Los ministros de Interior de la UE debaten sobre Schengen

La vigilancia de los flujos migratorios dentro del espacio sin fronteras Schengen seguirá este lunes concentrando gran parte de la discusión sobre seguridad e interior de los Estados miembros, cuyos ministros de Interior se reúnen en Ámsterdam con el objetivo añadido de mostrar las primeras opiniones sobre la propuesta de Bruselas de crear un cuerpo europeo de fronteras.

Se trata de un primer debate, en el marco de una reunión informal, para conocer las posiciones de partida de cada Estado miembro e identificar sus principales reservas. Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en su cumbre del pasado diciembre, se comprometieron a adoptar una posición al respecto antes de que acabe junio.

La Comisión Europea planteó el pasado diciembre la necesidad de crear un cuerpo europeo para vigilar la frontera terrestre y marítima de la Unión Europea, capaz de movilizar de manera urgente a hasta 1.500 agentes y encargada de supervisar las puertas de entrada al territorio comunitario, incluso con ‘test de estrés’ para identificar los riesgos.

Sin embargo, uno de los aspectos que más recelo despertó entre los gobiernos europeos, por afectar a su soberanía, era la idea de que este cuerpo pudiera ser desplegado en un Estado miembro en situaciones extremas, incluso cuando éste no lo hubiera solicitado.

Así las cosas, la presidencia europea, que este semestre ocupa Países Bajos, interrogará a los ministros sobre la disposición de sus gobiernos a la “responsabilidad compartida” en la gestión del cuerpo fronterizo y en la contribución con efectivos y medios que plantearía su puesta en marcha.

Grecia, principal puerta de entrada de los miles de refugiados que tratan de llegar a la UE y con grandes problemas para registrar y controlar su paso, es, junto a España, el país que más claramente se ha opuesto en los debates preparatorios al planteamiento de  compartir la responsabilidad.

España sí está de acuerdo en emprender un “refuerzo” de la Agencia Europea de control de Fronteras Exteriores (Frontex), que permita hacer frente “a una situación excepcional como la de 2015”, han apuntado, por su parte, fuentes diplomáticas.

Las discusiones deberán abordar desde el “concepto” en sí mismo de la propuesta del Ejecutivo comunitario, dónde se ubicaría su estructura, si debería ser un cuerpo propio o contar con un retén mínimo disponible y, sobre todo, aclarar cuál debe ser el papel de los Estados miembros en todo el proceso.

CONTROLES INTERNOS: SCHENGEN

La vigilancia de las fronteras exteriores no es la única clave que los ministros de Interior discutirán este lunes de cara a controlar el tránsito en la UE de los llamados ‘combatientes extranjeros’, ciudadanos europeos que viajan a Siria o Irak para ser formados por yihadistas y regresan a Europa con el objetivo de atentar.

Además, los ministros deben explorar las posibilidades que permite Schengen para mantener el control dentro de la Unión Europea, ahora que hasta siete de los 26 Estados miembros de este espacio de libre circulación han reintroducido controles sistemáticos en sus fronteras interiores.

Alemania, Austria, Suecia, Francia, Malta, Dinamarca y Noruega cuentan con algún tipo de control reforzado, pero el código Schengen impone que sean medidas temporales y las primeras expirarán en el mes de mayo.

Por ello, los ministros necesitan iniciar la reflexión sobre “soluciones, alternativas”, habida cuenta de que al menos Alemania y Francia han dejado claro su intención de no levantar los controles mientras persista la amenaza terrorista.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha alertado del riesgo de introducir “alegremente” controles fronterizos dentro de la Unión Europea y de las consecuencias que ello podría tener para el mercado interior.

“Hoy reintroducimos alegremente los controles en las fronteras, mañana nos daremos cuenta de que ello tiene un coste económico considerable y pasado nos preguntaremos para qué una moneda única si no hay libertad de movimiento”, dijo hace días ante el pleno del Parlamento Europeo. Juncker asegura que la vuelta a los controles sistemáticos dentro del conjunto de la UE tendría un coste de unos 3.000 millones de euros.