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Ha arrancado el juicio por el caso Madrid Arena. El 31 de octubre  de 2012 el pabellón celebró una fiesta de Halloween organizada por la empresa Diviertt, propiedad de Miguel Ángel Flores, en la que se excedió notablemente el aforo y en la que se produjo una avalancha que acabó con la vida de 5 jóvenes.

La previsión era de 7000 pero había 23.000 personas en un recinto con espacio para 10.000, en el momento de la avalancha, las medidas de seguridad no fueron suficientes para garantizar la seguridad de todas ellas, debido a que el dspositivo preparado contaba solo con las 7000 que Flores confirmó. 15 personas han sido imputadas y tres concejales del ayuntamiento que dirigía Ana Botella tuvieron que dimitir como muestra de asunción de responsabilidades tras la tragedia.  Ahora, esos 15 imputados entre los que, por supuesto, está Miguel Ángel Flores, tendrán que responder ante la justicia en un juicio que se prevé que se alargue al menos durante cinco meses.

La primera sesión se ha dedicado, como suele ser habitual, a las cuestiones previas. El abogado de Flores ha denunciado ciertas irregularidades durante la instrucción del caso que demostraban una «falta de imparcialidad objetiva y subjetiva», unas irregularidades que la Fiscalía no encuentra por ningún sitio, pese a que no se haya imputado a ningún cargo del Ayuntamiento como subrayaba el letrado. Por estos hechos, Flores ha pedido la nulidad del proceso y que continúe la instrucción,petición que ha sido declinada por el Tribunal.

Se piden cuatro años de prisión por cinco homicidios por imprudencia grave, una solicitud de la fiscalía, que la acusación de las familias de las víctimas eleva hasta 20. Para  12 imputados, la petición de la fiscalía es de tres años de prisión, por el mismo delito y para los médicos Simón y Carlos Viñals, la fiscalía pide tres años, pero el juez eleva esa petición a tres.

La defensa de Flores argumenta que la seguridad no dependía de él y que el auto judicial solo aporta indicios y no pruebas. Según la defensa los verdaderos responsables son las autoridades del consistorio que gestionaban el pabellón, que la culpa es suya por arrendar un espacio no apto para el tipo de fiesta que la empresa Diviertt quiso celebrar.