Al día #En140Segundos
Grecia, de nuevo en el ojo del huracán y ahora por los refugiados. Europa quiere frenar la entrada masiva de inmigrantes y acusa a Tsipras de no controlar las fronteras griegas. Bruselas, amenaza con quitarle esa competencia y que sean policías y guardacostas de otros países quienes las vigilen.
Eso, o echar al país de Schengen, es decir, del grupo de países europeos donde se permite la libre circulación de personas.
Las acusaciones son directas. El Gobierno griego no controla sus fronteras marítimas, no registra e identifica debidamente a los inmigrantes y no coopera con sus países vecinos. Asimismo, las autoridades comunitarias afirman que Grecia no cruza los datos de los inmigrantes “con las principales bases de datos de seguridad, como Interpol”.
Un descontrol muy grave y con consecuencias para el resto de la Unión Europea. Todos los días llegan a Grecia entre 1.700 y 5.000 refugiados que utilizan Grecia como plataforma para dirigirse a otros países europeos. Y como no se les controla en origen, hasta seis países han tenido que introducir sus propios controles: Alemania, Austria, Francia, Suecia, Noruega, Dinamarca.
Esta descoordinación en Grecia está provocando que los refugiados realicen viajes de ida y vuelta por diferentes países europeos sin rumbo fijo: Alemania devuelve a Austria hasta 200 refugiados al día, y este país hace los propio con Hungría, por ejemplo.
Grecia tiene tres meses de plazo para solucionar esta cuestión.
Pero esta es una pequeña parte de la crisis migratoria en lo tocante a las fronteras. El acuerdo firmado con Turquía para que se quedaran en este país no esta surtiendo efecto. Los 3.000 millones de euros prometidos y agilizar los trámites para que los turcos viajen a la UE sin visado no ha surtido efecto. Las mafias siguen operando libremente en Turquía.
Los otros asuntos de fondo tampoco resultan nada edificantes y dicen poco de la eficacia de Europa para solucionar el problema: La UE ha reubicado a 414 refugiados de los 160.000 comprometidos y las ONGs reclaman 500 millones de euros para atender las necesidades básicas de los refugiados que llegan a las fronteras europeas.