El juez Andreu propone juzgar a Rato por las ‘tarjetas black’

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha concluido la investigación que seguía contra los exdirectivos de Caja Madrid y Bankia que utilizaron las ‘tarjetas black’ opacas al fisco y ha propuesto juzgar al expresidente de estas dos entidades Rodrigo Rato, al de la caja madrileña Miguel Blesa y a otros 64 antiguos representantes de la entidad.

En un auto dictado este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 concluye que los hechos investigados podrían ser constitutivos del delito de administración desleal, en el caso de los imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades (órganos que aprobaron el uso de los plásticos), y de apropiación indebida en el del resto de directivos que los utilizaron.

Según el juez, existen indicios racionales y fundados de criminalidad contra los miembros del Consejo de Administración y la Comisión de Control y el resto de ejecutivos de Caja de Madrid y Bankia que recibieron las ‘tarjetas black’, que fueron emitidas “sin respaldo contractual alguno” y usadas para “gastos personales y propios”, que ascendieron entre 1999 y 2012 a un total de 15,5 millones de euros.

En su resolución, en la que transforma las actuaciones en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, Andreu destaca que los plásticos fueron otorgados “fuera del circuito ordinario de otorgamiento de tarjetas de empresa de la entidad”, sin que aparecieran reflejadas en ningún contrato de trabajo o mercantil y sin que se hubiera acordado sobre las mismas cualquier “previsión estatutaria o decisión de los órganos de gobierno”.

A la luz de la instrucción, la utilización de las ‘tarjetas black’ no tenía como finalidad cubrir “los gastos de representación o relacionados con actividades profesionales” de los directivos, por lo que las cantidades que cargaron deben ser consideradas “retribuciones irregulares”. A la falta de soporte contractual, el juez añade que las cantidades gastadas no fueron “declaradas a la Hacienda pública”.

LISTA DE PROCESADOS

El magistrado, que también rechaza la petición de sobreseimiento planteada por siete imputados y la práctica de nuevas diligencias, da diez días a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que formulen su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o reclamen el sobreseimiento de la causa.

La lista de exdirectivos a los que Andreu propone sentar en el banquillo de los acusados está formada por 66 exdirectivos de Caja Madrid y Bankia propuestos por PP, PSOE, IU, los empresarios y los sindicatos que cargaron 14,6 millones de euros a las tarjetas opacas, de cuya emisión hace responsable al expresidente de la primera entidad Miguel Blesa, que gastó 436.688 euros. Su número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj, con cargos de 575.071 euros, era el encargado de la gestión.

Además de a Rato (con un gasto de 99.054 euros), el juez propone juzgar al ex secretario general Enrique de la Torre (320.742), el ex jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno (235.817), al ex director de Organización Ricardo Morado (450.818), Mariano Pérez Claver (379.513) y al que fuera director general de Negocio Matías Amat (431.067).

Además, ha procesado a Juan Manuel Astorqui, director de Comunicación (292.992); Carlos María Martínez (279.396), la exdirectora de Obra Social Carmen Contreras Gómez (281.737); el antiguo responsable de Crédito a Empresas Carlos Vela García (249.202); y Ramón Martínez Vilches, de Dirección de Riesgos (102.326), Luis Gabarda (139.707), Ignacio Navasques (194.886), Alejandro Couceiro (70.160), Luis Blasco (51.580) y Juan Emilio Iranzo (46.848).

También hay miembros del Consejo de Administración propuestos por el PP, están procesados Estanislao Rodríguez-Ponga (255.372 euros), Pablo Abejas (246.715), Miguel Ángel Araujo (212.896), Ricardo Romero de Tejada y Picatoste (212.216), Antonio Cámara (177.891), José Manuel Fernández Norniella (185.226), María Carmen Cafranga (175.091), Javier de Miguel (172.752), Alberto Recarte (139.878), Jesús Pedroche (132.193), Francisco José Moure (127.366) y Mercedes Rojo (119.292).

También figuran Cándido Cerón (79.248), Fernando Serrano (78.592), Darío Fernández Yruegas (69.802), José María Buenaventura (62.932), Beltrán Gutiérrez (58.022), Juan Emilio Iranzo (46.848), Miguel Corsini (46.648), Manuel José Rodríguez González (37.134) y Jorge Rábago (8.041).

Los consejeros nombrados a propuesta del PSOE son Antonio Romero (252.009), José María de la Riva (208.979), Ramón Espinar (178.399), Ángel Eugenio Gómez del Pulgar (149.490), José María Arteta (138.903), Francisco José Pérez Fernández (122.615), Jorge Gómez Moreno (98.182), José Acosta (62.460), María Enedina Álvarez Gayol (47.012), Santiago Javier Sánchez Carlos (46.399) y Virgilio Zapatero (35.988).

En cuanto a los representantes de IU, José Antonio Moral Santín (456.522), Rubén Cruz (233.763) y Juan Gómez Castañeda (128.000) se encuentran procesados, al igual que los nombrados a propuesta del sindicato CC.OO. Francisco Baquero (266.433), Antonio Rey de Viñas (191.495), Rodolfo Benito (140.521), Juan José Azcona (99.270), Pedro Bedia (78.151) y Gabriel Moreno (20.472).

El juez propone sentar también en el banquillo de los acusados a los representantes de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.750), Miguel Ángel Abejón (109.182), Rafael Eduardo Torres Posada (82.381) y José Ricardo Martínez (44.154), así como a los antiguos integrantes de las patronales Gerardo Díaz Ferrán, de la CEOE (93.984), Arturo Fernández (37.326) o Francisco Javier López Madrid, de CEIM (34.807).

EL ORIGEN DE LAS ‘BLACK’

Para encontrar el origen de las ‘tarjetas black’ Andreu se remonta al Consejo de Administración de Caja Madrid del 24 de mayo de 1988, en el que el entonces presidente, Jaime Terceiro, defendió la necesidad de “dignificar” la función de consejero y adaptar sus retribuciones a las de los directivos de otros bancos y cajas.

Sin embargo, no fue hasta junio de 1994 cuando se concedió al Comité de Medios la facultad de conceder “tarjetas de empresa para pagos de gastos” y hasta octubre del año siguiente cuando se asignó a los consejeros “una tarjeta Visa de empresa a los miembros del Consejo y de la Comisión de Control exclusivamente para gastos de representación”.

Bajo la presidencia de Blesa (a partir de 1996), a pesar de la limitación del uso que tenían, las tarjetas se constituyeron como “una remuneración irregular”, de forma que, dentro del “límite mensual” establecido, cada directivo podía “disponer de su saldo libremente, sin necesidad de justificar el concepto” en el que se hacía el gasto. Además, los consejeros y ejecutivos disponían de otra tarjeta de empresa.