curioso, que el mismo presidente que ha anulado una cena oficial con el presidente de Irán por defender la libertad de elección individual y la cultura francesa -y eso que en la visita están en juego importantes contratos comerciales- sea a quien no le tiembla el pulso al proponer suspender derechos ciudadanos en la declaración del estado de emergencia.

El debate promete ser interesante, de calado -porque puede extenderse a otros países- y ya divide a la sociedad francesa. Tanto, que ya se ha cobrado una baja, la de la ministra Christiane Taubira, quien públicamente ya se había opuesto a la reforma constitucional afirmando que: “El peligro terrorista es grave e imprevisible, pero creo que no debemos concederle ninguna victoria ni militar, ni diplomática, ni política, ni simbólica”.

Francia legisla en caliente y bajo el miedo que se ha apoderado de toda Europa por el terrorismo yihadista. Un terror que según Human Rights está auspiciando legislaciones restrictivas en toda Europa contra los inmigrantes, cuya cara más visible son los controles de fronteras.

Pero, ¿quién serán los enemigos de Francia mañana?